El cambio de tono en la política exterior del nuevo Govern socialista ha sido notable. El consejero de Acción Exterior y Unión Europea, Jaume Duch, aprovechó la celebración de la Diada en Bruselas el pasado jueves para exhibir palabras y maneras alejadas de la beligerancia de los anteriores ejecutivos nacionalistas, instalados en el discurso antiespañol. Así, no solo pronunció parte de su discurso en castellano —gesto impensable en los últimos 14 años de consellers secesionistas— sino que hizo hincapié en la “lealtad institucional” que su consejería profesaría al Estatut y al Tratado de la Unión, pero también a la Constitución española.
Las nuevas formas, sin embargo, fueron acompañadas de una agenda en clave nacionalista. Y es que Duch, tras proclamar que Cataluña haría “bandera de su identidad”, desveló que sus planes pasan por que el catalán sea una lengua de uso normal en Europa, como ya sucede en el Comité de las Regiones. Este objetivo coincide con una de las cesiones que Junts arrancó al PSOE a cambio de que los secesionistas apoyasen a Armengol como presidenta del Congreso: la oficialidad del catalán en la UE.
Desde entonces, los esfuerzos del ministro Albares por que el catalán —junto al gallego y vasco— se pueda usar en la Eurocámara se han estrellado con el rechazo y la indiferencia del resto de miembros. Estos temen que la incorporación de las lenguas cooficiales españolas abran la puerta a otros idiomas minoritarios de la Unión, además de estimar disuasorio el gasto de la medida —pese a que España se ofrece a sufragarlo en exclusiva—.
El hecho es que para vender el catalán de puertas afuera la conselleria de Exteriores reforzará las controvertidas embajadas catalanas. Éstas, entregadas hasta ahora a desacreditar la “represión” española y justificar la secesión catalana, ascienden a un total de 21 repartidas en más de 70 países —las últimas se anunciaron en el Sudeste Asiático y en la India—. Y si entre 2011 y 2017 los nacionalistas se gastaron en ellas 27 millones de euros, en los últimos años su coste se ha disparado aún más, pasando de 15 millones el año pasado a 19 el presente —más del doble, por ejemplo, del presupuesto de la Casa Real, que es de ocho—.
No en vano, el salario base de la veintena de embajadores se sitúa en 92.000 euros —dos mil más que los emolumentos del presidente del Gobierno—. En cuanto a los alquileres de las sedes, solo el de Bruselas —la más grande— equivale a un montante de 872.935 euros. Aunque la Generalitat ha mantenido una gran opacidad con respecto a los gastos concretos —numerosas actividades nunca se han terminado de justificar—, se sabe que estas oficinas suelen ubicarse en zonas innecesariamente lujosas. En Estados Unidos, por ejemplo, la de Washington se encuentra próxima a la Casa Blanca, a solo 1.100 metros. Y la oficina de Nueva York, en el emblemático edificio Rockefeller Plaza.
A pesar de ello, el hecho de que el Ejecutivo de Illa pretenda “consolidar” esta cuestionada red de delegaciones no es una sorpresa: el texto del acuerdo PSOE-ERC sobre el cupo catalán ya contemplaba su ampliación, así como el aumento de funcionarios en Acción Exterior catalana.