El Tribunal Superior de Justicia Catalana (TSJC) ha condenado a la consellera de Acción Exterior de la Generalitat Meritxell Serret i Aleu como autora de un delito de desobediencia en la organización el 1-O con 12.000 euros de muleta a pagar durante 8 meses y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, tanto en el ámbito estatal, autonómico o suprenacional como para el ejercicio de funciones de Gobierno en el ámbito estatal, autonómico o local por el tiempo de un año. La resolución también obliga a Serret a pagar las costas.
En el juicio reclamó su absolución, dijo que actuó obedeciendo el "mandato democrático" de la mayoría independentista del Parlament favorable al 1-O, y sostuvo que consultar a la ciudadanía no fue un delito.
La Sala considera probado que, cuando no había sido nombrada miembro del Govern, se inició "un proceso de independencia y de creación de una República catalana de acuerdo con las formaciones políticas surgidas de dichas elecciones y en cuyo programa llevaban dicho ideario y finalidad". Tras las elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015, se nombró a Serret consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, y fue cesada el 27 de octubre de 2017.
"Deber de impedir o paralizar"
En marzo de 2017, cuando ya estaba en el cargo, por providencia del Tribunal Constitucional (TC) se indicó a todos los miembros del Govern "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que pudiera suponer, ignorar o eludir la suspensión acordada". También se les notificó que se abstuvieran "especialmente de licitar, ejecutar o fiscalizar contratos administrativos licitados por la Generalitat instrumentales para la preparación del referéndum".
La sentencia constata que el 9 de junio de 2017, el entonces presidente Carles Puigdemont anunció la fecha y pregunta del 1-O: '¿Quiere que Catalunya sea un estado independiente en forma de República?'.
En septiembre de 2017, Serret, junto a los otros miembros del Govern que han sido objeto de enjuiciamiento en otra causa ante el Tribunal Supremo (TS), "desatendió de forma consciente el requerimiento del TC" y firmó el decreto de convocatoria, aunque el TC suspendió su aplicación y declaró la inconstitucionalidad y nulidad.
Pere Aragonès le apoya
"La acusada era perfecta conocedora de la ilegalidad de todas las decisiones que le fueron objeto de notificación y requerimiento por parte del TC, ignorando de forma consciente y deliberada lo ordenado por dicho TC, decidiendo, por ello, no llevar a cabo actuación alguna para dejar sin efecto las normas impugnadas", añaden los magistrados. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mostrado su apoyo a la consellera de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, después de este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la haya condenado a un año de inhabilitación por desobediencia en la organización y celebración del 1-O, y ha afirmado que mantendrá sus funciones institucionales: "La sentencia no es firme".
Lo ha dicho durante una visita institucional a la desalinizadora del Llobregat en El Prat del Llobregat (Barcelona), junto a la consellera de Acción Climática, Agricultura y Alimentación de la Generalitat, Teresa Jordà, y el director de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, entre otras autoridades. Ha recordado que la sentencia del TSJC viene derivada de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) a los líderes del 1-O, a las que ha tildado de "sentencias políticas porque se persigue una actividad política", y ha afirmado que acudirán a los tribunales internacionales para defender los derechos de Serret.
