Hamburguesas de lentejas o cuscús sin carne forman parte de la oferta gastronómica de los colegios públicos de Cataluña para alumnos que sigan preceptos culinarios de su confesión, como la cocina halal del islam o la kosher de los hebreos. Junto a esa atención hacia la ‘cocina materna’ de alumnos de familias musulmanas, judías, evangélicas, etc., la lengua materna española o cualquier otra distinta al catalán queda relegada en los comedores escolares. Una marginación, la del castellano, que en breve se acentuará con el nuevo decreto sobre Régimen lingüístico del sistema educativo con el que la Generalitat quiere responder “a los ataques sistemáticos de los poderes político y judicial del Estado”, según el Govern. Comienza el curso escolar 2023-2024.
La Escola Arquitecte Gaudí, de Sant Feliu de Llobregat, ejemplifica la dicotomía entre el trato respetuoso dispensado a los hábitos culinarios por religión materna y la discriminación del español, lengua materna de la mitad del alumnado. Ese centro del Bajo Llobregat (Barcelona) ofrece ocho menús alternativos adaptados a prescripciones religiosas o médico/dietéticas. Junto a un abanico culinario tan diverso, el mismo colegio tiene unas estrictas normas lingüísticas sobre uso del catalán en toda la actividad escolar, limitando el español a la asignatura correspondiente, hasta el extremo denunciado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB): en la Arquitecte Gaudí “la cocinera utiliza el catalán como lengua habitual y su ayudante el castellano” (…). “El comedor es atendido por monitores que utilizan el catalán como lengua habitual” y si los alumnos se dirigen en castellano, “a veces los monitores que tienen el castellano como lengua habitual les hablan en esa lengua”.
Una guía de la Generalitat sobre el respeto a la diversidad religiosa establece que las recetas escolares deben incorporar “tradiciones culturales de la zona y de los alumnos provenientes de otros contextos culturales y religiosos”. De igual modo, los criterios para comedores escolares de la Agencia de Salud Pública de Cataluña señalan que por motivos éticoso religiosos las empresas de catering “han de ofrecer un menú adaptado a los casos en los que las familias soliciten menús sin carne de cerdo, vegetarianos o veganos”. Precisa ese mismo documento que cuando las instalaciones de cocina no permitan elaborar platos especiales como los señalados, deben facilitarse al alumnado “medios de refrigeración y calentamiento” para conservar y consumir el “menú especial proporcionado por la familia”. La misma Agencia de Salud Pública ofrece a los centros una programación alimenticia con recetas de menú general para tres estaciones del año, que incluyen 14 recetas con pollo, 3 con conejo, 3 con pavo, 1 con ternera, ningun plato con carne de cerdo y 6 tipos de hamburguesas de legumbres.
El respeto a los preceptos culinarios en función de la religión materna está amparado por el artículo 14.4 de la Ley 26/1992, que desarrolla el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España. Otras leyes del mismo año recogen acuerdos semejantes con las comunidades israelita y evangélica.
Hay otras normas de igual rango o superior, como la propia Constitución, además de recientes sentencias y resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que determinan el castellano como oficial y los requisitos mínimos sobre su uso en la enseñanza en territorios con lengua cooficial, pero en el sistema educativo de la Generalitat no gozan de la misma observancia que las normas alimenticias confesionales.
A lo largo de este verano la AEB ha sacado a la luz una docena de irregularidades y abusos lingüísticos en otros tantos centros que, más allá de la actividad lectiva, extienden el monolingüismo desde las aulas al recreo, desde las cocinas a las excursiones, sin excluir las comunicaciones con las familias e incluso buscando que el catalán sea “lengua de pensamiento y de expresión” de los alumnos en sus entornos, como pretende el colegio concertado religioso Vedruna, de Artés (Barcelona).
Estos y otros casos que están saltando a la luz no son anecdóticos ni iniciativas incontroladas de los responsables de los colegios, responden más bien al espíritu y la letra de las normas e indicaciones de la Generalitat sobre política lingüística en el sector educativo. Un espíritu y una letra que van a ser más imperativos y discriminatorios con la lengua de Cervantes cuando entre en vigor el nuevo régimen lingüístico del sistema educativo, alumbrado en julio pasado como decreto del Govern y en periodo de información pública hasta el 15 de septiembre.
