La adhesión al proyecto independentista está de capa caída en Cataluña. Tras los años álgidos del procés, los jóvenes de 18 a 24 años son los menos adeptos a la causa promovida por los sucesivos gobiernos de la Generalitat así como las familias con menos ingresos, que suelen ser también las que tienen el castellano como lengua madre. Así se desprende de un nuevo estudio del Observatori Electoral de Cataluña, vinculado a Societat Civil Catalana, que aborda el apoyo a la secesión desde 2006 a 2021.
Con todo, han sido principalmente la clases medias y catalanohablantes, votantes tradicionales de la extinta CiU y otros partidos nacionalistas, quienes se pasaron en masa a apoyar la secesión en la medida que sus partidos de referencia se declaraban independentistas. En 2017, la propuesta independentista lograba su mayor apoyo en las urnas, pero después ha ido perdiendo fuelle y nunca han logrado superar el 37% del censo electoral.
"Las elecciones donde más nítidamente se reflejó la fuerza potencial del nacionalismo fueron las elecciones autonómicas de 2017", explican desde Societat Civil Catalana. En aquellos comicios autonómicas el secesionismo consiguió 2.079.340 votos de un total de 4.357.368 votos válidos (47,7 %) de un censo electoral de 5.554.455 de personas (37,4 %).
Sin embargo, la ruptura sentimental debida al plan rupturista muestra tres variables clave: la parte del territorio, la lengua materna y los medios de comunicación de referencia. En este sentido, se observa que el secesionismo no se reparte de forma homogénea en toda la geografía catalana: Los nacionalista cosechan los sufragios en el 76 % municipios, pero representa solo un 20% del censo electoral catalán.
De hecho, Gerona es la única capital provincial donde el voto es predominantemente nacionalista. En la zona metropolitana de Barcelona, así como en la propia capital catalana y el resto de capitales de provincia (Tarragona y Lérida) la mayoría de sus ciudadanos se decanta por opciones constitucionalistas. En el caso de Barcelona, además, es donde más concentración de habitantes hay, pese a que el sistema electoral español, con la Ley D'Hondt, favorece el voto de las zonas menos pobladas.
El secesionismo es elevado en pequeñas localidades del interior (Santa Cecília de Voltregá: censo electoral 163, voto secesionista 89,0 %). En el litoral, grandes núcleos urbanos y zonas limítrofes con otras regiones el voto secesionista cae (Badía del Vallés: censo electoral 10.560, voto secesionista 14,5 %).
El presidente de la entidad, Fernando Sánchez Costa, ahonda en la cuestión: "el procés se resume en el desplazamiento de las clases medias catalano-hablantes del catalanismo al independentismo durante los años 2011 y 2014, empujadas por la conversión de Convergencia y por el giro de determinados medios de comunicación públicos y concertados".
Barrera lingüística
A partir de los datos electorales de 2017, se constata que las áreas con menor porcentaje de voto secesionista se corresponden con las zonas con un menor uso del catalán, según la Encuesta de usos lingüísticos de la población de Cataluña, 2018. "El procés es un chovinismo del bienestar, un movimiento escapista y utópico de las clases medias lejano a los problemas de las clases humildes, que se muestran mucho más leales a la idea de España", abunda Sánchez Costa.
El plan rupturista iniciado por Artur Mas también ha representado un punto de inflexión sobre el sentimiento de pertenencia y la ubicación ideológica de los catalanes. Antes de la aventura secesionista tanto castellanohablantes como catalanohablantes estaban más próximos en lo relativo a la identidad y en su posición ideológica.
A partir de 2012 se experiencia un cambio brusco: hay un descenso acusado del porcentaje de catalanes con sentimiento dual (Esp=Cat); un aumento acusado del porcentaje de catalanes con sentimiento extremo solo Catalán (Cat). Y, paradójicamente, no se aprecia ningún aumento del porcentaje de sentimiento extremo solo Español (Esp).
Pese a todo, la mayoría de catalanes (39,2%) mantienen un sentimiento dual y se sienten "tan español como catalán", frente a un 23,5%, que se sienten solo catalanes y un 20,1% que se sienten más catalán que español. En contraste, solo un 4,1% se siente "más español que catalán" y solo español un 6,7%.
Los jóvenes, menos independentistas
En tan solo seis años, el apoyo al procés se ha desinflado entre los más jóvenes, de 18 a 24 años. Si hace una década, el movimiento independentista parecía imparable por el apoyo a los jóvenes, ahora ha quedado como una causa que defienden, eminentemente, funcionarios y jubilados.
Los datos del gráfico anterior son del conjunto de la población, sin segmentar por lengua. El grupo más joven, más plástico, presenta en su conjunto un claro soporte a la baja. El grupo más veterano después de un período creciente, empieza a reducir el soporte a la secesión. Los demás grupos de edad presentan comportamientos intermedios entre ambos.
El papel de los medios públicos catalanes
La ciudadanía representada en color verde (42,6 % censo) tiene el castellano como lengua materna y no siguen TV3 ni Catalunya Ràdio. El apoyo a la secesión es minotario (16,7 %). En cambio, la ciudadanía representada en color rojo (23,3 % censo) tiene como lengua materna el catalán y es seguidora de los medios públicos catalanes. Entre este grupo, el apoyo a la secesión es masivo (85,8 %).
Estos datos han motivado que Societat Civil Catalana quiera penetrar en las zonas rurales para que crezca la influencia del constitucionalismo: "Los datos demuestran la estrecha relación entre lengua materna y sentimiento nacional, así como la influencia inconstestable de TV3. Por eso es tan importante que los constitucionalistas avancemos también en ámbitos catalano-hablantes fuera del área metropolitana de Barcelona", apostilla el presidente de la entidad.
Curiosamente, también hay una diferencia en la mediana estimada de los ingresos familiares mensuales netos en ambos grupos lingüísticos, que no se ha visto reducido con la crisis económica. La media de ingresos en familias catalanohablantes al mes no ha sido desde el 2006 inferior a los 2.500 euros mensuales, mientras que sí ha bajado de esta cifra en el caso de familias castellanohablantes.
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