Los barceloneses jamás hubieran creído que los años ochenta dejarían de ser material museístico para encarnarse en las calles. Por primera vez desde que la piqueta esponjara el Raval, llevándose por delante la mística y la mugre del viejo Chino, adentrarse en Sant Pau, Robadors, Hospital o Carme entraña un riesgo cierto. Y no sólo para los turistas. El aire de fronda que se respira en algunos rincones del casco antiguo está llevando a algunos lugareños a desviar su ruta, eventualidad insólita en una ciudad que, hasta hace cuatro años, presentaba unos estándares de seguridad aceptables, en consonancia, de hecho, con el resto de las capitales españolas. Desde entonces, la criminalidad no ha cesado de aumentar, y ello en un contexto de decrecimiento general.
Según datos del Ministerio del Interior, las infracciones penales registraron en Barcelona un incremento del 17% al cierre de 2018, lo que la sitúa a la cabeza del ránking de la delincuencia en España, por delante de Marbella, Madrid, Tarragona y Palma. La secuencia de homicidios acaecida en julio y agosto de 2019 ha infundido el desasosiego entre la población. Tan es así que grupos de vecinos han formado patrullas de vigilancia y, en las redes sociales, los perfiles de mapeo instantáneo de delitos han visto multiplicados sus seguidores. Anoche, en Twitter, la plataforma colaborativa Barcelona Helpers daba cuenta del asalto en la Barceloneta a un turista alemán que minutos antes había logrado repeler una primera intentona. No es éste, sin duda, el tipo de autogestión que Ada Colau defiende en sus postulados.
Interpelada por vecinos y oposición, la alcaldesa niega que Barcelona sea una ciudad insegura y aun se refiere a las muertes violentas como “hechos aislados”. No obstante, su flamante concejal de seguridad, Albert Batlle, el más experimentado de los munícipes en este ámbito, habla sin rebozo de “crisis de seguridad”. Según los críticos más acerados de la gestión de Barcelona en Comú, en el vórtice de la ola criminal que ha disparado la alarma se halla la inacción de Colau, quien al poco de lograr la victoria en los comicios de 2015 declaró: “Desobedeceremos las leyes que nos parezcan injustas”.
No defraudó las expectativas. A la complicidad con el independentismo y la defensa de los colectivos de ultraizquierda (de donde proceden no pocos dirigentes comunes) se añadió la sistemática desautorización de la labor de la Guardia Urbana, a la que la propia alcaldesa había puesto bajo sospecha durante su primera campaña electoral a cuenta del caso Ciutat morta. La desactivación ‘política’ de la GU propició que los puestos ilegales de artículos falsificados, los llamados manteros, coparan el frente marítimo, configurando un bazar a cielo abierto que se extendía desde la estatua de Colón hasta el final del Paseo Juan de Borbón, unos 2 kilómetros. El caldo de cultivo idóneo para descuideros y atracadores. Entretanto, los barceloneses incorporaban a su acervo lingüístico las palabras ‘narcopiso’ (viviendas ocupadas ilegalmente por traficantes de heroína, cocaína y crack habilitadas como puntos de venta y de consumo) y ‘mena’ (siglas de Menor Extranjero No Acompañado; jóvenes magrebíes que desembarcan en Cataluña al llamado de la sobreprotección jurídica y unos servicios sociales que satisfacen sus necesidades básicas).
Narcopisos y top manta
La obligada responsabilidad ante el factor ‘extranjería’ opera a menudo como una suerte de velo que tiende a ocultar la realidad. A nadie escapa, sin embargo, que el grueso de los narcopisos está controlado por traficantes dominicanos, que los hurtos son casi un duopolio bosnio-rumano, y que detrás de los robos callejeros con intimidación hay, las más de las veces, bandas de menas. De los delitos más graves, por cierto, también suelen ser víctimas los extranjeros, como prueban los sucesos de estas últimas semanas.
La operación de desmantelamiento del top manta llevada a cabo a principios de agosto, y en la que participaron Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra, volvió a poner de manifiesto la incomodidad de los gobernantes de BComú a la hora de perfilarse como valedores de la ley y el orden. Así, al tiempo que Batlle, responsable de la orden de desalojo, reivindicaba a la policía como garante de la convivencia, la segunda teniente de alcalde, Janet Sanz, reprobaba la iniciativa, arguyendo que “con políticas de seguridad no se resuelve el top manta”.
El turista alemán al que asaltaron en la Barceloneta a golpe de porra extensible duerme hoy en el Hospital del Mar con una fractura ósea.
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