Una vez que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, ha hecho suyo el victimismo independentista catalán, dando alas al propósito de Pere Aragonés de abandonar el régimen fiscal común y recaudar todos los impuestos, se abre la puerta a una comparación de la gestión y resultados de los recursos públicos entre la Cataluña del 'Espanya ens roba' y la comunidad ridiculizada por Montero como del “nacionalismo madrileño” que grita 'Cataluña nos roba'. Limitando ese cotejo al gasto presupuestario y al bienestar procurado a los ciudadanos en sanidad y educación, Cataluña queda muy por encima de Madrid en dinero gastado y medios dispuestos, pero notablemente retrasada en ratios de atención sanitaria y en resultados educativos.
La Comunidad Autónoma de Cataluña (CAT) con una población un 13% superior a la de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) dispone de un presupuesto (41.025 millones €), un 37% mayor que el de la presidida por Díaz Ayuso (25.767 millones €). La falta de correspondencia entre la diferencia de población y el presupuesto es notable en la sanidad, porque la mayor cantidad que destina la Generalitat a ese capítulo no se corresponde con mejor calidad asistencial. En la compleja estructura presupuestaria de la sanidad catalana solo el Servei Català de Salut (CatSalut) más el Institut Català de la Salut (ICS) suman 15.035,07 millones, cifra superior en un 31% a los 10.382,37 millones que destina la CAM al mismo fin.
Esa superioridad económica no se corresponde con la satisfacción por las prestaciones sanitarias: un 55,9% de usuarios catalanes satisfechos, que en el caso de los madrileños se eleva al 56,7%, según el Sistema Nacional de Salud. Unos porcentajes que suben considerablemente en los cálculos de los gobiernos de ambas comunidades aunque manteniendo a Madrid (84,15%) por delante de Cataluña (82,9%).
La sanidad pública de la CAM es objeto de una acusación recurrente de desmantelamiento y privatización por parte de los grupos opositores al gobierno domiciliado en la Puerta del Sol, pero es el gobierno de la plaza de Sant Jaume el que ha promovido una espesa red de entidades públicas, semipúblicas y sociedades mercantiles colgadas del Departament de Salut. Entre CatSalut, ICS, proveedores privados para equipos de atención primaria, 16 consorcios sanitarios y 13 fundaciones hospitalarias suman unos 100.000 efectivos, aunque se da la circunstancia, según datos del INE, que la comunidad madrileña está por delante de la catalana en tasas de médicos y enfermeras por 1.000 habitantes y que los profesionales sanitarios de CAT son a quienes se les aplica menor porcentaje del gasto sanitario, un 37,1%, que en Madrid se eleva al 44,1, siendo la media de España para esas remuneraciones de un 45,9%.
Si un 20% más de empleados en servicios sanitarios respecto a los que dispone Madrid se corresponden con una mayor población en un territorio un 75% más extenso, con esos parámetros tampoco logra CAT unas ratios brillantes pese a que lo gastado por la Generalitat en sanidad por habitante (3.531,66 €) sea un 44% superior al destinado por el gobierno de Ayuso. Según el último informe sobre listas de espera del Sistema Nacional de Salud, el tiempo medio de espera quirúrgica en la sanidad catalana llega a los 110 días mientras que en la madrileña se sitúa en 44 días, una diferencia a favor de esta última que también se registra en la espera para consultas: 103 días en Cataluña y 51 en Madrid.
En el capítulo de la enseñanza las comparaciones entre ambas comunidades autónomas arrojan resultados semejantes a los de la sanidad. Cataluña encabeza el presupuesto dedicado a todos los niveles educativos, con 8.549,33 millones €, un 28% más que los 6.138,14 millones de la Consejería de Educación de Madrid, aunque tienen semejante número de alumnos en todas las enseñanzas: más de un millón de matriculados. Todo ello con casi 80.000 docentes en la enseñanza pública no universitaria de CAT, frente a unos 65.000 en la CAM. Pese a unas magnitudes tan destacadas en la comunidad catalana, ésta presenta unas tasas de escolarización entre 1 y 3 puntos inferiores a la media nacional para tramos de edad desde 1 a 29 años. La población madrileña, sin embargo, iguala o supera ese nivel de escolarización.
