Entregar un 18% de la inversión del Gobierno en infraestructuras a Cataluña es una medida para contentar a los separatistas, pero fue tumbada por el Tribunal Constitucional en la ejemplar sentencia de 2010.
El Gobierno de Pedro Sánchez otorgará este privilegio al Gobierno de Quim Torra para que permita aprobar definitivamente las cuentas de España. De hecho, el Ejecutivo, a través de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vendido estos Presupuestos como "el antídoto" a Vox y "muy buenos" para Cataluña.
En términos absolutos, los Presupuestos contemplan la cesión de unos 1.700 millones de euros adicionales para Cataluña, reactivando así los agravios para con el resto de España, más cuando Madrid, con una aportación superior a Cataluña, no percibirá proporcionalmente más.
Montero ha afirmado que sin Presupuestos, Cataluña no tendría acceso a casi 1.000 millones de euros de entregas a cuenta, ni podría aumentar el techo de déficit, otros casi 500 millones de euros. Ademas, de intentar cumplir con la disposición adicional tercera, pese a la inconstitucionalidad de la misma.
Privilegios tumbados en 2010
De esta forma, el Ejecutivo socialista ha rescatado los privilegios tumbados por los jueces por unanimidad. Cabe recordar que los socialistas catalanes encabezaron la manifestación del 10 de julio de 2010 bajo el lema: "Somos una nación. Nosotros decidimos". El PSC gobernaba entonces con el apoyo de ERC e ICV, un tripartito que dio paso a un Gobierno de CiU, que se apoyó en las abstenciones de PP y el apoyo del PSC para sacar adelante los dos primeros años de legislatura.
Los partidos nacionalistas y el PSC habían incrustado en el nuevo Estatuto de Autonomía la denominada Disposición Adicional Tercera, tumbada por el Tribunal Constitucional hace casi ocho años. En ese texto, que el Gobierno socialista de Zapatero había prometido aprobar, se había afirmado: "La inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un período de siete años". Es decir, Cataluña percibiría entre el 18% y el 20% de la inversión. Si cada Comunidad Autónoma percibiera la misma proporción, el Estado se quedaría sin poder cubrir las inversiones correspondientes en esta partida. Asimismo, una de los privilegios que escondía este punto del Estatuto era la capacidad para liberalizar tanto los peajes como la construcción de autovías alternativas.
Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales"
En la sentencia del TC se deja claro que "plantearía también problemas desde el punto de vista presupuestario, pues se pretende vincular a las Cortes Generales, durante siete años, en la política inversora que se materialice anualmente en los presupuestos generales del Estado, con clara infracción" de la Constitución. Concretamente del artículo 134.1, que reza: "Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación".
Socialistas e independentistas, de la mano
Desde la sentencia del TC, los partidos separatistas y el PSC han exigido la puesta en marcha del Estatuto tumbado por el Alto Tribunal. Los políticos de CiU, entonces con Josep Antoni Duran Lleida a la cabeza, reiteraban en la Tribuna del Congreso la petición al Gobierno de Zapatero de poner en marcha la Disposición Adicional Tercera, junto al resto del articulado inconstitucional. Los socialistas habían prometido aprobar este Estatuto, donde entre otros, se aseguraba que Cataluña era una "nación" o que el Tribunal Superior de de Justicia de la región era la máxima autoridad en esta competencia, al tiempo que el catalán fuera la única lengua vehicular.
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