En los últimos días, los lobbies secesionistas han redoblado la retórica contra la supuesta represión española en un intento de paliar el previsible pinchazo de la Diada. En una entrevista en El Periódico, el presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), el cantautor Lluis Llach, insistió en calificar de “fascista” al nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa -ya lo había hecho durante su investidura, que trató de frustrar presionando a ERC para no respaldarla-. Y, en el spot con el que su entidad llama a participar en la manifestación de mañana, se glorifica la violencia secesionista de 2019 mostrando contenedores calcinados y carreteras cortadas.
A su vez, las entidades organizadoras publicaron ayer un decálogo en el que, con un lenguaje propio del periodo más turbulento del procés, desgranan las razones por las que los ciudadanos secesionistas debían acudir a la marcha. Así, el documento habla de “represión desatada contra el movimiento independentista” -pese a la amnistía concedida por Sánchez- y “expolio fiscal” -pese al cupo pactado entre socialistas y republicanos que rechaza redistribuir con el resto de España-. Lenguaje superlativo que han compartido con Junts, cuyo secretario general, Jordi Turull, llamó el domingo a movilizarse el 11S ante la “deriva” del Estado y su “increíble déficit”.
La tentativa de caldear los ánimos de la ANC y Junts se producen en un contexto declinante para el secesionismo -que no el nacionalismo-: el último CEO (el CIS catalán) situaba el apoyo a la independencia en su cifra más anémica: un 40%. Por otro lado, sus seguidores, descreídos de la vía insurreccional, se muestran más renuentes a tomar las calles. No en vano, las multitudinarias Diadas en las que desfilaban en torno al millón de asistentes han devenido en marchas de apenas 100.000 personas (115.000, el año pasado). Ante dicho panorama, la ANC ha tratado de eludir las comparaciones con éxitos del pasado fraccionándola en cinco marchas alrededor de Cataluña: Gerona, Barcelona, Lérida, Tarragona y Tortosa. La idea, esta vez, es que en cada una de ellas se denuncie un “abuso” concreto de España a la “nación” catalana.
Con respecto a la que tenga lugar en Barcelona, su recorrido ha menguado hasta limitarse al kilómetro que media entra la Estación de Francia y el Arco del Triunfo. Allí, se leerá un manifiesto a las preceptivas 17:14 horas -en referencia al año en el que Cataluña supuestamente perdió su libertad según el relato nacionalista- al que seguirá un festival musical bautizado como la Fiesta de la Libertad.
A todo lo anterior se le suma las múltiples batallas intestinas del independentismo. En primer lugar, la de la ANC y Ómnium, que se han concedido una tregua para la ocasión pero que andan a la gresca desde 2016, acusándose mutuamente de seguidismo a sus partidos de referencia -Junts entre los primeros y ERC entre los segundos-.
Mientras, estos se encuentran más enfrentados que nunca por liderar la narrativa secesionista y lograr más concesiones a los socialistas, tanto en el Congreso como en el Parlament. Además, ambos se encuentran en plena refundación cuyos congresos se auguran agitados. A priori, Puigdemont lo tendrá más fácil para consolidar su liderazgo en octubre frente a una casi periclitada Borrás, pues la guerra en ERC entre Junqueras y Rovira, agudizada ayer por la crisis de los carteles fake, se ha extendido a cuatro corrientes en disputa.
