Cataluña y País Vasco son las dos comunidades autónomas que han presentado un mayor número de conflictividades con el Estado en lo que va de legislatura, de acuerdo a los datos recogidos en un informe redactado por el Ministerio de Política Territorial, dirigido por Isabel Rodríguez, donde se desglosan todos los choques judiciales que los gobiernos o parlamentos regionales han tenido con el Ejecutivo o la aplicación de las leyes y normas.
El mapa de las conflictividades se esboza en un sentido bidireccional: pueden ser las comunidades autónomas las que planteen las impugnaciones de las normas redactadas por el Estado, o viceversa. Sea cual sea la opción, Cataluña y País Vasco, bien a través de sus gobiernos, bien a través de sus parlamentos, son los nombres que se repiten con mayor asiduidad, acumulando un total de 9 y 3 episodios, respectivamente. El informe contiene los datos recogidos entre el 3 de diciembre de 2019 y el 31 de octubre de 2021.
En concreto, el Estado ha planteado 13 impugnaciones de normas o leyes dictadas por los gobiernos autonómicos, de las cuales cinco corresponden a Cataluña: la ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente; la ley de protección y ordenación del litoral; la ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda; el decreto ley de refuerzo de la protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia de la COVID-19; y el decreto ley de medidas urgentes para estimular la promoción de vivienda con protección oficial y de nuevas modalidades de alojamiento en régimen de alquiler. En unos casos se consideraba que Cataluña se había excedido en sus competencias, cuando no se le atribuye una vulneración de diversos artículos constitucionales.
El resto de impugnaciones presentadas por el Estado en la actual legislatura corresponden a normas o leyes dictadas por Canarias (en dos ocasiones), Navarra, Andalucía, País Vasco, Galicia, La Rioja y Asturias. ¿Los motivos esgrimidos? Los mismos: el encaje de los textos en la Constitución, la extralimitación en las competencias o las vulneraciones de normativas básicas estatales.
Impugnaciones de Cataluña y País Vasco
Si se estudian las conflictividades desde el otro lado del prisma -presentadas por las comunidades autónomas ante actuaciones del Estado-, Cataluña vuelve a liderar la lista, con cuatro actuaciones que, a su juicio, vulneraban sus competencias regionales: las impugnaciones se centraron en ámbitos tan diversos como el ingreso mínimo vital, las medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones (en dos ocasiones) o la actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El País Vasco planteó dos impugnaciones. Una, por las medidas urgentes en materia de administración digital, contratación y telecomunicaciones también interpuesta por Cataluña; otra, por el Reglamento aprobado por Real Decreto de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Las otras dos impugnaciones llevaron el sello de Andalucía, contra la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y de Baleares, frente a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
El informe recoge otros datos sobre cuestiones judiciales en las que Estado y comunidades autónomas han chocado durante la legislatura. Algunos de los puntos son heredados de anteriores gobiernos centrales, pero la laxitud de los plazos ha impedido que no se haya producido una resolución hasta los últimos meses.
Así, el documento cita 23 controversias extinguidas por sentencias del Tribunal Constitucional en la XIV Legislatura. Cataluña y País Vasco, con siete y cinco sentencias respectivamente, vuelven a ser las regiones más repetidas en la lista. Las sentencias fueron “favorables” o “parcialmente favorables” para al Estado, en lo que se refiere a Cataluña, en seis de las siete ocasiones; la restante fue “parcialmente favorable” a la comunidad autónoma que hoy preside Pere Aragonès. De las cinco relacionadas con el País Vasco, cuatro fueron “parcialmente favorables” para la región, frente a una “favorable” para el Estado. En el informe también se detallan las controversias sostenidas con Navarra (tres), Aragón (dos), Canarias (dos), Murcia, Castilla y León, Andalucía y Extremadura (una, cada una de ellas).
Sin embargo, hay un apartado en el que Cataluña es protagonista indiscutible, al ser la única en aparecer en el informe del Ministerio de Política Territorial... y hacerlo hasta en diez ocasiones. Se trata de los incidentes de ejecución de sentencia, al entender el Estado que el gobierno regional no acató las decisiones dictadas por el Tribunal Constitucional. Las instituciones catalanas las incumplieron -según el Gobierno- en resoluciones firmadas por el parlamento autonómico o por la mesa del parlamento regional, relacionadas con el "autogobierno" o "las propuestas para la Cataluña real", entre otros.
