El Govern ha aprobado este martes un acuerdo para defender el catalán y la cohesión social en los centros educativos, que prevé prestar protección jurídica a los docentes y equipos directivos ante los problemas que puedan surgir tras los fallos judiciales sobre las cuotas de castellano en las aulas.
Este acuerdo se ha promovido después de que el Tribunal Supremo ratificara la obligación de ofrecer el 25% de la enseñanza en castellano y de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estableciera este porcentaje mínimo para una escuela de Canet de Mar, en Barcelona.
La portavoz, Patrícia Plaja, ha destacado en rueda de prensa tras el Consejo Ejecutivo que el Govern ya estaba poniendo a disposición de los docentes y del personal de los centros sus servicios de asesoramiento, representación y defensa jurídica, y que con este acuerdo quiere "reafirmar" su compromiso con el catalán en la escuela. El acuerdo también prevé exigir responsabilidades ante eventuales "ataques a personas o colectivos por la defensa del uso del catalán" por la vía correspondiente, ya sea política, penal, administrativa y de cualquier otra naturaleza.
Plaja ha recalcado que este acuerdo de Govern "materializa en un formato institucional lo que es una prioridad" del Ejecutivo catalán, y ha destacado que se ha promovido a instancias de su presidente, Pere Aragonès. El objetivo de este acuerdo pasa por "promover el consenso y la máxima unidad posible para defender y fortalecer el modelo de escuela catalana", ha destacado Plaja, que ha comparecido junto al consejero de Empresa de la Generalitat, Roger Torrent.
"No discriminación"
Finalmente, ha defendido que el de la escuela catalana es un modelo de éxito basado en la "no discriminación lingüística del alumnado" y en el derecho de los alumnos de conocer con suficiencia oral y escrita ambas lenguas oficiales, así como en su derecho de recibir la enseñanza en catalán, ha dicho. "Hay quien quiere intentar destruirlo, pero no lo conseguirá", ha advertido Plaja, y ha insistido en que el acuerdo fija la respuesta institucional del Govern ante eventuales amenazas o coacciones que puedan sufrir maestros o personal de los centros, en sus palabras.
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