El sindicato Fepol de los Mossos d'Esquadra ha criticado este lunes que más del 80% de los 18.000 expedientes abiertos por infracciones de la llamada 'ley mordaza' caducan o prescriben, desde que el Departamento de Interior asumió directamente su tramitación . En la anterior tramitación, que realizaba cada región policial, caducaban o prescribían un 21% de los expedientes. Los sindicatos lamentan que miles de sanciones por consumo de drogas callejeras o exhibición de armas quedan sin castigo a causa de estos retrasos y se han dejado de cobrar 5,4 millones de euros en ocho meses. Además, se han dedicado muchas horas extras de policías por estos motivos.
Sobre la segunda fuga de Puigdemont, el sindicato ha recalcado que es incomprensible la poca autocrítica por parte de los mandos responsables del dispositivo de detención. Sobre el cambio de ciclo en Cataluña, el sindicato ve con normalidad que se produzcan "cambios" con la llegada de Nuria Parlon como nueva consellera, si bien no debe dar pie a una "caza de brujas" en referencia implícita a la llegada de Josep Lluís Trapero a la cabeza política del cuerpo y pasar página a la era de Eduard Sallent, colocado por ERC.
Los sindicatos han señalado tanto al conseller saliente, Joan Ignasi Elena, como al comisario jefe Eduard Sallent, por la dejadez en el dispositivo desplegado y ven insuficientes las explicaciones dadas. El secretario general de SAP-Fepol, Pere Garcia, cree que la rueda de prensa del pasado viernes fue "desafortunada", ya que las responsabilidades se derivaron "hacia terceras personas" y no se asumieron como la ciudadanía y los agentes, esperaban, ha dicho. Se hizo desde el punto de vista "sentimental, no racional", ha opinado.
Esperan, de esta forma, que den pie a una justificación "clara" por lo que falló el arresto a la vez que han vuelto a enfatizar que los mossos responsables de la fuga estaban fuera de servicio.
Fepol ha denunciado que fue innecesario el despliegue de la 'operación jaula' y que se hizo un gran "ridículo" al no dar cumplimiento a la orden judicial a pesar de que hubiera más de 600 agentes en la zona.
Al próximo Govern le pide que sea más cercano al cuerpo y que no vea a los sindicatos como un "enemigo", sino como una "herramienta necesaria que también representa el cuerpo". Por eso, admite que la nueva consellera debe poder hacer los cambios que quiera, pero espera que tenga en cuenta prioridades de seguridad, no las políticas. Así, por ejemplo, cree que debe lucharse contra el tráfico de marihuana y reforzar las unidades de investigación. "No consideramos que tenga que haber una cacería política dentro del cuerpo, ya que la policía no debe politizarse, sería peligroso", ha remachado.
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