En la caótica convalidación parlamentaria, el pasado día 10, del llamado Real Decreto ómnibus pasó inadvertido un párrafo deslizado entre las 170 páginas de esa norma con el mandato de respeto a los Derechos históricos de Cataluña, entre los que figura "la tradición jurídica catalana". Esa cuña se introdujo en el RD de medidas urgentes a petición de Puigdemont y en un contexto de tensión entre el independentismo y la judicatura por las acusaciones de indecencia y prevaricación a magistrados por parte de la diputada Nogueras y del expresident Torra. A la vez, una Generalitat afanada en desengancharse del poder judicial del Estado intensifica sus recursos para una suerte de inmersión lingüística en la Administración de Justicia, que incluye una 'propina' de 25 euros a los abogados del turno de oficio por cada actuación ante lo tribunales realizada en catalán.
Lo más destacado por el Molt Honorable Aragonés i Garcia de su acuerdo con Pedro Sánchez sobre una Ley Orgánica de Garantías del Plurilingüismo es que permitirá a los catalanohablantes dirigirse en esa lengua a las instancias judiciales en todo el territorio nacional. Se desconoce cómo se establecerán las condiciones y los medios para que cualquier juez o secretario de Juzgado, en cualquier lugar de España, entienda y atienda en catalán. El pacto sobre plurilingüismo ha ido acompañado desde las filas de Puigdemont de la calificación de indecentes a los magistrados Marchena, Llarena y Lomana, y hace pocos días del expresident Torra, acusando de prevaricador al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y en paralelo se despliegan diversas medidas en la estrategia de una independización paulatina de la Justicia española.
Por las mismas fechas en las que Pere Aragonés presumía de su acuerdo con Sánchez, el Departamento de Justicia de la Generalitat firmaba un convenio con el Consejo de la Abogacía de Cataluña (CICAC) por el que los abogados del turno de oficio recibirán en 2024 una bonificación por cada intervención en sede judicial usando el catalán y requiriendo recibir las comunicaciones en esa misma lengua. El incentivo económico a los letrados para que usen la lengua catalana ante los tribunales supone para las arcas públicas un desembolso de 350.578 euros. A la vista de que dicha gratificación ha obtenido escasos resultados en ejercicios anteriores, para el año que acaba de comenzar se ha incrementado un 25%, pasando de 20 a 25 euros por intervención en turno de oficio en la llamada 'lengua propia'.
El citado CICAC dispone de un Servei Lingüístic subvencionado por la Generalitat que ofrece a los abogados ejercientes en Cataluña variados recursos para utilizar profesionalmente la lengua cooficial, desde un portal jurídic a 200 formularios, traducciones, redes sociales, legislació en català, etc. Se suma esa oferta a la cada vez más amplia del portal gubernamental El català a l'Administració de Justícia, con una docena de páginas web y subpáginas que aleccionan sobre la normativa de lengua en ese sector, el dominio del catalán como mérito en las oposiciones, buenas prácticas lingüísticas, derechos lingüísticos ante la judicatura, etc.
La soberanía judicial de Cataluña, que pretendía el Estatuto de 2006 con un Consejo equivalente al CGPJ y un Tribunal Superior como última instancia, que fue rechazada por el TC, es un anhelo presente en las fuerzas separatistas de la plaza de Sant Jaume y de Waterloo. Buscan otras vías para satisfacerlo, desechadas las leyes de desconexión de septiembre de 2017, y ahí se sitúan las ambiciosas iniciativas para aumentar la presencia de la lengua catalana en la Administración de Justicia. Ese anhelo independentista puede explicar la sorprendente aparición en el Real Decreto-ley 6/2023, convalidado como ley con gran confusión el 10 de este mes, de los Derechos históricos de Cataluña.
Con esa referencia se encabeza un párrafo que el RD ómnibus ha injertado en la Ley de Bases del Régimen Local como disposición adicional decimoséptima, aludiendo a "la posición singular en materia institucional" de Cataluña y a sus "competencias exclusivas" previstas en el artículo 5 del Estatuto de Autonomía que describe, entre otros, los "derechos históricos del pueblo catalán" y la "tradición jurídica catalana", con especial referencia a la "posición singular de la Generalitat en relación con el derecho civil, la lengua (…) y el sistema institucional en que se organiza la Generalitat".
Aprovechar un decreto-ley sobre el Plan de Recuperación y Resiliencia financiado con fondos UE para endosar a una ley de hace 39 años los derechos históricos de Cataluña, no es mera formalidad jurídica. Puede interpretarse por el hecho de que en la singularidad histórica destaca la "tradición jurídica catalana", al tratarse de otra concesión que Junts per Catalunya arrancó al Ejecutivo sanchista en la vorágine que vivió el Congreso el 10 de enero. De hecho, el partido de Puigdemont presenta la mencionada disposición adicional decimoséptima como una conquista al reconocer la singularidad en la organización institucional en virtud de sus "derechos históricos en materia de régimen local".
También pertenece al ámbito de los tribunales, concretamente al área administrativa de la Oficina Judicial, un segundo trueque de los ocho conseguidos por el partido de Puigdemont a cambio de su abstención en las votaciones del día 10. Así es como exhibe JuntsxCat el acuerdo para multiplicar, nada menos que por 5, "els diners previstos per a la digitalizació de l’administració de justicia" catalana, lo que significa que el importe del nuevo equipamiento informático ascienda de los 1,2 millones presupuestados a 6,2 millones de euros.
A semejanza del resto del paquete de intercambios entre Junts y el PSOE, se mantiene oculto el procedimiento pactado para lograr semejante incremento económico, satisfaciendo el repentino interés de los independentistas por la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados de la Oficina Judicial en Cataluña, una administración cuya organización la tiene transferida desde 1990 con traspasos de medios personales y materiales en veinticinco ocasiones.
La implementación tecnológica de ese servicio administrativo está incluida en los Proyectos de Alto Impacto en la Digitalización del Sector Público para 2021-2025, con fondos europeos. La cifra esgrimida por el partido de Puigdemont de una dotación de 1,2 millones para digitalización no se corresponde con la de los primeros 3,5 millones que para ese fin se adjudicaron a Cataluña en 2021 dentro del programa Justicia 2030, que a finales de este año habrá dedicado 410 millones a todas las comunidades autónomas, siendo Cataluña la segunda receptora después de Andalucía. Aparte de esa discordancia en las cifras que los independentistas presumen haber multiplicado por 5, cualquier modificación presupuestaria tendría que vencer o burlar la rigurosidad normativa de ese proceso de digitalización y contar con la conformidad del resto de comunidades autónomas que participan en las decisiones sobre distribución de inversiones del programa Justicia 2030.
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