Guerra abierta entre la patronal de pisos turísticos de Barcelona y el alcalde de la ciudad, el socialista Jaume Collboni. El alcalde, aupado por el Ejecutivo español, se ha abanderado como líder del municipalismo socialista dando un golpe sobre la mesa contra los miles de alojamientos turísticos en Barcelona y el grave problema del acceso a la vivienda.
Desde que anunció que Barcelona se marcaba el año 2028 para sepultar 10.000 licencias turísticas para ampliar la oferta residencial, la confrontación del sector no ha parado de aumentar. La patronal APARTUR anunció esta semana el ficha estrella de Marian Munro, la que fuera directora general de Turismo de Barcelona y la Generalitat. El gremio busca así rearmarse legalmente para dar la cara al alcalde y frenar esta medida.
Pero lo cierto es que la medida, si bien suena muy grandilocuente, tiene letra pequeña. El Síndic de Llogaters ya ha señalado que aunque la medida "aparentemente responde a las demandas vecinales de poner freno al turismo, no tendrá ningún efecto práctico hasta dentro de cuatro años y medio". "El contexto político de los próximos cuatro años es incierto y, por tanto, este anuncio podría caer en cualquier momento antes de llegar a aplicarse: un cambio en el decreto de alquileres turísticos en el Parlament de Catalunya o la voluntad del alcalde escogido en 2027 podrían convertirlo en humo", han expresado.
Además, si esta medida puede quedar en papel mojado, la otra realidad es que no todos los pisos turísticos están regulados. De hecho, aunque en Barcelona ya hayan dado el pregón con la restricción de licencias, el PSOE ha puesto como una prioridad desde hace meses la lucha contra las viviendas turísticas ilegales que son gran parte del negocio.
De hecho, a principios de junio el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, avanzó que, en poco tiempo iba a estar operativo el registro digital de todos los alojamientos turísticos que se comercializan en las plataformas de alquiler en España para facilitar la identificación de las ofertas ilegales. Esta es una realidad imperante también Barcelona.
Según Mabrian, consultora de Big Data enfocada en el sector turístico, uno de cada cuatro alquileres turísticos en Barcelona no tiene licencia. Y no solo es que el 25% de los pisos que sacan provecho por el turismo se alquilen de forma irregular, sino que el 73% de los propietarios tiene más de una vivienda anunciada. Al anuncio de Collboni, la consultora añade este matiz. Según el consistorio, la prohibición de alquileres turísticos será efectiva sobre 10.000 viviendas, que verán extinguidas sus licencias a finales de 2028.
Además, asegura que cifra de 10 pisos turísticos eliminados a favor de vivienda residencial "podría subestimar el tamaño del mercado de alquileres de corta estancia", un 63% mayor que la cifra oficial, que suma 15.800 unidades en total, lo que se traduce en 56.700 plazas de alquiler turístico.
El socio y director de marketing y comunicación de Mabrian, Carlos Cendra, ha valorado que "determinar con claridad la dimensión real del mercado es crucial para la toma de decisiones". En lo que se refiere a los propietarios, ha expresado que el 27% de los propietarios tiene un solo piso, mientras que el 73% tiene más de una vivienda anunciada y, de estos, el 57% tiene más de 10 alojamientos.
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