La Generalitat ha pedido prestados a los diferentes fondos, habilitados por el Estado con el fin de facilitar liquidez a las comunidades, un total de 20.156 millones de euros en los dos últimos años, con lo que es la comunidad que más asistencia financiera ha solicitado.
Según datos del ministerio de Hacienda, la administración catalana pidió prestados en 2012 un total de 8.758,1 millones de euros y este año lleva solicitados unos 11.398 millones.
De los fondos concedidos el año pasado, la parte más importante corresponde al Fondo de Liquidez Autonómico, al que la Generalitat pidió 5.433,9 millones de euros, a los que hay que sumar los 2.020,2 millones demandados para pagar a proveedores y los 1.304 millones que pidió a la línea ICO Vencimientos.
En cuanto a este año, la Generalitat ha recibido autorización para obtener a cuenta del Fondo de Liquidez Autonómico un total de 9.398 millones de euros, 8.009 millones para atender vencimientos de deuda y el resto para cubrir el déficit inicialmente fijado, que era del 0,7 % para este año. Sin embargo, el gobierno catalán ya ha avisado de que una vez que conozca cuál es la cifra definitiva de déficit para este año, que espera sea lo más cercana posible al 2% del PIB catalán, solicitará que se amplíe la parte del FLA ligada al déficit.
Además de estos 9.398 millones, la Generalitat ha formalizado recientemente la solicitud de otros 2.000 millones más para atender pagos a proveedores pendientes, en el marco de la tercera fase de este plan para saldar las facturas pendientes.
A pesar del volumen de fondos reclamados a estos fondos estatales, que no incluye los anticipos recibidos por Cataluña en 2012 y 2013, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, siempre ha defendido el derecho de Cataluña a hacer estas peticiones como aportadora neta a la caja del Estado, que, a su vez, recurre al endeudamiento para facilitar liquidez a las autonomías.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido en varias ocasiones que la puesta en marcha de estos fondos ha permitido a Cataluña financiarse a un coste menor (entre 5 y un 6%, aproximadamente) que si tuviera que hacerlo en los mercados financieros.
El dinero que Cataluña ha solicitado prestado a estos fondos estatales tiene un plazo de devolución de diez años, aunque los dos primeros son de carencia, por lo que la partida de intereses de la deuda, que cada vez se come más parte del presupuesto, puede condicionar los presupuestos de los próximos años salvo que Cataluña, cuya deuda total supera los 50.000 millones de euros, vuelva a crecer a niveles razonables.
Por su parte, la Generalitat argumenta que sufre un déficit fiscal con el Estado que supone que cada año recibe unos 16.000 millones de euros menos de los que aporta.
Asimismo, fuentes del Departamento de Economía han cuantificado el "ahogo económico" del Estado a Cataluña en 8.576,7 millones de euros, según datos actualizados hasta mayo.
El gobierno catalán usa esta denominación por englobar aquí no solo deudas pendientes, sino otros conceptos como la reducción de las transferencias a Cataluña o el efecto económico sobre la Generalitat como consecuencia de medidas adoptadas por el Gobierno.
En concreto, la Generalitat calcula que el Gobierno le debe 5.227,5 millones en inversiones en infraestructuras; cifra en 712,8 millones de euros los ingresos finalistas que el Estado le ha recortado, en 1.762,5 millones las medidas adoptadas por el Estado que han supuesto un incremento del gasto para la Generalitat y en 873,9 millones los ingresos extra que le ha impedido captar el Estado con algunas decisiones.
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