"No lo dirán, pero han regresado al inicio del procés; a las estructuras de Estado para Cataluña que pedía Artur Mas". Así resume un veterano de la política catalana las últimas competencias rendidas por el Gobierno a los partidos separatistas en Cataluña. Y en concreto la de inmigración. "La diferencia es que en 2012 actuaron de forma unilateral hasta el choque del 1-O y ahora las cesiones se obtienen con la legitimidad de hacerlo a cambio de la gobernabilidad de España", añade.
Pedro Sánchez ha entregado las competencias de inmigración a Cataluña a cambio de salvar la primera gran votación de la legislatura. El Gobierno dice que entregará estas políticas a través de una ley orgánica.
Además, se ha comprometido a incentivar el regreso de las empresas a Cataluña que salieron a miles durante el procés y a publicar las balanzas fiscales de las comunidades, paso previo a la negociación de un cupo catalán.
Cataluña busca estructuras de Estado
El separatismo está haciendo valer el peso de sus diputados. Y no sólo para los indultos y ahora para la amnistía para Puigdemont y centenares de condenados y procesados del independentismo por delitos que van desde la malversación al terrorismo.
Inmigración, política exterior y ciertos aspectos de gestión económica tienen en común que son materias de política de Estado, reservadas por tanto al Gobierno. El objetivo del independentismo es hacerse con la gestión de estas competencias para que, después, sea más fácil la "desconexión".
El control de la inmigración, que puede incluir nuevas funciones de seguridad para su Policía autonómica, y la Hacienda propia son parte de esas "estructuras de Estado" de las que quiere dotarse para celebrar un referéndum de independencia. El objetivo, en esta ocasión, es que se lo entregue Sánchez y no tengan que llevar la situación al límite como en 2017.
Lo más llamativo, según fuentes de la oposición en el Parlament de Cataluña, es que todo esto lo está consiguiendo con mucho menor apoyo electoral que en aquellos años. "Hay que recordar que los resultados de Junts y ERC en las generales del 23-J fueron muy malos", dicen estas fuentes.
A todo este carro obtenido en la negociación contrarreloj de los decretos, se une el crecimiento imparable de su acción exterior. La multiplicación de sus delegaciones por el mundo -más del doble que antes del 1-O- y la creación de una especie de cuerpo diplomático busca asegurar la pata internacional de la independencia, donde cosecharon muchos reveses en su intentona separatista anterior.
El Gobierno todavía no se ha pronunciado sobre estos funcionarios catalanes de acción exterior. La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), la mayoritaria de la carrera, sí expresó su preocupación por este proyecto de la Generalitat en un comunicado publicado hace unos meses.
La diputada del PP Ana Vázquez ha denunciado que estas delegaciones en el extranjero podrían actuar ofreciendo visados si la Generalitat asume las competencias de inmigración. Pero esa situación se antoja ahora mismo imposible. Y en todo caso los únicos visados que podrían expedir, si les dejan, serían de ciudadanía española.
Letra pequeña en inmigración
La otra cara de esta moneda es el choque permanente entre Puigdemont y ERC por ponerse las medallas de lo que pactan con Sánchez. En el caso de la inmigración, por ejemplo, se trata de una gestión que ahora mismo correspondería a los republicanos, que controlan la Generalitat.
De hecho, la consejera de la Presidencia del Gobierno catalán, Laura Vilagrá, ha asegurado que la Generalitat ha pedido al Gobierno conocer "la letra pequeña" del traspaso en materia migratoria. "Solo hay unos compromisos difusos, no hay concreción ni letra pequeña", ha dicho Vilagrá. "Los independentistas siempre queremos tener todas las competencias".
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, tampoco ha dado detalles sobre qué competencias se cederán a Cataluña. Pero ha precisado que tendrá que hacerse a través de una ley orgánica, que requiere el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso.
"Si hay una delegación de competencias en materia de inmigración, pues lógicamente lo que hoy asume el Estado, como la Constitución permite y así lo plantea expresamente nuestro texto constitucional, se puede delegar en una comunidad autónoma, como va a ser el caso en materia de inmigración", ha dicho.
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