La Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación del gobierno catalán y ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que confirmó que agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil fueron discriminados en el proceso de vacunación por parte de los representantes autonómicos.
En una sentencia fechada el pasado 4 de mayo a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el Tribunal Supremo se adhiere a la decisión que tomó el pasado 3 de diciembre de 2021 el TSJCat. "No se aprecia el planteamiento de un problema jurídico que trascienda del cariz marcadamente casuístico que presenta el litigio, sino más bien una discrepancia con respecto a la interpretación y a la valoración efectuadas por la Sala de instancia".
Por todo ello, los magistrados consideran que no se ha suscitado un "problema hermenéutico alguno que justifique la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la interpretación y aplicación tanto de las normas reguladoras de las sentencia".
Además, determina que el TSJCat manifestó en su sentencia que existen "sólidos razonamientos -cifras de evolución, fechas de diferencia y ritmo de vacunación, efectos de la medida cautelar, etc- para llegar a la 'conclusión de que la administración autonómica no dispuso de la misma voluntad y empeño en la protección sanitaria de los cuerpos nacionales', sin que se puedan considerar que dichos datos sean simples elementos subjetivos -como sostiene el recurrente en casación".
Sectarismo del gobierno catalán
El alto tribunal regional dio la razón a la asociación Jucil de la Guardia Civil y al sindicato policial Jupol que denunciaron esta situación que se produjo en el proceso de vacunación en Cataluña.
Para el secretario general de JUCIL Ernesto Vilariño "esta sentencia refleja el sectarismo de los actuales gobernantes catalanes que dieron la espalda a guardias civiles y policías nacionales", quienes también "preservan y aportan seguridad en Cataluña a todos sus ciudadanos".
"Estos gobernantes no pusieron la misma voluntad y empeño para garantizar la salud de nuestros compañeros. Estas conductas son reprochables y no deben repetirse, la salud es un derecho de todos aquellos que viven en Cataluña”. Ellos nos pusieron en peligro a nosotros y a nuestras familias”, ha añadido en declaraciones a Vozpópuli.
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