Semejante superioridad financiera y de recursos en Cataluña, sin contar su amplia y cualificada oferta del sector privado, no sirve para colocarla en buen lugar en el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Dicho estudio del Ministerio de Educación y Formación Profesional sitúa a esa región en séptima posición por nivel de formación de la población adulta, mientras que la madrileña ocupa el segundo lugar, detrás del País Vasco. También CAT ofrece una tasa de abandono temprano de la formación (19,5%) en personas de 18 a 24 años superior a la media nacional (16,5%) y cinco puntos por encima de la de CAM (14,7%). Del mismo modo que la población graduada en Bachillerato de Madrid (61,4%) es la mayor de España, siendo la de Cataluña un 50,6%.
El informe español del último Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS), publicado este año, arroja asimismo unos resultados poco favorecedores para la política educativa en la Cataluña gobernada por los nacionalistas, ya separatistas, en sintonía con el Partit dels Socialistes de Catalunya. En las 280 páginas de ese trabajo, con información pormenorizada de 57 países, CAT aparece en los tres últimos puestos de territorios españoles con más baja comprensión lectora, junto a Melilla y Ceuta. Y destaca el dato de que los estudiantes catalanes son los que tienen menos gusto por la lectura de toda España, aunque madrileños y navarros no salen muy airosos.
Las pobres conclusiones que muestra el informe PIRLS sobre comprensión y hábitos de lectura no son ajenas a la estrategia educativa de la Generalitat. La insistencia en un monolingüismo de hecho en los centros escolares con alto número de alumnos con lengua materna española, provoca dificultades de aprendizaje con el régimen de inmersión lingüística absoluta en catalán.
La política lingüística, como herramienta política y sociocultural tiene una presencia creciente en la enseñanza y en el conjunto de las prestaciones sociales de la Generalitat, incluida la sanidad. Se despliega desde diferentes consejerías del gobierno independentista y entidades dependientes de la Generalitat, aunque formal y mayoritariamente la desarrolle el Departament de Cultura a través de la Secretaría de Política Lingüística, acompañada de la Institució de les Lletres Catalanes, el Consorci per a la Normalització Lingüística y el Consorci de l’Institut Ramon Llull, de los que a su vez dependen decenas de organismos.
Todo ese entramado dirigido a la implantación de la lengua catalana a costa de la española, suma unos presupuestos de gasto por importe 114,13 millones de euros. Buscando equivalencias con las cantidades dedicadas a servicios públicos esenciales, se constata que solo con la mitad del dinero gastado en política lingüística se abonarían los sueldos, durante un año, de 1.694 maestros o de 1.360 médicos de atención primaria.
Otro capítulo presupuestario singular del Govern de Pere Aragonés es el dedicado a relaciones internacionales para difusión del mensaje independentista fuera de nuestras fronteras y utilizando una especie de ‘embajadas’ cada vez menos camufladas. Todo eso depende del llamado Departament de Acció Exterior i Unió Europea, con 38 altos cargos de los que 21 son delegat/ada del Govern en otros tantos países. También aquí las equivalencias con recursos dedicados a bienestar social de los ciudadanos arrojan resultados elocuentes, como que con la mitad de los 100 millones de euros destinados a Acció Exterior se pueden subvencionar al 100% durante un año 2.080 plazas asistidas en residencias geriátricas públicas. O con la suma de los 92.709 € de sueldo anual de los 21 ‘embajadores” se cubren las retribuciones anuales de 60 enfermeras de hospital o de 43 médicos especialistas de la sanidad pública.
La promesa de Pedro Sánchez al gobierno catalán de ERC de perdonarle la deuda de 15.000 millones con el estado español, junto a las expectativas de más autonomía fiscal y nuevas cesiones de competencias y servicios, no afectan de momento a las comparaciones de Cataluña con Madrid en gasto público y calidad de servicios sanitarios y educativos, ni a las magnitudes de las administraciones de ambas comunidades autónomas. Las diferencias poblacionales y territoriales ya apuntadas tampoco se corresponden con el número y remuneraciones de los altos cargos: 366 en la CAT, más del doble que los 148 de la CAM y con unas retribuciones anuales que en los casos de los consejeros los de Cataluña superan en 20.000 € a los de Madrid, una diferencia que se eleva a 33.177 € al año en el caso de Pere Aragonés respecto a Isabel Díaz Ayuso.
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