La Fiscalía ha pedido dos años de cárcel para los acosadores de la familia del colegio Turó del Drac en Canet de Mar (Barcelona) que consiguió en los tribunales que al menos el 25% de la educación fuese en castellano, tal y como más tarde avaló el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Después de la victoria judicial de esta familia, cuya hija estudiaba en dicho centro escolar, sufrió comentarios humillantes e hirientes en redes sociales por parte de usuarios que se posicionaban en contra de este fallo judicial y de garantizar la cuota del castellano en las aulas catalanas.
Ahora, varios años después de los ocurrido en 2021, el Ministerio Público ha solicitado una pena de cárcel contra tres personas por cometer delitos contra la integridad moral y una multa de 9.000 euros para indemnizar a la alumna y a sus padres por los daños causados por los mensajes publicados en Twitter.
Mensajes "humillantes e hirientes"
Según el escrito de la Fiscalía, la petición de la familia desembocó en "un movimiento de respuesta hostil con multitud de publicaciones" en Twitter, donde se "difundieron en sus respectivas cuentas expresiones humillantes e hirientes" contra la alumna y sus parientes.
Algunos de los mensajes lanzados contra ellos decían cosas como "me apunto a ir a apedrear la casa de ese niño", "queremos saber el nombre y la dirección donde vive la familia" o "hay que demostrar que la próxima familia que lo haga tendrá que marcharse del pueblo".
La Fiscalía ha estimado que estos mensajes eran "llamamientos al aislamiento del menor por parte de sus compañeros de colegio", con el objetivo de "denigrar y vejar", provocando su "exclusión social" y generando además "sentimientos de angustia y dolor" en la familia afectada.
Negaron el acoso
Las familias de la escuela Turó del Drac contrarias a que el centro imparta el 25% de las materias en lengua castellana, ya negaron "cualquier tipo de acoso" y aseguraron que no tenían "interés en saber quién ha sido la familia denunciante".
En un comunicado, las familias respondieron a las denuncias presentadas por entidades como la Asociación Escuela Bilingüe o Hablamos Español ante la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña por delitos de odio por ataques lanzados hacia la familia.
Las familias de la escuela movilizadas por la inmersión lingüística del centro vieron conveniente "emitir un comunicado" reiterando su "posicionamiento y compromiso profundo de garantizar un espacio educativo integrador para todo el alumnado de la escuela" a la luz del "alcance mediático y la tergiversación de noticias respecto a los hechos reales", aseguraron entonces.
El TSJC reconoció el derecho a recibir educación en castellano
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estimó el recurso de los padres de la alumna de la escuela en el que demandaban una educación bilingüe para su hija.
Concretamente, el tribunal resolvió la obligación del centro educativo de mantener una segunda asignatura que será impartida en castellano al margen de la hora semanal de Lengua, que se imparte igualmente en castellano.
El tribunal calificó como un "derecho" de la estudiante recibir en dicho idioma "aparte de la propia asignatura de Lengua una o unas áreas de conocimiento, competencias clave, materias o asignaturas adicionales que, por su importancia en el conjunto del currículo y su carga lectiva, puedan ser consideradas como principales".
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