Carles Puigdemont y el resto de políticos fugados por la justicia estudian unir esfuerzos para presentar este agosto alegaciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con el fin de que Estado no pueda reactivar las órdenes de detención europea después de que la justicia comunitaria haya retirado la inmunidad del expresidente de la Generalitat y de los eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí.
El juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, presentó una cuestión prejudicial ante el TJUE de siete preguntas con el fin de que la justicia comunitaria delimitara los motivos por los que un Estado miembro como Bélgica podría rechazar la entrega del exmandatario catalán y el resto de huidos. El equipo legal de Carles Puigdemont decidió en ese momento personarse en la cuestión prejudicial elevada por Llarena con el fin de que el alto tribunal sentara jurisprudencia en base a la sentencia firme del Tribunal de Apelaciones belga, que rechazaba la entrega del exconsejero de Cultura Lluís Puig.
Ahora, tras el varapalo judicial de Europa en el asunto de la inmunidad, quieren anticiparse a la estrategia del Tribunal Supremo intentando que el TJUE priorice la "defensa de los derechos fundamentales" de los políticos catalanes en el funcionamiento de las euroórdenes.
Marta Rovira y Anna Gabriel
En este sentido, no son únicamente los eurodiputados afectados por la retirada de su inmunidad quienes quieren presentar estas alegaciones a mediados de agosto para evitar lo que consideran una "persecución por motivos políticos" por parte de los jueces españoles. También las defensas de Marta Rovira, secretaria general de ERC, y Anna Gabriel (CUP), afincadas en Suiza, quieren participar en este escrito con el fin de frenar cualquier tentativa del juez instructor de la causa del procés de limitar su movilidad si visitan países miembros de la Unión Europea.
En la interlocutoria presentada por Llarena se hacía referencia a la dirigente de ERC huida al país helvético cuando sostenía que "lo que resuelva el TJUE" con respecto a la euroorden se pudiera "reiterar contra Marta Rovira". El magistrado no se limitaba a preguntar si, en el caso de Lluís Puig, el único de los fugados con sentencia en firme por un Estado miembro, se podía volver a pedir una euroorden, sino que además añadía que la respuesta que obtuviera del alto tribunal comunitario determinaría si se debían mantener o retirar las euroórdenes así como si se debían reformular y presentarlas de nuevo.
Hasta la fecha, los políticos fugados han aprovechado la parálisis en este mecanismo de confianza mutua que representan las euroórdenes para acudir a actos políticos en países como Francia. Si Anna Gabriel viajó por sorpresa hasta Elna (Francia) el pasado 16 de julio para participar en un acto de Òmnium Cultural, Puigdemont y el resto de eurodiputados han hecho numerosos eventos en la misma zona del sur de Francia en favor de la independencia. La que más ha limitado sus movimientos ha sido Rovira, que reside en Ginebra. Y, desde la vuelta de Meritxell Serret (ERC) desde Waterloo, en el partido trabajan también para su regreso.
Las defensas se unen
Las defensas de todos los fugados estudian ahora cómo colaborar para que su escrito de alegaciones sea efectivo. Como informó Vilaweb, las "aportaciones" de Rovira y Gabriel pueden ser clave en el proceso de la cuestión prejudicial en el que ya llevan tiempo trabajando los letrados de Puigdemont, Ponsatí y Comín.
Según ha podido saber Vozpópuli, una de sus líneas de defensa pasa por recordar al TJUE que en su decisión de retirar la inmunidad se argumentaba que no había peligro de detención al permanecer congeladas las órdenes de detención europea. Y que los eurodiputados podían seguir viajando a Francia para participar cada mes en el pleno del Parlamento Europeo que se celebra en Estrasburgo sin riesgo de ser detenidos. Además, pondrán de relieve que si "cambian las condiciones" ´-es decir, si Llarena pide reactivar las euroórdenes- el TJUE puede "evaluar nuevas cautelares" para que los eurodiputados nacionalistas recuperen su inmunidad. Se trata, en definitiva, de abortar cualquier tentativa del Estado español de pedir la entrega de cualquiera de los fugados.
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