El retraso de la tramitación de la Ley de la Amnistía, que Junts ha tumbado y vuelve a la Comisión de Justicia, no altera los planes del líder del partido independentista, Carles Puigdemont. El expresidente de la Generalitat tiene los ojos puestos en el 6 de junio, fecha donde arrancan las elecciones europeas, para revalidar el escaño de eurodiputado. Es lo que tiene más sentido, según fuentes del partido. En el peor de los escenarios y si la amnistía no llega a tiempo, el partido juega con la baza de la irregularidad con la que se asentó el precedente de la acreditación de Puigdemont, Comín y Ponsatí, cuando no juraron el acta en España por su condición ante la Justicia española.
Todo este tiempo han estado en situación irregular. El Tribunal General de la UE dictó sentencia y validó la decisión del expresidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, de denegar el acta a los tres mandatarios secesionistas por no haber ido a España a jurar su acta. Sin embargo, la decisión fue revocada por el sucesor al frente del Parlamento Europeo, David Sassoli, en enero de 2020. Finalmente, los servicios jurídicos del Parlamento Europeo reconocieron en 2022 que "probablemente" la decisión de Sassoli fuera ilegal. Y este resquicio es el que aprovecha Puigdemont y su equipo de abogados, el tiempo de resolución jurídica, entre recurso y recurso.
En este juego de encajes y ambigüedades, fuentes de la Eurocámara aseguran que la amnistía es una tema que se enmarca únicamente en España y que nadie sabe lo que pasará después de las elecciones ni la composición que tendrá la cámara. La institución parlamentaria de la Unión Europea no se preocupa, más allá del ruido mediático que esto pueda generar. Sin embargo, tanto la amnistía como los comicios europeos son realidades paralelas que se entrecruzan y afectan a la condición de eurodiputado de Puigdemont. Como ha expresado Adrián Vázquez, diputado de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, la Ley de Amnistía no solo eliminaría las causas penales de Carles Puigdemont sino que le permitiría regresar a España y jurar su acta como eurodiputado de cara a las europeas en junio. Sin embargo, el retraso de todo el trámite de la amnistía, que por lo menos se amplía a un mes más tras tumbarla el Congreso, no augura un futuro claro.
La Ley de Amnistía no solo eliminaría las causas penales de Carles Puigdemont sino que le permitiría regresar a España y jurar su acta como eurodiputado de cara a las europeas en junio.
Como fuere, si no puede regresar a España a recoger su acta, como ya ha pasado, volverá a estar en situación irregular. Podrá volver a ser candidato, aunque queda abierto cómo será el proceso de toma de posesión del escaño. En este sentido, evitar más 'fugas' parlamentarias será el principal objetivo de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara hasta el fin de la legislatura europea, tal y como ha declarado Vázquez: “Mi compromiso es seguir trabajando para que la Cámara garantice que no se le vuelve a conceder su escaño en el Parlamento en situación irregular. Ni a él ni a ningún otro diputado que no haya seguido los cauces legalmente establecidos para la adquisición de su escaño”.
En septiembre, Vázquez ya envió una carta a la actual presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, instándole a que suspendiera los privilegios del líder de Junts hasta que regularizara su situación jurídica en España ya que la Junta Electoral Central había informado a la mandataria que ninguno de los tres huidos de la Justicia había acatado la Constitución como eurodiputados. Algo que es "requisito de obligado cumplimiento" y por lo que el organismo no había otorgado las credenciales. La Comisión de Asuntos Jurídicos seguirá trabajando para que la Eurocámara resuelva la situación tanto de Puigdemont como de Comín y Ponsatí.
Pendientes de la resolución del TGUE
Paralelamente, cabe recordar el varapalo que recibió Puigdemont en julio cuando el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) desestimó su recurso y el de sus consejeros contra la retirada de su inmunidad como europarlamentario. La decisión supuso un duro revés para el expresidente catalán, que recurrió el falló ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En su sentencia, el TGUE desestimaba todos los motivos formulados por los tres diputados y muy en particular las alegaciones según las cuáles el Parlamento incurrió en error al concluir que el proceso judicial no se incoó con la intención de dañar la actividad de los diputados. El recurso está pendiente de resolverse por el TGUE, que probablemente dictaminará cuando acabe la legislatura europea.
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