Horas muy bajas para la CUP y el ala del secesionismo antisistema que lleva desde 2017 agitando las calles pero que afronta su peor pesadilla, la desmovilización de la protesta, en medio de las concesiones del Gobierno a ERC y Junts. El partido ha ido perdiendo relevancia en el Parlament a medida que se ha recompuesto el tablero político tras las elecciones del 23-J. El último intento para salir de la periferia fue la presentación de una moción para impulsar una nueva ley de referéndum en medio de las negociaciones del pacto de investidura de Pedro Sánchez, algo que ERC y Junts desestimaron y cayó en saco roto evidenciando que el intento no era más que un símbolo para recuperar la voz.
Un papel más institucional
Ahora el partido encara unas horas decisivas en la apertura de un debate interno tras perder sus dos escaños en el Congreso, el desasosiego de las bases y la crisis en la que ha entrado su modelo asambleario. Como ya declaró el exdiputado de la CUP en el Congreso, Albert Botran, analizando los resultados del 23-J, el grupo anticapitalista no ha sido capaz de "abrir camino a un alternativa que fuese independentista, de izquierdas y antifascista". Este sábado el partido busca 'encontrarse' en un Congreso llamado "Proceso de Garbí" con la participación de la militancia en debate temáticos y estratégicos que ahondan en el planteamiento de la lucha institucional y el modelo organizativo.
La aspiración es consolidar la dirección política y convertirse en un partido más institucionalizado, menos dependiente de las bases para construir una "república socialista, feminista, ecologista y antiracista en los Países Catalanes". Tanto el cantante Lluís Llach como los diputados Dolors Sabater y el mismo Botran han impulsado este proceso para retejer una agenda que pueda llevar a pactos entre partidos. Este planteamiento también ha creado recelos en las bases más anarquistas de la CUP, muy extendida, que no ven con buenos ojos el viraje institucional.
Arrinconamiento gradual
Centrado en hacer efectivo el 1-O y su guerra sin cuartel contra el Govern en solitario de Pere Aragonés, a quien tampoco apoyó cuando Junts rompió la coalición, la CUP ha ido arrinconándose en la cámara de representantes de Cataluña sin ceder en su programa de máximos. Ha exigido en todo momento a Aragonés volver a formar una acción independentista única y ha rechazado, entre otras medidas de gran peso municipal como la ampliación del Prat, el acuerdo suscrito entre ERC, Junts, PSC y los comunes del decreto del catalán en las aulas porque incluía al castellano como lengua curricular. Ahora se enfrenta a sus propios fantasmas y tendrá que debatir si cede a entrar en una cultura pactista de cara también al rol que desempeñen en las próximas elecciones catalanas, que se auguran en 2024.
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