Carles Puigdemont ha pedido al Tribunal de Cuentas que suspenda el juicio del próximo 17 de noviembre sobre los gastos del referéndum ilegal en el extranjero. El expresidente catalán, que acaba de ser imputado en la Audiencia Nacional por delito de terrorismo, sostiene que, de mantenerse la cita en la que se dilucidará si hubo malversación de más de 5 millones de euros con el procés, tiene que suspenderse para evitar que se vulneren sus derechos.
El expresidente catalán explica en un escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli que el Tribunal de Cuentas no puede pronunciarse sobre la responsabilidad contable mientras no haya sentencia firme del Supremo en relación a estos hechos. El máximo órgano fiscalizado mantiene la cita del viernes 17 de noviembre en la que Puigdemont, Más y otros líderes del procés afrontan una petición de más de 5 millones de euros por las acciones del procés en el extranjero.
La defensa de Puigdemont sostiene que el juicio del Tribunal de Cuentas vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva puesto que se le va a pedir una responsabilidad contable por unos hechos que todavía siguen vivos en la vía penal. El Supremo procesó al expresidente catalán por el 1-O y la declaración unilateral de independencia, si bien no ha podido juzgarle por encontrase en rebeldía.
Puigdemont alude al Supremo
En plena negociación de la amnistía, Puigdemont ha pedido que se suspenda este juicio al considerar que sin haberse agotado la vía penal no le pueden pedir responsabilidades económicas. "La existencia de una prejudicialidad penal impide la continuación del presente procedimiento en tanto en cuanto no se sustancie el proceso penal que, como es notorio, afecta a mis representados", reza el escrito que se emite también en nombre de Antonio Comín.
Al respecto el letrado Gonzalo Boye explica que, el hecho de que la actuación del Tribunal de Cuentas sea compatible con la vía penal, no quiere decir que se puedan llevar a cabo de manera simultánea. Esto es; que para acudir al juicio señalado para la semana que viene, el Tribunal Supremo se tendría que haber pronunciado sobre la responsabilidad penal de Puigdemont en este asunto.
"Si bien un verdadero enjuiciamiento contable puede ser compatible con el enjuiciamiento penal, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, la acción contable, como la acción civil, de conformidad con el artículo 111 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sólo se puede ejercer con separación cuando exista sentencia firme en la jurisdicción penal, cuando se trata de unos mismos hechos", reza Puigdemont.
La amnistía
Cabe recordar que, tras la sentencia en firme por la condena a Oriol Junqueras y el resto de líderes del procés que sí fueron juzgados, el máximo órgano fiscalizador abrió el proceso para depurar la responsabilidad contable de los gastos que ocasionó la consulta ilegal y que se sufragaron con fondos públicos. En este caso actúan en su condición de demandantes la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana, órganos que no han solicitado la modificación del calendario establecido.
La demanda se dirige contra Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas y una treintena de exconsejeros catalanes a los que la Fiscalía acusa de desviar 3,4 millones de euros con la defensa de su causa en el exterior. Sin embargo, la ley de amnistía, erigida como la clave para avalar la investidura de Pedro Sánchez, prevé exculpar de cualquier responsabilidad penal (tanto ejecutada como pendiente de juicio) de la plana mayor del procés, con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras a la cabeza.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación