Denuncias falsas de violencia de género para obtener beneficios. Así actuaba una organización criminal desmantelada por los Mossos d'Esquadra que utilizaba a mujer marroquíes para conseguir papeles como permisos de residencia o ayudas económicas. La cifra final de detenidos ascendió a 22 personas y hay otras 23 investigadas por estos hechos que tuvieron su epicentro en la provincia de Lleida. El Gobierno advierte de que si se confirma la ilegalidad de las ayudas las condenadas tendrán que devolver la cantidad que recibieron de la administración.
Este caso explotó en los medios de comunicación a principios de abril. Los Mossos informaron de que habían detenido a catorce personas, 13 mujeres y un hombre, por simular agresiones machistas con la finalidad de obtener la nacionalidad y los papeles legales para buscar ayudas del país. No obstante, once de las mujeres quedaron en libertad.
La trama utilizaba a mujeres provenientes del Norte de África, en muchos casos de Marruecos, que ejercían la prostitución en un piso del centro de Lleida. Esta investigación ha motivado una pregunta por escrito al Gobierno de los diputados de Vox, Rocío Aguirre, Blanca Armario y María de los Reyes Romero.
El Ejecutivo contestó a los requerimientos del partido de Santiago Abascal el pasado 16 de mayo. Según los datos recabados por el Ministerio del Interior estás diligencias se iniciaron en la provincia de Almería cuando se detectó en el año 2018 un "incremento significativo de denuncias por violencia de género por parte de mujeres marroquíes contra hombres españoles con antecedentes".
"Durante el desarrollo de ésta se detectaron varios patrones comunes: los hechos ocurrían en lugares públicos, no en el ámbito de la vivienda, y las víctimas llevaban poco tiempo residiendo en España y no hablaban el idioma. Como consecuencia de esta investigación, se llevó a cabo una operación en la que se procedió a la detención de veintidós personas, como presuntas autoras de delitos continuados de denuncia falsa y delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, siendo investigadas otras veintitrés personas", añadía el Gobierno.
Falsas víctimas de violencia de género
El grupo de Vox preguntó por el transcurso de las diligencias y también por las ayudas que recibieron las falsas víctimas por sus denuncias. El caso se encuentra abierto por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, según las afirmaciones del Ejecutivo.
El Gobierno defiende que en Melilla cada vez que una mujer extranjera ingresa en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y solicita asilo por ser víctima de violencia de género, se realizan gestiones con el país de origen. Por ello, se requiere la documentación relativa a su estado civil o cualquier otra información de interés, al objeto de descartar una posible simulación de delito.
Por otra parte, también se señaló que se trabaja constantemente para asegurar la integridad y legitimidad de toda la información registrada en el Sistema VioGén, "realizando con frecuencia controles y auditorías para evitar cualquier registro de datos que no deban estar incluidos en este". Asimismo, a todas las víctimas de violencia de género, antes de interponer una denuncia en sede policial, "se les informa de la obligación que tienen de decir la verdad durante toda su manifestación".
Igualdad avisa: las ayudas fraudulentas tendrán que ser devueltas
Sobre este caso de las denuncias falsas las competencias de los beneficios que adquirieron estas mujeres son competencia del Ministerio de Igualdad. "Si en el caso al que se refiere la pregunta se concluyera que las ayudas fueron percibidas de manera fraudulenta, estas deberán ser devueltas por los responsables de dicho fraude", añadieron.
"En cuanto a la normativa en materia de violencia contra la mujer, desde el Ministerio de Igualdad se aboga por el despliegue de la normativa ya en vigor, por la necesidad de reeditar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en sede parlamentaria y por la aprobación de una Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos, que pretende abordar de manera integral esta problemática, protegiendo a sus víctimas, y que todavía está en fase de tramitación", añadió el Gobierno en su respuesta.
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