Cataluña

La Caixa trata de subir el precio a la Generalitat por el suelo del proyecto Hard Rock en Tarragona

"No hay fechas para cerrar el contrato ni tampoco hay un plazo límite para cerrarla", apuntan fuentes conocedoras de la operación que llevará a cabo el Incasòl para comprar los suelos a La Caixa

La Generalitat no se ha fijado una fecha concreta para realizar la operación por la que La Caixa recibirá más de 110 millones de euros por el suelo donde se albergará el complejo turístico Hard Rock Entertainment World. "Aún faltan por flecos por cerrar, como la garantía y la actualización del precio", apuntan fuentes conocedoras de la operación a Vozpópuli.

El inicio de la construcción de este proyecto de ocio y turismo, defendido por los municipios colindantes y la Generalitat, se esperaba para este mismo mes de junio, pero aún no se ha firmado la compra del suelo por parte del Ejecutivo catalán, que para evitar tener que hacer una partida presupuestaria y ante la carencia de apoyos de la oposición ha recurrido al Incasòl, que sufragará el coste íntegramente.

Para que la operación no cueste un euro público se espera después que estos terrenos pasen a manos de Hard Rock. Existe el riesgo de que finalmente la operación acabe costando dinero a los catalanes si la gestora de los casinos y hoteles pacta un precio por debajo del pagado por la Generalitat a La Caixa, o bien haga las maletas y abandone el proyecto. Un escenario "poco probable", según otras fuentes consultadas, pero existente.

Como ejemplo, las fuentes ponen como ejemplo la huida de Veremonte, la empresa de Enrique Bañuelos. En 2014, el empresario desistió de ejercer la opción de compra de los terrenos donde se proyectó Barcelona World. "Durante el periodo de definición del plan director urbanístico, es intención de las sociedades precalificadas vinculadas a BCN World seguir trabajando en el diseño de cada uno de los resorts integrados", argumentaba en un comunicado. Finalmente no hizo la operación y entró en vigor el pacto entre La Caixa y la Generalitat, por el que debía ser el Ejecutivo catalán el único con derecho a ejercer la compra. De esta forma, Hard Rock, aunque así lo manifestara, no puede adquirir estos suelos directamente a la propietaria.

Ni Criteria, ni la Consejería de Territorio ni el Incasòl -Instituto Catalán del Suelo- han querido realizar comentario alguno sobre la situación actual, más allá de referirse a las palabras de Damià Calvet. 

El precio del terreno subirá

Por esa fecha, el terreno estaba tasado en 110 millones de euros, un montante que hay que revalorizar cinco años después. También faltan por cerrar las garantías, pero el resto del contrato está ya pactado entre ambas partes.

En abril de 2015, la Generalitat confirmó el portazo de Bañuelos y el proyecto BCN World hacía aguas. El entonces consejero Felip Puig confirmaba la salida de Veremonte. "La operación es ahora más viable", aseguraba entonces, añadiendo que no habrá "costes añadidos". 

"Capitalismo de amiguetes", la acusación de la oposición

Cinco años después, el consejero de Territori, Damià Calvet, insiste en ese mismo discurso, asegurando que no habrá impacto en las cuentas públicas. Hard Rock presentaba entonces las credenciales para continuar con el complejo.

Calvet ha asegurado en el Parlament que la compra tendrá lugar con "luz y taquígrafos", sin inversión pública, siempre y cuando Hard Rock mantenga su postura para construir en los terrenos, y reitera el mensaje dado por Puig: "No tendrá coste adicional".

En la sesión de control, Quim Torra, presidente de la Generalitat, insistió que no habrá "un euro público. El coste lo asumirá Hard Rock.

Pero las explicaciones no han servido a la oposición. "Qué precio pagarán los ciudadanos por la compra de los terrenos a La Caixa", ha preguntado David Cid, diputado de Cataluña en Comú Podem. Para más dudas, ha afirmado que Incasòl interviene porque el proyecto "no chuta" y "se trata de un favor a La Caixa".

Jéssica Albiach, presidenta de los 'Comuns' en el Parlament Cataluña, ha pedido paralizar el proyecto al asegurar es "capitalismo de amiguetes", acusando a Torra de convertir Catalunya en "un país de casinos y no una república social".

Natàlia Sánchez, diputada de la CUP, ha denunciado el camuflaje de un nuevo "rescate bancario", más cuando la Generalitat asume el "riesgo de operaciones urbanísticas especulativas con dinero público".

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