El Ministerio de Hacienda "vigilará" todas las actuaciones del embrión de la Agencia Tributaria propia de Cataluña, un organismo llamado a gestionar y controlar todos los tributos, cedidos y no cedidos, que se pagan en la Comunidad Autónoma.
La Generalitat de Cataluña, en tiempos de Artur Mas, llegó a pedir a los trabajadores y empresas que les cedieran todos sus datos fiscales sin tener competencias para ello. Fue en 2014, en pleno desafío separatista y con un referéndum por el que el ahora expresidente de la Generalitat estaba en riesgo de ser embargado para abonar la fianza impuesta por el Tribunal Constitucional. Desde entonces, la Generalitat más radicalizada con Carles Puigdemont y Quim Torra no han vuelto a realizar ningún hecho similar.
El Departamento de Economía, dirigido por Pere Aragonés, sí rescata la idea original del equipo de Mas, aunque de momento solo se refieren a las empresas e instituciones públicas un año después del fin del 155. El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro había desmontado esta infraestructura tras controlar las cuentas catalanas.
"Las administraciones tributarias autonómicas, como la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), tienen competencia para gestionar los tributos propios y los tributos estatales cuya recaudación se cede íntegramente a las Comunidades Autónomas, como es el Impuesto de Sucesiones o Donaciones, entre otros", recuerdan desde el Ministerio a preguntas de Vozpópuli.
En el mismo sentido, han advertido que la única responsable de "recaudar, comprobar, liquidar y si es necesario, imponer sanciones en el resto de tributos, entre los que destacan por su importancia el IRPF, el IVA o el Impuesto sobre Sociedades" es la Agencia Tributaria estatal. "En estos impuestos las administraciones tributarias autonómicas no tienen ninguna competencia en su gestión", han advertido.
Centralización del pago de impuestos
Desde la Consejería de Economía niegan la mayor. "No se trata de ningún embrión de una Hacienda pública propia", han asegurado a Vozpópuli. "Se trata de recortar gastos, poner un criterio único con el fin de reducir la litigiosidad del Estado", han añadido. Las fuentes consultadas hacen referencia expresa al espinoso asunto del IVA a TV3 y Catalunya Radio, un duro golpe dado por el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en pleno 155. La Agencia Tributaria reclamó 167 millones de euros por las deducciones del IVA realizadas durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017. En 2018, la televisión pública catalana entró en pérdidas, también por la caída de empresas de publicidad. Vicent Sanchís, director de la matriz de ambas empresas, acusaba a Montoro de querer "liquidar" a ambas empresas.
Tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa se puso fin hace doce meses al 155 de la Constitución, y es ahora cuando Aragonés retoma la centralización del pago de impuestos tras tres años de prórroga presupuestaria. Para el vicepresidente catalán, el embrión de la Agencia Tributaria propia fue suprimido de "forma arbitraria". Íñigo Méndez de Vigo, entonces ministro de Educación con Mariano Rajoy, había asegurado que se trataba de una "estructura de Estado", un término utilizado por los nacionalistas catalanes al referirse a medidas, infraestructuras o entes clave para conseguir la independencia.
Las mismas fuentes de la Consejería aseguran que se trata de "unificar" todo el pago de impuestos y los "criterios jurídicos" para "facilitar los trámites" y reducir así las demandas del Estado. La Generalitat asegura que a este plan se pueden sumar entes públicos ajenos a su competencia, como Ayuntamientos y Diputaciones, pero "tendrían que decidirlo por separado".
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