Hace siete años de la declaración unilateral de independencia (DUI) después de la celebración del referéndum el 1-O, una fecha que ha marcado un antes y un después en los anales del secesionismo. Siete años que ahora desembocan en la ley de la amnistía para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, revalidara el mandato y que los socialistas defienden como un punto más de la 'normalización' democrática en Cataluña. Sin embargo, desde la Generalitat sigue respaldándose la celebración de referéndums de independencia, como ha quedado reflejado en la respuesta parlamentaria de la actual vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, a una pregunta del diputado no adscrito en el Parlament Antonio Gallego Burgos.
En su contestación sobre el apoyo que ha dado el Govern a una convocatoria de referéndum sobre la independencia de Cataluña en un municipio de Òrrius, Vilagrà ha respondido que se trata de una consulta de participación ciudadana sobre el futuro político de Cataluña y que desde el ejecutivo catalán no se oponen. El municipio del Maresme celebró en enero de 2023 bajo la batuta del alcalde de Junts, Xavier Masgrau, un plebiscito para hacer efectiva la DUI del 2017 con las siguientes preguntas: "¿Queréis que Cataluña sea un estado en forma de república?" y "¿queréis hacer efectiva la declaración de independencia proclamada el 27 de octubre de 2017".
Vilagrà justifica por la ley de Consultas Populares no Referendarias esta actuación y lo defiende como marco para que las personas manifiesten su opinión sobre una determinada actuación.
En la respuesta de la vicepresidenta recogida en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña (BOPC) del 23 de enero, Vilagrà justifica por la ley de Consultas Populares no Referendarias esta actuación y lo defiende como marco para que las personas manifiesten su opinión sobre una determinada actuación. "Se pueden convocar procesos participativos de la ciudadanía con relación a cualquier propuesta, actuación o decisión en aplicación a la cual pueda ser relevante informar, debatir o conocer la opinión ciudadana mediante la colaboración y la interacción entre la ciudadanía y las instituciones públicas", recoge la respuesta.
Es más, Vilagrà defiende que esta normativa establece que los entes locales tienen iniciativa para convocar procesos de participación ciudadana y que de acuerdo con los datos del 'CIS' catalán, el CEO, las relaciones entre Cataluña y España "son el principal problema de nuestro país". "Por la cual cosa se puede concluir que es un tema de interés para la ciudadanía. Por todo esto, el Govern no se opone a la celebración de procesos participativos en torno a la opinión de la ciudadanía sobre el futuro político de Catalunya".
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