La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha iniciado su segunda fase de la campaña "consumo estratégico", liderada, entre otros, por el Círculo Catalán de Negocios (CCN), fundado por el actual presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, y Albert Pont, escogido este lunes como miembro del consejo ejecutivo de esta misma institución.
Sin dar detalles, Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC, y el miembro del Comité Permanente, David Fernández, han asegurado que el próximo objetivo será presionar a las administraciones públicas, como ayuntamientos y la Generalitat, para "contratar a empresas de proximidad". Ninguno de los dos dirigentes se ha referido a cómo se ejercitará esta presión, tan sólo que harán como si fuesen un lobby para conseguir el cambio de los contratos públicos hacia estas empresas.
Paluzie ya ha recordado la pretensión de que los nuevos ayuntamientos formados por listas independentistas favorecieran a empresas independentistas, aunque sería a costa de cambiar la legislación vigente en la contratación pública, cuyas premisas se centran en el precio y en el proyecto técnico. Todo ello con el objetivo de "debilitar" a España económicamente.
En una rueda de prensa realizada en la sede de la ANC en Barcelona, Paluzie ha asegurado que la campaña "consumo estratégico" forma parte de una estrategia más global en Cataluña para "fortalecer estructuras propias", sin que "el objetivo sea la independencia, sino el compromiso de que las instituciones respeten el mandato tanto de los catalanes como del Parlamento de Cataluña".
La dirigente separatista ha recordado el éxito de la candidatura en la Cámara de Barcelona, mientras impulsan al mismo tiempo 'la Crida Nacional', una plataforma dirigida por Carles Puigdemont desde Bruselas, cuyo objetivo es aglutinar bajo unas mismas siglas a todo el independentismo, pese al rechazo de ERC y de algunas otras listas.
El usuario sabrá si la empresa usa o no el catalán
El ámbito económico es ahora el caballo de batalla de los independentistas, cargando contra los oligopolios y favoreciendo a las pymes catalanas, que no sucumben a las presiones políticas. "Se trata de construir un tejido empresarial catalán respetuoso con los valores como el medio ambiente, la economía circular y el uso de la lengua catalana", entre otros.
De esta forma, el consumidor podrá ver si la empresa a escoger "se ajusta a la misión social o no", podrá ver si tiene políticas de responsabilidad social o si "tiene la posibilidad de usar la lengua catalana".
En una primera fase, desarrollada a finales de 2018, se iniciaron una serie de charlas divulgativas a lo largo y ancho de Cataluña. En concreto, se han realizado 92 ferias de diversos sectores y 115 convocatorias para acercar a los consumidores las empresas comprometidas con este proyecto. En estos ocho meses se han conseguido 148.000 cambios en los contratos de grandes empresas, principalmente telecos, aseguradoras, energéticas (luz y gas) o banca, a otras más pequeñas.
Alrededor de 50 empresas
La ANC no ha facilitado los nombres de las empresas ni listas. Tan solo hace referencia a la web para buscar las compañías catalanas que prestan los servicios en distintos sectores, y que solo se pueden encontrar mediante el código postal. En las grandes ciudades hay cerca de unas 50 empresas que sí aparecen en el listado de la web, como la Asociación Círculo Catalán de Negocios.
En definitiva, una discriminación positiva, un boicot encubierto a las grandes empresas, que no tienen la obligación de utilizar el catalán como lengua vehicular. En la web se puede visualizar las noticias relacionadas con la sociedad en la prensa. "Todos los datos los han facilitado las empresas", según la ANC, que se ha comprometido a dar cifras de empresas comprometidas con el proyecto en septiembre. "Cada uno debe buscar en función de su interés", ha explicado Fernández.
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