La amnistía ya beneficia al PSC. La Audiencia de Barcelona ha amnistiado a los dos extenientes de alcalde del PSC en Pineda de Mar (Barcelona), la ciudad natal de Pere Aragonès, después de que aceptaran un año de cárcel por coaccionar a una cadena hotelera para que expulsara a 500 agentes de la Policía Nacional alojados en el municipio por el 1-O. En concreto, se trata de los exconcejales Carme Aragonès y Jordi Masnou, de acuerdo con el criterio de sus defensas y de la Fiscalía, al concluir que los hechos se enmarcan "claramente" y encajan "sin ningún género de dudas" con la ley del olvido penal.
Como recoge el auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, los hechos ocurrieron en 2 de octubre de 2017, cuando se dieron concentraciones por parte de grupos independentistas frente al hotel Checkin Mont-Palau para protestar por el alojamiento del contingente policial, creándose "situaciones de tensión, lo que motivó que, sobre las 21 horas, Aragonès como primera teniente alcalde y concejal de Promoción Económica a llamar al hotel y preguntar por el director para acudir a visitarle. Tanto ella como Masnou acudieron al hotel, increpados por los manifestantes.
Amenazas al equipo directivo
Fue entonces cuando al Aragonès le expresó al directivo que los miembros de la Policia Nacional tenían que ser desalojados, "manifestándole al director que deberá hacerselo saber al gerente de los hoteles". Fue entonces cuando el directivo se negó a realizar ese desalojo por tratarse de un servicio contratado. Fue entonces cuando Masnou contestó que se trataba de un requerimiento que cabía hacer "si o si", bajo amenaza de que si no accedían iban a tener problemas en caso de "solventar deficiencias administrativas del hotel y que las licencias para ello podrían demorarse hasta cinco años".
De esta forma, la Audiencia amnistía a los dos extenientes de alcalde y declara extinguida su responsabilidad penal, con lo que da por finalizado el proceso de ejecución de la condena -que estaba suspendido desde mayo de 2023-, y además elimina sus antecedentes penales derivados de esta causa.
Al arrancar el juicio, los dos extenientes de alcalde aceptaron una condena de un año de cárcel y otro de inhabilitación por un delito de coacciones, mientras que el entonces jefe de la Policía Local de Pineda, Carles Santacreu, que también estaba acusado por los mismos hechos y rechazó un pacto, acabó siendo absuelto.