La Junta Electoral Central (JEC), que se ha reunido este miércoles en Madrid, se inclina por retirar el escaño a la presidenta suspendida del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, tras haber sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a cuatro años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo.
La JEC aún no ha redactado esta resolución y no la ha comunicado a las partes, aunque fuentes de este órgano han asegurado a EFE que con casi total probabilidad esta será la decisión final del árbitro electoral. Las mismas fuentes también han explicado que la JEC ordenará a la Cámara que retire el acta a Borràs y expedirá la acreditación de diputado al siguiente de la lista de JxCat en las pasadas elecciones autonómicas.
Con esta decisión, la JEC rechazaría las alegaciones presentadas por la propia Borràs y por el Parlament, a los que dio diez días para que manifestara su disconformidad con la retirada del escaño. Los letrados de la Cámara catalana alegaron que privar a Borràs del derecho de participación "exige que la sentencia condenatoria de inhabilitación sea firme".
Borrás está condenada por el TSJC a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por adjudicar contratos a dedo a un amigo durante su mandato al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y también tiene condena por delitos de prevaricación y falsedad documental, aunque el tribunal propuso al Gobierno el indulto parcial para que pueda evitar la prisión.
El Parlament alegó que la JEC no es competente
El Parlament presentó el pasado viernes alegaciones ante la JEC sobre el acta de Borràs en las que argumentaba que la competencia para decidir sobre la "incompatibilidad" de los diputados es de la Cámara regional.
La JEC dio un total de diez días hábiles a la Cámara catalana para que comunicara qué decisión tomará sobre la retirada o no, un plazo que finalizaba dicha jornada.
Junto al escrito de alegaciones, el Parlament remitió a la JEC los acuerdos de la Mesa en los que suspendió a Borràs de sus derechos "de manera provisional, con una finalidad garantista.
En las alegaciones, el Parlament argumentaba que el caso de Borràs "no responde propiamente a una situación de inelegibilidad, sino a una situación de incompatibilidad", ya que "afecta al ejercicio de un cargo electo mas allá del proceso electoral".
Además, los letrados alegaban que privar a Borràs del derecho de participación "exige que la sentencia condenatoria de inhabilitación sea firme".
"No existe, pues, ningún mandato que pueda desprenderse de la sentencia del TSJC por el que alguna autoridad esté obligada a "ejecutar" la condena de inhabilitación. La efectividad de la pena se producirá cuando la sentencia sea firme", indicaban en el escrito.
La Mesa suspendió a Laura Borràs "provisionalmente"
Junto al escrito de alegaciones, el Parlament remitió a la JEC los acuerdos de la Mesa en los que suspendió a Borràs de sus derechos "de manera provisional, con una finalidad garantista, con una vigencia hasta una eventual sentencia firme", de acuerdo a lo que estipula el reglamento de la Cámara.
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