La Audiencia de Barcelona juzga desde este miércoles al exconseller de Interior Miquel Buch, para quien la Fiscalía pide seis años de cárcel y 27 de inhabilitación acusado de fichar como asesor a un sargento de los Mossos d'Esquadra para que siguiera ejerciendo de escolta del expresidente Carles Puigdemont tras su huida de España, recoge EFE.
En el juicio, en el que Puigdemont declarará el viernes como testigo por videoconferencia desde Bélgica, la Fiscalía atribuye a Buch los delitos de malversación y prevaricación, los mismos por los que acusa como cooperador necesario al sargento Lluís E., para quien pide cuatro años y medio de cárcel y 23 de inhabilitación, al tiempo que recrimina a ambos su "torticera conducta".
El juicio, en el que los acusados serán interrogados el próximo 13 de julio, empieza este miércoles en la sección segunda de la Audiencia con las testificales de varios mossos, mientras que el jueves será el turno para la cúpula de Interior en la etapa de Buch: el exdirector de la policía Andreu Joan Martínez, el ex secretario general Brauli Duart, su exjefe de Gabinete Pere Ferrer -actual director de los Mossos- y la entonces directora de la Función Pública.
Para el viernes se ha fijado la testifical del expresidente Carles Puigdemont -en su caso por videoconferencia-, así como del jefe del área de escoltas de los Mossos, entre otros.
Con la ayuda de otro agente del área de escoltas y un cabo, el sargento organizó un "dispositivo clandestino" que la noche del 29 de octubre de 2017 permitió escoltar a Puigdemont hacia Francia.
El sargento Lluís E. -cuya defensa la ejercen Isabel Elbal y Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont- estaba asignado en 2017 a la unidad de Presidencia del Área de Escoltas de los Mossos d'Esquadra, donde ejercía como "jefe operativo" y coordinaba y planificaba la seguridad de la actividad del entonces presidente catalán.
Según la Fiscalía, tras la aplicación del 155, el 27 de octubre de 2017 el sargento acudió al domicilio particular de Puigdemont y le ayudó a huir de España, sin comunicarlo a sus superiores jerárquicos.
"Dispositivo clandestino"
En concreto, con la ayuda de otro agente del área de escoltas, así como un cabo, el sargento organizó un "dispositivo clandestino" que la noche del 29 de octubre de 2017 permitió escoltar a Puigdemont hacia Francia, donde el expresidente tomó un avión a Bélgica.
Cuando la División de Asuntos Internos de los Mossos, durante la etapa del 155, tuvo conocimiento de estos hechos, abrió un expediente al sargento por una falta grave, por lo que se acordó en 2018 enviarlo a una comisaría de Martorell (Barcelona), aunque no llegó a incorporarse al acumular días de fiesta y una baja médica.
Según la Fiscalía, pese a que el sargento no ejecutó "un solo día" de servicio activo entre el 30 de octubre de 2017 y el 20 de julio de 2018, realizó "numerosas" salidas al extranjero, "al objeto de prestar labores de custodia y seguridad" para Puigdemont.
Después de la investidura de Quim Torra como president -lo que puso fin a la etapa del 155-, Puigdemont pidió al Govern que le concediera las prerrogativas que corresponden a los expresidentes, entre otras la prestación de los "servicios de seguridad".
El 2 de julio, la portavoz del Govern manifestó que se activarían las de protección y escolta "a través de los Mossos" para el expresidente.
Una vez se formalizó esta decisión, Miquel Buch, nombrado conseller el 29 de mayo de 2018, se desplazó el 25 de junio a Berlín para reunirse con Puigdemont y pocos días después, el 2 de julio, la portavoz del Govern manifestó que "se había iniciado la tramitación" sobre las prerrogativas del expresidente y que se activarían las de protección y escolta "a través de los Mossos".
"Serviciod de protección" para Carles Puigdemont
Sin embargo, el 9 de julio el Tribunal Supremo confirmó el procesamiento de Puigdemont por el 'procés', por lo que este quedó "automáticamente suspendido" en el ejercicio del cargo público.
Posteriormente, según la Fiscalía, el entonces director de los Mossos, Andreu Joan Martínez, siguiendo las instrucciones de Buch, envió el 12 de julio una carta a la Secretaría de Estado de Seguridad en la que informaba que había recibido el encargo del Departamento de Presidencia de la Generalitat de organizar un "servicio de protección" para Puigdemont.
