Tras la sentencia del Estatut en 2010, el primer president socialista que ocupó la Generalitat, José Montilla, sostuvo que “no hay tribunal que pueda juzgar nuestros sentimientos ni nuestra voluntad”. Poco después, encabezó la manifestación contra el fallo bajo el lema “Somos una nación, nosotros decidimos”, considerada la antesala del procés. La desafección de los socialistas catalanes con los tribunales está reviviendo estos días a cuenta de dos cuestiones en los que al PSC se le ha reprochado ceder ante las pretensiones del nacionalismo: la amnistía y el 25% de castellano en los colegios.
En lo referente al primer y divisivo asunto, la portavoz de Ejecutivo socialista, Sílvia Paneque cargó el martes, a las puertas de la Diada, contra la decisión del magistrado Pablo Llarena de rechazar el recurso de Puigdemont y no aplicarle la medida de gracia por el delito de malversación. Según Paneque, los tribunales debían de materializar el olvido penal con “celeridad” y “sin subterfugios” para recobrar la normalización de Cataluña tras el proceso secesionista. Exhortación casi idéntica a la lanzada por Salvador Illa en su investidura, que ya antes, desde principios del verano, ha venido exigiendo que “respeten el poder legislativo” y faciliten la amnistía.
Y en el terreno lingüístico, la actitud del Govern es aún más belicosa. Después de que la consellera de Educación, Esther Niubó, desvelase la semana pasada que el Ejecutivo catalán seguiría desobedeciendo las sentencias que dictan un 25% de castellano en las escuelas catalanas -de modo que el español sea vehicular junto al catalán-, Paneque fue todavía más lejos este mismo martes. La portavoz admitió que el Ejecutivo se siente “cómodo” con la inmersión y que prepara una respuesta por si el Tribunal Constitucional tumba la norma catalana que burla el fallo del 25%. Ante este escenario, adelantó, se seguirán las directrices dictadas por la Consejería de Política Lingüística -que defiende el nacionalismo lingüístico-.
Esta hoja de ruta frente a un posible encontronazo con los tribunales -poco probable dada la mayoría progubernamental del TC- se ha dado a conocer tras desvelar Vilaweb que solo 24 aulas imparten el 25% de español. Éstas -de los cerca de 4.000 colegios catalanes -lo hacen gracias a que el TSJC admitió las medidas cautelares solicitadas por los padres.
Todo ello tiene lugar solo una semana después de que el nuevo consejero de Justicia y Calidad democrática, Ramón Espalader -rescatado de la CiU de Pujol y Mas, pero arrepentido del secesionismo- se reuniese con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, para consolidar las “relaciones institucionales” en la esfera judicial.
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