La sección tercera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) avala la petición del Gobierno de ampliar el uso del 'pasaporte covid' para ocio, restauración y transporte en el marco de las medidas tomadas en materia de salud pública para la prevención de la propagación del brote epidémico en la región. Así, la Justicia catalana ha avalado prorrogar durante dos semanas las restricciones sanitarias en vigor, que incluyen la obligatoriedad de usar el certificado covid en el ocio nocturno y para acceder a banquetes, celebraciones y actos sociales en hoteles y restaurantes en los que haya baile en recintos cerrados. Además, sigue prohibido comer y beber en la calle durante la madrugada, y vender alcohol en las tiendas.
El TSJC ha explicado que lo ha aprobado este jueves tras la petición de la Generalitat, que necesita el aval judicial para aplicar o prorrogar medidas que afectan a derechos fundamentales. Este miércoles, el Plan de Protección Civil de Cataluña (Procicat) aprobó prorrogar durante 14 días las restricciones vigentes desde el 5 de noviembre, y después el Gobierno catalán pidió al alto tribunal catalán que lo avalara.
Al explicar su decisión, los jueces señalan que "a pesar del tiempo que ha pasado, este tribunal no desconoce la sustancial relevancia de la pandemia mundial" de coronavirus que aún está en una situación comprometida, en palabras del auto. Se basan en la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ya avaló usar el 'pasaporte covid' a pesar de que afecta a los derechos a la igualdad, a la intimidad y a la protección de datos, anteponiendo la protección de la salud.
Los jueces creen que requerir el 'certificado covid' para estos espacios es una forma idónea de contener los contagios, lo consideran necesario y proporcionado "teniendo en cuenta que suponen la posibilidad de reapertura de muchas actividades que habían quedado paralizadas o suspendidas".
Las CCAA presionan a Darias
Varias comunidades autónomas de distinto signo político han comenzado a presionar a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para que coordine a nivel estatal la implantación de dicho 'certificado covid' para acceder a determinados espacios, de modo que, según han dicho algunos Ejecutivos autonómicos, se pueda dar amparo jurídico a las comunidades para tomar una medida que ya ha sido tumbada con anterioridad por varios tribunales superiores de Justicia. De su lado, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho entender la preocupación de las CCAA, pero ha incidido en que se deben mantener los consensos articulados hasta ahora en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
En concreto, Andalucía, Castilla y León o Aragón, entre otras, han pedido ya la intervención de la ministra Darias para que elabore una estrategia nacional en torno al pasaporte covid, y que, de esa manera, las CCAA eviten tomar otras medidas relacionadas con las restricciones de horario o aforo. La propia titular de Sanidad se expresó este miércoles sobre este asunto, defendiendo que las CCAA tienen un "camino abierto" para solicitar este pasaporte de vacunación, basándose en una resolución judicial del Tribunal Supremo que exponía que este pasaporte de vacunación estaría justificado en determinados ámbitos territoriales concretos, en un espacio acotado, atendiendo a la situación epidemiológica.
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