Ciudadanos ha llevado a la Comisión Europea la discriminación que sufren, a juicio de la formación naranja, las personas desempleadas en Cataluña en el acceso a programas de formación del Servicio de Empleo catalán por motivos lingüísticos.
El eurodiputado Jordi Cañas ha registrado una pregunta ante la CE, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, en la que subraya que la Generalitat "viola los derechos de los ciudadanos castellanoparlantes" que están amparados en la Constitución, el Estatuto de autonomía y los artículos 21 y 22 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
En opinión del eurodiputado de Ciudadanos, el Govern "impide" a estas personas desempleadas el acceso a los cursos de formación financiados por el Servicio Catalán de Empleo (SOC) por una "cuestión de lengua". Para ello, expone a Bruselas una contradicción detectada en la ley que regula la creación y funcionamiento de esta entidad pública.
Por un lado, se establece como principio rector "la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, sin discriminación por razón de sexo, etnia, edad, estado civil, adscripción política, afiliación sindical, religión, origen, opinión, lengua".
Ciudadanos defiende el bilingüismo
Sin embargo, el artículo 5.8 de la orden catalana TSF/170/2018 estipula que deberá “utilizarse normalmente el catalán como lengua vehicular y los materiales didácticos elaborados por las entidades beneficiarias debe[rán] estar redactados al menos en catalán”.
El citado artículo es "una medida que atenta contra numerosas resoluciones judiciales que niegan la condición de vehicular al catalán y exigen el respeto al bilingüismo a las instituciones públicas, y que crea una barrera de acceso a la formación a los castellanoparlantes", apunta el representante de la formación naranja.
Por ello, Cañas pregunta a la Comisión Europea si va a garantizar ante el Govern catalán el acceso "en igualdad de condiciones" de las personas desempleadas a programas de formación "sin discriminación por razones lingüísticas".
Precedentes
El diputado de Ciudadanos ya denunció hace semanas la «persecución» que, a su juicio, la Cooperativa Abacus, dedicada al mundo de la cultura y que regenta varias librerías, había iniciado. La firma habría lanzado una investigación para saber cuáles de sus empleados habían utilizado el castellano en el trato con un cliente. Esa «discriminación» llevó al partido de Inés Arrimadas a poner los hechos en conocimiento también de la Comisión en Bruselas.
En una pregunta escrita dirigida al ejecutivo comunitario, Cañas preguntaba a la Comisión si apreciaba discriminación en las actuaciones de dicha cooperativa y si apremiaría a las autoridades españolas a cumplir la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
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