El Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy ha desarrollado una serie de medidas de defensa, coincidiendo con la recta final de legislatura, para contrarrestar el órdago independentista lanzado por Artur Mas. Se trata de una suerte de 'armas legales' para plantar cara a un desafío que este martes ha vivido su último capítulo con la declaración por parte de Junts pel Sí y la CUP "del inicio de proceso de creación del Estado catalán independiente".
El Estado siempre tiene la opción de hacer valer el artículo 155 de la Constitución, pero dicha medida podría tener un efecto contraproducente
Si el presidente en funciones de la Generalitat lleva hasta las últimas consecuencias su proyecto de desconexión de Cataluña del resto de España, el Estado siempre podría recurrir al artículo 155 de la Constitución, que implica la suspensión de la autonomía de la región. Esta medida, por otra parte, podría tener un efecto contraproducente, siendo así un recurso límite. Tanto el presidente del Gobierno, este lunes en su entrevista en TVE, y el ministro del Interior, este martes en declaraciones a los medios este martes, han asegurado que "no conviene ni interesa a nadie", y por lo tanto es una opción que de momento mantienen descartada, aunque Fernández Díaz ha advertido a Cataluña de que hay "líneas rojas" que no se pueden traspasar.
A lo largo de la legislatura, y a medida que el desafío soberanista ha ido tomando mayor protagonismo, el Gobierno central ha aprobado una serie de medidas con el objetivo de defender la unidad nacional frente al órdago independentista, tal y como recoge el periódico Expansión. Entre ellas se incluye la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que aprobó el PP en 2012, la criticada reforma del Tribunal Constitucional, la Ley de Seguridad Nacional, acordada por los dos grandes partidos en el Parlamento, o la Ley de Transparencia.
Ley de Estabilidad Presupuestaria
Esta modificación en la ley llevada a cabo por el Partido Popular a principios de la legislatura supone un control por parte del Ejecutivo central a las cuentas de las autonomías. En otras palabras, Hacienda puede multar, retirar la entrega de cuentas a una comunidad o intervenir en las finanzas de la región a través de una votación en el Senado si, por ejemplo, la Generalitat incumple los objetivos de déficit acordados entre el Govern y el Departamento que dirige Cristóbal Montoro.
Hasta la fecha no ha habido ningún tipo de sanción por parte del Gobierno a Cataluña a pesar de que ha incumplido en los últimos años la reducción de sus números rojos y ha sido la comunidad que más fondos ha solicitado a través del Fondo de Liquidez Autonómica.
Ley de Transparencia
Esta reforma, llevada a cabo por el Ejecutivo en el año 2013, y que ha derivado en el Portal de Transparencia, entre otros aspectos, tiene además algunos elementos para arrinconar a Mas si éste decide seguir avanzando en su desafío soberanista.
La medida tutelada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hace que los cargos que cometan infracciones muy graves en el ejercicio de su cargo, como falsear u ocultar datos contables, así como una decisión ilegal, tengan que dejar su cargo. Esto supone que legalmente se podría destituir a un concejal que ocupe una cartera de ese puesto, pero no se le podrá inhabilitar ni despojarle de dicho puesto electo. Pese a esto, no está claro si esta norma permitiría inhabilitar a Artur Mas de su cargo, que en dicho caso continuaría ejerciendo de diputado.
Ley de Seguridad Nacional
Hace tan solo unos meses, PP y PSOE llegaban a un acuerdo pleno para aprobar la Ley de Seguridad Nacional. Esta medida, pendiente de recibir el visto bueno en el Senado, donde se está tramitando, permitiría al Ejecutivo central controlar a los Mossos d’Esquadra y al resto de policías locales y autonómicas en el caso de que así se decida. Además, permitiría al Ejecutivo operar aún estando en funciones, lo que desata las manos a Mariano Rajoy en los próximos meses de elecciones generales para afrontar cara a cara el desafío de Mas.
Reforma del Constitucional
La polémica reforma del Tribunal Constitucional, aprobada este octubre por el PP con críticas de toda la oposición, dota a la magistratura de “un haz de potestades para garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones”. Con esta medida, el TC puede sancionar a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplan sus resoluciones, e incluye la posibilidad de suspenderlos en sus funciones y multas que oscilan entre los 3.000 y los 30.000 euros, abriendo así la posibilidad inhabilitar a Mas si decide continuar con el proceso.
Esta reforma tuvo lugar después de que el Ejecutivo recurriera al Tribunal Constitucional la consulta del 9 de noviembre y éste la declarara ilegal, una decisión que no conllevó entonces ninguna consecuencia política en la autonomía respecto a los funcionarios implicados. En concreto, la medida del PP detalla un régimen específico de actuación para los casos en los que no se ejecuten las sentencias del TC.
Artículo 155 de la Constitución
Es el último recurso, la última frontera que se podría cruzar, y, quizá, una frontera que no tendría retorno. La Carta Magna recoge en el primer punto de su artículo 155 que “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. De esta forma, el Estado podría suspender la autonomía de Cataluña y relegar a Artur Más de las funciones que ahora ejerce, a riesgo de generar una ola de frustración a una gran parte de la sociedad catalana.
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