La Generalitat sigue avanzando su plan para legislar sobre el castellano en las aulas. El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha subrayado hoy que los profesores deberán ceñirse a los proyectos lingüísticos y "no podrán decidir en qué lengua imparten una clase" fuera de este marco porque "no se puede optar por negligir con qué lengua se da una clase". Así lo ha indicado este martes el conseller en una rueda de prensa en la que se ha referido a las instrucciones que se han enviado este martes a las direcciones de los colegios públicos y concertados catalanes para aplicar el decreto ley aprobado ayer por el Govern con el fin de hacer frente a la sentencia del TSJC que obliga a impartir el 25% de materias en castellano en todas las aulas catalanas a partir de mañana.
En las instrucciones enviadas a los colegios, los directores deberán responder antes del 30 de junio un cuestionario formado por siete preguntas que si se responden afirmativamente implicarán la validación del proyecto lingüístico por parte de la consellería. En este sentido, Gonzàlez-Cambray ha subrayado que la responsabilidad ante la ley de los proyectos lingüísticos que se validarán "recae en la consellería de Educación" de la que él es "su máximo responsable". En este cuestionario se pregunta sobre si el proyecto lingüístico del centro prevé también el castellano como lengua de uso curricular y educativo.
En el caso de no ser validados, porque alguna dirección responde negativamente a alguna de las preguntas, los centros contarán con la inspección educativa para reformular sus planes lingüísticos "como máximo durante los seis primeros meses del próximo curso escolar", según el conseller. "Lo que estamos haciendo es legislar para proteger a los centros educativos y ninguna legislación puede ser mas democrática que legislar desde el Govern y convalidar la legislación desde el Parlament", ha añadido el conseller, en caso negativo Educació tendrá que “adaptar el proyecto lingüístico y proceder a la correspondiente aprobación de esta modificación por parte del consejo escolar".
La Generalitat asume la responsabilidad legal
De hecho, al referirse al decreto ley aprobado ayer por el Govern, el conseller ha destacado como "muy relevante" que la Generalitat asuma la responsabilidad legal de los proyectos lingüísticos validados por la consellería. "Ante las injerencias de los tribunales somos un escudo jurídico y legal para los centros educativos", ha añadido el conseller en este sentido.
El responsable de la educación catalana también ha afirmado que la consellería, para hacer frente a la sentencia, ha informado hoy al TSJC sobre la aprobación ayer del decreto ley y de las instrucciones enviadas hoy a los centros educativos, además de la situación en la que se encuentran el castellano y el catalán en escuelas e institutos en base a informes elaborados por el Síndic de Greuges y el Consejo de Evaluación.
Asimismo, el conseller ha añadido que el gabinete jurídico central de la Generalitat "esta trabajando en su repuesta al TSJC". El titular de Educación también ha insistido en que el aprendizaje de lenguas debe hacerse con criterios pedagógicos y no a partir de porcentajes, como indica el TSJC en su sentencia al ordenar impartir el 25% de materias en castellano.
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