Una de las entidades que, como la Assemblea Nacional Catalana, nació en consonancia con el procés independentista fue la Associació de Municipis per la Independencia (AMI). Esta asociación, que tuvo a Carles Puigdemont de presidente en 2015, se encuentra en la actualidad en riesgo de supervivencia porque la mitad de los alcaldes han dejado de pagar la cuota anual que servía para trabajar a favor de la independencia de Cataluña desde la esfera municipal.
La AMI cuenta con 784 municipios y 54 entidades locales y, hasta antes de la pandemia, pagaban religiosamente una cuota anual que oscilaba desde los 75,50 euros para los pueblos de menor población, hasta los 6.000 euros para las localidades con mayor densidad de habitantes. Sin embargo, la actuación de la justicia por malversación de caudales públicos así como la del Tribunal de Cuentas ha propiciado que muchos ayuntamientos hayan cortado el grifo a esta entidad cuya única fuente de ingresos -según sostienen- es a través de las cuotas.
Las entidades constitucionalistas como Societat Civil Catalana, Impulso Ciudadano o el partido Ciudadanos llevan denunciando ante los tribunales desde 2013 a los consistorios que usan dinero público para fines que el Tribunal Constitucional declaró ilegales, como fueron los preparativos del referéndum del 1 de octubre de 2017. Y la justicia ya ha empezado a tomar cartas en el asunto: Rosa Fonoll, alcaldesa de Cubelles (Barcelona), es la primera edil imputada por realizar estos pagos.
600 denuncias
Pero esta imputación podría ser la primera de una larga lista. El constitucionalismo ha presentado 600 contenciosos administrativos que podrían derivar en nuevas causas. Los alcaldes de ERC, JxCat o la CUP lo saben y, por esta razón, han optado (al menos entre el 40% y 50% de los casos, según explicó su anterior presidente de la AMI, Josep Maria Cervera, en el 'Ara') por tomar precauciones y frenar temporal o definitivamente estos abonos a las arcas de la entidad.
Asimismo, los secretarios e interventores de muchos de estos ayuntamientos también han elaborado informes que cuestionan este pago y que, en caso de abrirse juicio oral, daría material al ministerio público para acusar por malversación a estos consistorios.
Como ha sucedido con la investigación de la Fiscalía tras el informe del Tribunal de Cuentas sobre los gastos exteriores de los sucesivos gobierno de la Generalitat en el procés, la vía judicial ha obrado como una suerte de cortafuegos para que el dinero de todos los contribuyentes no se utilicen con fines no solo partidistas sino de dudosa legalidad.
Además, se le une el hecho de que las llamadas ‘cajas de solidaridad’, gestionadas desde la ANC y Òmnium Cultural, están en mínimos de recaudación. Si no pueden pagar las fianzas que impone el Tribunal de Cuentas al exdirector del Diplocat Alberto Royo, así como a otros altos cargos vinculados con el Departamento de Asuntos Exteriores del Govern, tampoco podrá asumir los costes derivados de estos procesos judiciales contra los equipos de gobierno municipal que pagaron anualmente, desde 2011, las cuotas a la AMI.
La AMI presionó a Colau
Una de las actuaciones más visibles de la AMI en los años más álgidos del procés fue la de instalar en la entrada de cada pueblo, donde se señaliza la entrada a un municipio, un cartel donde se leía “Este municipio está adherido a la Asociación de Municipios por la Independencia”.
En los años que adquirieron mayor protagonismo desplegaron una campaña para que el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Ada Colau, se adhiriese a la entidad. Consideraban que la capital catalana, y una de las principales instituciones de Cataluña, no podía quedar al margen de trabajar a favor de la independencia junto al resto de entes locales.
Y es que una de las principales flaquezas de la AMI es que la mayoría de los municipios que se avenían a pagar sus cuotas eran pequeños y de la Cataluña interior o rural. Las grandes urbes, como Badalona o Barcelona, nunca se han sumado a la entidad.
Apoyo de Aragonés a la AMI
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, encabezó la apertura de la Asamblea General de la AMI celebrada el pasado viernes 4 de junio en Tarragona. La situación tan precaria que afronta la entidad preocupa ERC, sobre todo ahora que su nuevo presidente, Jordi Gaseni, es alcalde de ERC en L’Ametlla de Mar (Tarragona).
Con todo, desde la entidad confían en que podrán reequilibrar su cuentas. De momento, han interpuesto distintos recursos de casación al Tribunal Supremo contra la suspensión de adhesión de distintos entes locales. Después de renunciar trasladar su sede a Francia (y evitar así la actuación de la justicia española) o de modificar su estatus para convertirse en una fundación, finalmente han decidido intentar revertir judicialmente la situación de parálisis actual y recurrir a la justicia europea cuando se agote la vía judicial española.
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