La CUP es un partido que hace bandera de su radicalismo. Un rasgo que tradicionalmente los había hecho populares entre el electorado secesionista más joven. Sin embargo, tras el fracaso de la vía insurreccional que representó el 'procés', la juventud catalana se ha desvinculado ostensiblemente del movimiento, recayendo el activismo más agitado en la población 'senior'. Ello tal vez explique en parte el declive en las urnas de la formación anticapitalista, que en las últimas citas electorales ha visto menguar a sus diputados y, en consecuencia, su influencia en el tablero político catalán. Ante esta situación, la CUP llevó a cabo un publicitado congreso el pasado septiembre que, bajo el nombre de 'Proceso de Garbí', resolvió imprimir un nuevo rumbo al partido que les devolviese el poder perdido.
En el conclave, se acordó mantener la imagen y retórica extremista pero, al mismo tiempo, abrazar el pragmatismo y tratar de alcanzar más acuerdos con el resto de fuerzas políticas. Y, a tal efecto, se creó la antes inexistente secretaria general, ocupada por una figura acorde a este nuevo espíritu: Non Casadevall —líder que sorprendió a muchos por haber ejercido en el pasado como profesor de Religión Católica en un instituto de Secundaria—. Pese a todo, la tentativa está arrojando un resultado desigual. El partido se abrió a reunirse con el PSC en noviembre para explorar un posible apoyo a las cuentas —que finalmente no salieron adelante—, pero en el encuentro los anticapitalistas no abandonaron sus posturas maximalistas y éste se saldó con un fracaso.
Asimismo, el partido se ha mostrado inclemente con los avances —al menos, desde una perspectiva catalanista— del Ejecutivo socialista. Sin ir más lejos, su portavoz, Laia Estrada, tildó el pasado febrero de "humo" el traspaso de Cercanías, la delegación de competencias en inmigración y la puesta en marcha del cupo catalán. Illa, por su parte, le recriminó que su grupo no asistiera a las reuniones informativas previas a las Comisiones bilaterales, "lo que dice mucho de su actitud". Respecto a su faceta declarativa, la justificación en los altercados de Salt por parte de su diputada Laure Vega, que llegó a felicitar a sus protagonistas por "lanzar piedras" a los Mossos y "quemar contenedores", evidencia que la formación sigue perseverando en su extremismo en el Parlament.
Viraje "conservador"
El espíritu de Garbí, por el contrario, sí que parece haber hecho aparación en la esfera municipal. En este ámbito, los anticapitalistas han brindado este año su respaldo a las cuentas en diversos consistorios, entre ellos Tortosa o La Seu. Pero el cambio más significativo se ha producido en dos de sus principales feudos, Gerona y Berga, donde ostentan ambas alcaldías. En la primera, un intento de okupaciçon—hecho delictivo que, como es sabido, la CUP ha vindicado históricamente— que mostrado el viraje "conservador·" de la formación. La madrugada del sábado, medio centenar de radicales asaltaron el Centro Cívico Onyar, ubicado en el barrio la Font de la Pólvora, con intención de ocuparlo ilegalmente. Y en la tentativa, que finalmente fue abortada por los mossos, los okupas lanzaron piedras a los agentes, quemaron contenedores y ocasionaron importantes destrozos en el local.
Lo singular es que el alcalde, Lluc Salellas, respondió ante los hechos sin posicionarse a favor de los antisistema, sino todo lo contrario. "Asaltar un equipamiento público y social que da servicio a los barrios de Gerona es intolerable", sentenció, prometiendo a continuación que el Ejecutivo municipal actuaría con "toda la contundencia posible". Cabe recordar que la CUP no solo apoya la okupación, sino también los ataques cometidos bajo el paraguas del antifascismo a otras fuerzas políticas. El pasado enero, por ejemplo, una exportavoz de la formación participó en el destrozo en Barcelona a una carpa de la también radical Aliança Catalana.
Y en lo que respecta a Berga —ciudad con fuertes raíces en el nativismo catalán y marcada por un pasado franquista— un apuñalamiento el pasado septiembre propició que su alcalde, Ivan Sánchez, demandase leyes para combatir la multirreincidencia. "Necesitamos que cambien las leyes para poder actuar de otro modo con las personas que sistemáticamente reinciden", afirmó Sánchez. Y puntualizó: "Estoy a favor de mantener sus derechos, pero también de una revisión de las leyes". Un discurso en sintonía con parte de la población del municipio, que a principios de mes se manifestó exigiendo soluciones contra la inseguridad. Los próximos comicios municipales dirán si el giro de la formación logra frenar su declive en las urnas.
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