Sin apoyos y con casi todo en contra. La Generalitat trata de convalidar el decreto del alquiler aprobado en plena campaña electoral para tratar de impedir mayores alzas en los precios. El Consejo de Garantías Estatutarias y Competencia ya han dado un veredicto desfavorable a esta medida debido a la invasión de competencias del Estado y a que tendrá el efecto contrario al deseado, al incrementarse los precios.
El Parlamento autonómico votará este miércoles la convalidación de la medida o su rechazo. La propuesta de la Consejera de Justicia, Esther Capella (ERC), y aceptada por Damià Calvet, consejero de Territorio y Sostenibilidad, no tiene por ahora ningún apoyo más allá de ERC y JxCat. Incluso la CUP se ha opuesto a la medida. Pese al rechazo de la mayoría de la oposición, En Comú Podem aún no ha dejado claro si permitirá la convalidación del decreto. La última vez que hubo rechazo de todos los grupos de la oposición a un decreto se certificó el pasado 10 de abril, cuando la Generalitat retiró su decreto sobre vivienda, mientras que el del alquiler se votará este miércoles.
Todo o nada, a expensas de Cataluña en Comú Podem
La convalidación es el principal y primer paso para tratar este decreto como ley. En este caso, se podrán presentar después enmiendas para modificar el texto, pero se necesitará un fuerte consenso para hacer una a la totalidad. Una vez superado el trámite, la Generalitat podrá vender de nuevo este decreto como la medida más importante para acabar con las subidas del alquiler, aunque todo apunta que tendrá el efecto contrario.
El Consejo Ejecutivo de la Generalitat aprobó la medida tan solo cinco días antes de las elecciones municipales. El objetivo de la ley es contener la subida de precios en los contratos, pero hay numerosas excepciones en la norma, diluyendo su funcionalidad y número de beneficiarios. En plena burbuja del alquiler, que golpea especialmente al Ayuntamiento de Barcelona, la oposición no se contenta ya con mantener a raya los precios, sino que se propone bajarlos ante la situación de ahogo de las familias, que destinan el 50% de los ingresos a este pago.
La formación morada aún no se ha significado y un rechazo sería un nuevo revés para el Gobierno de Quim Torra. Los liderados por Ernest Urtasun tienen claras las consecuencias del decreto, pero deja en manos de los Ayuntamientos identificar las zonas tensas en el mercado inmobiliario. En caso de un rechazo por parte de los 'comunes', ERC tendrá que retirar la medida y sufrir una nueva derrota, aunque dará munición a ERC para atacarles y proseguir con su campaña contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La medida aprobada por la Generalitat tampoco cuenta con el apoyo de PP y Ciudadanos.
Invasión de competencias y subida de precios, los defectos del decreto
"El decreto contiene dos graves defectos", ha considerado la diputada del PSC Rosa María Ibarra a preguntas de Vozpópuli. Para el PSC, la base en la que se sostiene el decreto no sirve para solucionar el problema existente en miles de familias, que ven como sus ingresos se esfuman en las cuotas mensuales. "No estamos en una situación de contención de precios, sino de bajarlos", ha aseverado Ibarra. "Las familias están al máximo de su capacidad", ha señalado.
El PSC recuerda también el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, que ve inconstitucional el texto de la Generalitat, dejando nada más que las propias definiciones del decreto aprobado en mayo. En el informe, a petición de socialistas y Ciudadanos, se estipula que la Generalitat no es competente para limitar la subida del precio del alquiler al 10% del precio de referencia para el alquiler de una vivienda de características análogas en el mismo entorno urbano; así como el cálculo del precio de referencia, para el que la Generalitat ha utilizado un índice propio; la obligación de adjuntar el documento que genera el sistema de indexación informando del índice correspondiente a una vivienda análoga a la arrendada, expresado en euros/m², con sus márgenes inferior y superior; la obligación de dejar por escrito el importe exacto que las partes contratantes consideran precio de referencia dentro de los márgenes expresados por el sistema de indexación; o el artículo que estipula que las partes pueden pactar la asunción por parte del arrendatario de gastos generales y servicios individuales, de acuerdo con la ley.
La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha alertado de las subidas de precio y las "alteraciones significativas" en el funcionamiento competitivo del mercado de la vivienda. "El establecimiento de un precio máximo puede favorecer un alineamiento al alza de los precios de oferta de arrendamientos", ha indicado la institución.
Para Ibarra, la solución al problema del alquiler debe encontrarse entre el Gobierno de España, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, y no por una medida "electoralista" que sirvió a ERC para dar munición a Ernest Maragall en su carrera a la Alcaldía de Barcelona. "Es un flaco favor a la situación de las familias", ha lamentado la diputada socialista, quien ha advertido del posible "efecto contrario" a la contención de precios en el alquiler.
La CUP ha rechazado el decreto y votará en contra del mismo. La formación de extrema izquierda ha señalado también al consejero y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, por la externalización de servicios públicos -como el comedor escolar, que hasta ahora corría a cargo de los AMPAS-.
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