Tras los resultados de las elecciones del 28 de mayo, y antes de las generales del 23J, el Govern de Pere Aragonés dio las primeras señales de endurecimiento de la imposición lingüística. El 12 de julio, tras ordenar el TSJC el cumplimiento del 25% en tres aulas de otros tantos colegios, la consejera de Educación, Anna Simó, acusó públicamente a los jueces del TSJC en estos términos: “El TSJC hace política, entrando en campaña electoral y desoyendo la legislación de la que se ha dotado el Parlamento de Cataluña y el Gobierno de la Generalitat”. También alertó contra los autores de esas sentencias que “con maneras de hacer absolutamente fuera de lugar y de usurpación de funciones, intentan dividir la sociedad catalana, los centros, y poner a los directores entre la espada y la pared”.
Cinco días después de esas manifestaciones, la misma Simó presentó el ‘Pla de foment de la llengua catalana als centres educatius 2023-2028’, que incluye el decreto de ‘Règim lingüístic del sistema educatiu’. Se trata de un paquete de medidas entre las que sobresalen:
-Prácticas educativas que favorezcan la adquisición precoz del catalán.
-Incentivar la formación lingüística de las familias mediante cursos de aprendizaje.
-Crear una plataforma de contenidos audiovisuales educativos en catalán.
-Asegurar la acogida personalizada en catalán del alumnado de fuera de Cataluña.
Hasta que entre en vigor el decreto de régimen lingüístico, el espíritu de esta normativa es más explícito que su letra. Así se refleja en la presentación del plan de fomento ya citado, cuando avisa de que el Govern impulsará un ‘Pacte Nacional per a la Promoció i la Defensa de l’Escola Catalana’ por tres motivos, siendo el primero “las intromisiones en el marco normativo propio y en la competencia exclusiva de la Generalidad en materia de lengua propia y las competencias en enseñanza, y los ataques sistemáticos de los poderes políticos y judicial del Estado”.
En la presentación que hizo la consejera de Educación sobre lo que se pretende con las normas que próximamente se pondrán en marcha, deslizó un nuevo concepto nacionalista aplicado a la enseñanza: carácter compensatorio. Dijo Anna Simó que “los centros educativos tienen un carácter compensatorio en lo que se refiere al conocimiento y la posibilidad de uso de la lengua catalana” según el cual “la población recién llegada es una oportunidad para incorporar nuevos hablantes y darles oportunidades”.
La consejera de Educación, Anna Simó (centro) presentando el nuevo régimen lingüístico
Se estrecha, así, el cerco al español en los colegios controlados por la Generalitat, iniciándose a la vez un proceso de inmersión lingüística dirigido a las familias que no son catalanoparlantes, a la vez que el Govern ilustra a los centros educativos sobre las costumbres culinarias de origen religioso con todo detalle. Para eso, los departaments de Governació y d’Ensenyament tienen editada una guía por la que los centros educativos pueden conocer al detalle el halal y el haram, el kosher y el taref, las prescripciones alimenticias de los adventistas descritas en el Levítico, los hábitos vegetarianos de los budistas o los ayunos que hacen los ortodoxos.
Las indicaciones concretas y detalladas sobre la imposición lingüística en los centros educativos no salen directamente de las consejerías del gobierno independentista, corresponden a los proyectos lingüísticos de cada colegio que, fieles al espíritu excluyente de la inmersión, desarrollan su letra dando lugar a casos llamativos o escandalosos como los relacionados a continuación, una parte de los últimos detectados por la Asamblea por una Escuela Bilingüe:
-Instrucciones de revisar y velar para que en las reuniones de padres se hable siempre en catalán (Escola Nadal, Sant Feliu de Llobregat).
-Los alumnos castellanohablantes no hacen exposiciones correctas en catalán porque son comodones y sin interés (Instituto de Collbató).
-Los profesores deben controlar que los alumnos en el recreo jueguen en catalán. (Colegio Enric Tatché i Pol, Ripollet).
-Las familias reciben las comunicaciones del centro en 16 lenguas diferentes, ninguna es el castellano (Escola Ciurana, Sant Boi de Llobregat).
-El monitor de actividades extraescolares que no use el catalán podrá ser apartado del puesto (Instituto Xaloc, Sant Pere de Ribes).
-En un centro de educación especial donde el 70% de los alumnos tienen el español como lengua materna, las actividades educativas y de aprendizaje son en catalán (Escola Tramuntana, Sant Feliu de Llobregat).
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación