La Generalitat propone indemnizar con 90 euros a cada una de las personas que se presentaron a las caóticas oposiciones para pasar de interino a funcionario organizadas el pasado mes de abril y que estuvieron repletas de incidencias. El departamento de Presidencia ha trasladado esta intención a los sindicatos de la Función Pública en una reunión mantenida este miércoles para hacer seguimiento de los procesos de estabilización de la plantilla, según ha explicado en un comunicado, en el que destaca que la indemnización se plantea por los "daños morales" ocasionados.
La indemnización total a la que hará frente la Generalitat se eleva hasta un máximo de 1.218.060 euros, teniendo en cuenta que las personas que fueron convocadas a los exámenes fueron 13.534.
Esta cantidad será una parte de la compensación que reclamará a la empresa Cegos, encargada de organizar las pruebas, por daños y perjuicios "ocasionados por el incumplimiento de las funciones de logística y de vigilancia que por contrato tenía encomendadas".
El departamento de Presidencia ha iniciado de oficio un expediente para declarar la responsabilidad patrimonial de la administración catalana e indemnizar a los aspirantes a las pruebas del concurso de oposición de estabilización del pasado 29 de abril. El DOGC publicará mañana, jueves, el inicio del expediente de responsabilidad patrimonial y se abrirá un período de 10 días hábiles para presentar alegaciones.
El expediente podría finalizar después del verano, cuando se podrán realizar los pagos. La Generalitat ya tomó la decisión de dejar sin efecto las pruebas del concurso de oposición y volver a repetirlas los próximos 1 y 8 de julio tras acreditar las irregularidades que se produjeron, como la entrega de exámenes equivocados, retrasos generalizados, y aulas repletas de aspirantes. Los incidentes se produjeron en la primera ocasión en la que la dirección general de Función Pública decidió externalizar la organización de unas oposiciones.
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