Paco Medina, el principal inversor del parque temático Open Camp, ha vuelto a pedir al Supremo mediante un recurso de suplica que investigue la quiebra del proyecto, que contaba con todos los papeles en regla y el aval de todos los partidos políticos antes de la llegada de Ada Colau en 2015 con las elecciones municipales en Barcelona. Como ha expresado en todo momento el principal impulsor del proyecto, en aquel momento el partido manifestó que detendría la "actividad" comercial del parque y dio pie a una persecución política para hacer "efectiva su aniquilación" a pesar de tener un contrato de explotación.
El empresario, a quien este proyecto ha dejado en la ruina por el boicot, como expresa a Vozpópuli, había trabajado con su compañía Gaudí Innovation para la inauguración de este parque deportivo y temático en Montjuïc en colaboración con la compañía municipal BSM, con quien tenía un acuerdo de explotación del espacio público de 230 días durante 5 años. Sin embargo, la llegada de BComú en el Ejecutivo municipal, recalca, se había fijado hacer naufragar el proyecto y ha denunciado coacciones, extorsiones, amenazas, falsedad documental, fraude funcionarial, prevaricación administrativa, cohecho pasivo y financiación ilegal.
El Alto Tribunal tumbó la querella hace un mes y se alineó con la Fiscalía, que ha pedido el archivo y ha apuntado a abrir la vía civil al no contemplar delitos penales, sin admitir a trámite la investigación contra quienes gestionaron la relación municipal con parque temático Open Camp en el Anillo Olímpico de Barcelona en ese tiempo: los diputados de Sumar Gerardo Pisarello, actual Secretario primero del Congreso, y Eloi Badía así como el exdiputado de los comunes en el Congreso y aspirante de la formación a las elecciones europeas, Jaume Asens y la excomisaria de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Carranza.
El recurso, al que ha tenido acceso a este medio y que el Supremo aún no ha resuelto, insiste en el quebrantamiento comercial del parque temático perpetrado por los políticos señalados en la querella. Pide tanto a la Fiscal que ha firmado el auto Paloma Abad como a la Sala de lo Penal que estimen como favorable y probados los hechos incriminatorios y las pruebas aportadas a lo largo de 3 años, repaldados por 225 documentos entre los que figuran "emails comprometedores", "informes falsos", "contratos mercantiles etc". Medina insiste además en que se considere la propuesta a escuchar a 18 testigos "procedentes de ambas partes sin reparo alguno del querellante".
Por la condición de aforados de diputados a los que acusa, Medina ha seguido insistiendo al Alto Tribunal que siga teniendo en cuenta este caso y llegue hasta el final. Asegura que no tiene nada que perder y que el derrumbe de esta apuesta, en la que implicó personalmente inversiones, ha dejado a 252 trabajadores de Open Camp así como a otros empleados indirectos sin trabajo cuando estaban en plantilla con contrato indefinido. Asegura que la situación de angustia por la injusticia debe resolverse y que tan solo exigen poder ir a juicio para que queden claros los hechos.
Ahogo comercial: solo 128.318 visitantes abonaron la entrada
Con el cambio de condiciones impuestas, Medina expresa que se inició una estrategia de ahogo comercial que pasaba por convertir, por ejemplo, en gratuitas algunas entradas del parque y echando por tierra el plan comercial y que calculaba un ingreso 23.402.000 millones en el primer año. Defiende que "como consecuencia de los sistemáticos ataques a la viabilidad comercial" el volumen de ingresos
fue solo de 784.692 euros, haciendo imposible su viabilidad en el año de estreno, en 2016. Se produjo un insólito diferencial negativo del -96'7% respecto de los ingresos comerciales por ventas de entradas previstos por todos los agentes cuando ese año accedieron 1.095.315 visitantes. Según defiende, hasta un 88,3% de los visitantes disfrutaron, de manera totalmente gratuita e injusta, de los espacios temáticos cedidos a Open Camp. "Sólo 128.318 abonaron su respectiva entrada".
Con pesadumbre, Medina expresa que en esa situación fue prácticamente imposible mantener el proyecto a flote, a pesar de que la empresa generó algunos ingresos de patrocinios y políticas de ajuste por la situación. Pero no pudo eludir el quiebre del proyecto. Una realidad que ya corroboró el Administrador Concursal en el Informe de Calificación que presentó y validó el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona. Concluyó, textualmente, como causa de la quiebra el haber obtenido unos "Ingresos un 84% inferiores a lo previsto inicialmente en el Plan de Negocio con adopción de medidas de ajuste".
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