El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a las elecciones autonómica, Pere Aragonés, tiene una estrategia clara para mantener a raya las críticas en la campaña electoral. Esto es, sacar pecho de su gestión en clara minoría parlamentaria desde que Junts rompió la coalición en octubre de 2022 y recalcar la bonanza relativa de los datos económicos, el aumento de personal público, la regulación de los alquileres además de la apuesta por la negociación con el Ejecutivo a la que se ha sumado Junts después de las elecciones generales. Todo esto, más los galones de los indultos, la derogación de la sedición, la amnistía o el acuerdo sobre Rodalies, además de la futurible financiación "singular" y el referéndum. Sin embargo esta estrategia hace aguas en la calle. Donde proliferan los problemas reales por falta de calidad en la gestión política.
Este mismo viernes funcionarios penitenciarios han colgado carteles con el lema 'Esquerra lo estropea, todo' coincidiendo con el inicio de la campaña. La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) ha criticado el acuerdo entre Justicia y UGT, CCOO, IAC-CATAC y la Intersindical que ha permitido desconvocar la huelga general de prisiones prevista. En un tuit en las redes sociales, les han acusado de actuar con "nocturnidad y alevosía" y ha avisado de que nadie había pedido un nuevo convenio laboral: "Lo necesario son dimisiones y seguridad", ha indicado. En un comunicado, la plataforma Marea Blava ha exigido la renuncia a la representación de los máximos responsables de estas secciones para negociar "de espaldas a la plantilla". Lejos de aplacarse, la tensión entre los funcionarios de prisiones después del asesinato por parte de un preso que luego se quitó la vida a una cocinera de una cárcel de Tarragona.
Los representantes de ACAIP han jurado la guerra al Govern, que intenta pasar un tupido velo a menos de dos semanas para las elecciones, y han avisado que "un asesinato no puede ser silenciado con un acuerdo de mejoras laborales". Los afectados siguen pidiendo la dimisión de la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, quien compareció en el Parlament expresando que el preso tenía una evolución favorable y que nada hacía prever que iba a suceder el homicidio. La consejera reiteró que no piensa dimitir en medio de la crisis. Después de un mes, los funcionarios penitenciarios se han preguntado "¿dónde están las dimisiones?" y han lamentado que la vida y la seguridad de quienes están en las cárceles valgan tan poco. "La plantilla que estamos en activo y trabajando nunca cambiaremos nuestra seguridad por dinero", ha advertido el sindicato que ha valorado que "el asesinato de una compañera no se merece este trato".
Además de esta polémica, el Govern sigue agotando sus bazas para intentar paliar los efectos de la sequía con el anuncio de una desalinizadora flotante en el Puerto de Barcelona y esta semana ha estado en el punto de mira de todas las críticas de la izquierda catalana al filtrarse que habían renovado los acuerdos con los actores privados para el Hard Rock, precisamente el proyecto que hizo caer los presupuestos pactados con el PSC. Las cláusulas firmadas por la consellera de Territori ponían de nuevo las bases para las condiciones de desarrollo de la cesión de los terrenos donde aterrizar el complejo en el Camp de Tarragona. Esto ha enfurecido a las bases de los comunes y a buena parte de la izquierda más radical al hacerse de forma escondida y tan solo media hora de hacer público el pacto de las cuentas públicas con los socialistas.
Para más INRI, Aragonés sigue acumulando polémicas en el Departament que más crispación ha generado y donde la gestión ya es, a todas voces, un caos. Como ya explicó Vozpópuli este mes se han lanzado las pruebas internas de competencias básicas llamadas pruebas diagnósticas en cuarto de primaria y segundo de la ESO que no contaban con evaluación de la expresión escrita ni en catalán ni en castellano. El curso pasado se implementaron estos exámenes para encontrar las fugas educativas tras los desastrosos resultados de PISA y atajar el problema formativo. Se trata de exámenes censales de catalán, castellano, inglés y matemáticas que han despertado mucho recelo en el profesorado por la carga extra de trabajo que les supone corregir estos exámenes, además de no estar remunerado en pleno déficit de plantilla por la precariedad de las condiciones laborales.
Si el profesorado ya está tensionado por la carga de trabajo y la precariedad laboral, a esta falta de seriedad en estas pruebas se ha sumado una nueva polémica con la filtración de los exámenes de final de etapa de competencias básicas de primaria y la ESO, no son las de diagnóstico y sirven para evaluar los conocimientos en el cierre de ciclo en sexto de primaria y cuarto de la ESO. Como ha avanzado EL País, la Generalitat compartió estas pruebas como cada año tras hacerse la evaluación pero no tuvo en cuenta que había aún institutos que las realizaban más tarde y no los habían realizado, por lo que tuvieron acceso a las plantillas.
Como denuncia Docentes Libres a este medio, se trata de un fallo del Ejecutivo catalán porque siempre las hacen todos los institutos el mismo día a la misma hora. "La culpa es del cambio de fechas sorpresa por parte de la Generalitat hace dos meses", han espetado. "Chapuza número uno, la fecha de las pruebas se pospuso por razones que desconocemos y unos cuantos centros tenían contratadas salidas y viajes en las nuevas fechas que comunicó la Generalitat, por lo que se les permitió hacer las pruebas más tarde, cosa que nunca antes había ocurrido", añaden. Argumentan que incluso con este cambio errático la corrección es interna por lo que no constará a nivel estadístico general. "No se previó que los centros que las realizaron en la fecha prevista dispondrían de las pruebas y que estas acabarían circulando en redes. Se puede quitar hierro al asunto diciendo que es un error sin gran importancia, pero sirve de ejemplo del funcionamiento errático y hermético del Departament, su falta de planificación, comunicaciones y cambios de última hora que han de solucionar sobre el terreno los propios centros educativos como buenamente pueden".
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