La Assemblea Nacional Catalana (ANC), que está integrada en la lista de 'Junts Pel Sí' (con CDC, ERC y Òmnium Cultural) al 27-S, se sumó el pasado fin de semana al lanzamiento de una estrategia de "desobediencia civil" por parte de los independentistas en caso de que haya un bloqueo del Estado al procés. El presidente de dicha plataforma separatista, Jordi Sánchez, declaró en Catalunya Radio que estarían dispuestos a "dar cobertura" a eventuales acciones de este tipo y puso como ejemplo tributar los impuestos en una Hacienda catalana. Pero, ¿qué otras iniciativas barajan las fuerzas independentistas?
La Candidatura d'Unitat Popular (CUP)-Crida Constituent, que está alineada con la aventura secesionista de Artur Mas, aunque concurra en una candidatura propia, y que se presume, según las últimas encuestas, como el socio necesario de 'Junts Pel Sí' para seguir adelante con el órdago, tiene redactado un plan con iniciativas subversivas tras el 27-S. Los ideólogos de la ruptura no dejan ningún cabo suelto y se afanan en ir siempre por delante de los acontecimientos.
El documento en cuestión, consultado por Vozpópuli, plantea un posible boicot a la reforma laboral, de la Administración, la ley de Seguridad Ciudadana (o ley mordaza), el techo de déficit y la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que impulsara el exministro José Ignacio Wert.
Este desacato ha sido contemplado dentro de lo que proyectan como una "desconexión institucional y legislativa mediante un régimen transitorio que incluya la desobediencia explícita de la legalidad española, en particular de las normas que actualmente coartan las libertades, limitan las funciones de las instituciones propias y los derechos sociales y nacionales". Es aquí donde la CUP relaciona las normas antes citadas ("reforma laboral, llei mordassa, topall de dèficit, Llei Wert y reforma de les administracions"), todas ellas medidas estrella del Gobierno de Mariano Rajoy que han generado polémica en la calle.
El texto de la formación de David Fernández lleva por título Un camí cap a la ruptura ("Un camino hacia la ruputa") y se conoce internamente como la Declaració de Ripollet. Elaborado hace escasos días, ya ha sido remitido a las bases territoriales. Los militantes son emplazados de esta forma a "tomar conciencia de que tendremos que hacer frente a una furiosa embestida por parte del Estado español".
La CUP plantea "articular la insumisión de los ayuntamientos a la legalidad española"
No obstante, no quedan aquí las tácticas de insubordinación contempladas ante una intervención del Gobierno central que pusiera freno a la deriva independentista. La CUP también incluye la "creación de las estructuras y normas necesarias para la entrada en funcionamiento de una Hacienda Pública catalana", en la línea de lo sugerido por el presidente de la ANC.
Asimismo, aparece recogida la "adopción de las medidas necesarias para garantizar la financiación de las administraciones públicas y la prestación de los servicios públicos". A todo ello, se une además el propósito de "articular la insumisión de los ayuntamientos a la legalidad española".
Mención aparte merece otra maniobra que los secesionistas han reflejado en el citado documento. Se trata de evitar a toda costa una "fuga de capitales", lo que demuestra que son conscientes del riesgo que entraña para la economía de Cataluña continuar por el sendero de la confrontación y la defensa de la ruptura.
La agencia de medición de riesgos Fitch pronosticó en un informe publicado el año pasado que de prolongarse una situación de incertidumbre, de bloqueo de la negociación, habría salidas de depósitos a corto plazo, "algo que afectaría especialmente a los bancos catalanes", apuntaba el estudio. Ello también supondría un "aumento del costo de la financiación" y "las empresas reducirían sus inversiones en bienes de capital en Cataluña".
Además, el informe, con el título Catalunya: el estancamiento entre la región y el Gobierno central crea incertidumbre, alertaba de que la plena independencia de Cataluña tendría consecuencias negativas para la calificación de la deuda soberana española, incluso si la "ruptura" se produjera de "manera ordenada".
Desacato del Tribunal Constitucional
En último término, la CUP también afirma que no acatarían las "suspensiones normativas del TC" sobre aspectos relaciondos con el procés. Precisamente, el Tribunal Constitucional dejó cautelarmente sin efecto este lunes un artículo de la Ley de la Agencia Tributaria de Cataluña que preveía la "integración voluntaria" de los funcionarios de dicho organismo en cuerpos dependientes de la Generalitat.
De esta manera, ha sido admitido a trámite el recurso del Gobierno central, que entiende que tal precepto vulnera el derecho al acceso en condiciones de igualdad a la función pública previsto en la Constitución y en el Estatuto del trabajador.
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