La visita de esta mañana del president Illa al Rey en el Palacio de la Zarzuela se enmarca en la “normalidad institucional” que reivindica con insistencia el nuevo Ejecutivo catalán. Después de nueve años en los que sus sucesores —Puigdemont, Torra y Aragonès— rechazaron reunirse con Felipe VI en sus primeros días al frente de la Generalitat, Salvador Illa ya es la segunda vez que lo hace, tras acudir el pasado 29 de agosto a recibir al monarca en Barcelona durante la inauguración de la Copa del América. Además, ha recuperado la bandera española en su despacho de la Generalitat y alguno de sus consellers, como el de Acción Exterior y Unión Europea, Jaime Duch, alternó el castellano con el preceptivo catalán en su presentación en Bruselas.
Esta escenografía amable con los símbolos constitucionales—que ya inauguró un año atrás Collboni desde el Ayuntamiento de la capital catalana al visitar al Rey tras los desplantes de Colau— se alterna por parte del nuevo Govern con algún que otro guiño simbólico al secesionismo, como cuando Illa tomó posesión del cargo como 133º presidente de la Generalitat —haciéndolo, mantuvo una ficción nacionalista según la cual el cargo se remonta al medievo y no a 1931, momento en el que se creó la institución de autogobierno—. Pero los gestos constitucionalistas representan la novedad. Una novedad, sin embargo, que choca con su despliegue de políticas inequívocamente nacionalistas y que bien podrían haber puesto en marcha Junts y ERC.
Sin ir más lejos, el antes aludido conseller Duch anunció la semana pasada el refuerzo de las caras y cuestionadas embajadas catalanas, con las que el Ejecutivo del PSC pretende “normalizar” el uso del catalán en la UE y cumplir así con lo pactado con neoconvergentes y republicanos.
Asimismo, también en el terreno lingüístico, el PSC no solo ha tomado ninguna medida para revertir el monolingüismo en catalán en la Educación y la Administración, sino que ha creado una consejería de política lingüística cuyas tesis excluyentes coinciden con las de Junts y ERC y ha desvelado que desobedecerá las sentencias judiciales del 25% de español escolar.
Sin olvidar, por descontado, su aportación más polémica, el concierto económico catalán —pese a que el Ejecutivo se niegue a denominarlo así—, pactado con ERC a cambio de la investidura y con el que los socialistas satisfacen la vieja aspiración nacionalista de recaudar todos los impuestos en Cataluña y reducir sustancialmente la redistribución con el resto de España. Pese al rechazo que suscita en otras comunidades y en el constitucionalismo catalán, la nueva consejera de Economía y Finanzas Alicia Romero lo vindicó este lunes recordando que se «inspira en el Estatuto de 2005» —tumbado por el Tribunal Constitucional— y que era un buen momento para materializarlo porque el Gobierno central está en sintonía.
En cuanto al encuentro de Illa con el Rey, la portavoz Sílvia Paneque insistió ayer en que éste se enmarcaba dentro de la normalidad institucional, y justificó que mantener “buenas relaciones” y un “lenguaje institucional” resultaba clave para hacer “avanzar Cataluña”.
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