El PSOE vuelve a mover ficha estratégica con visión a largo plazo y lo hace apuntando al principal problema de los españoles, ratificada por el CIS de esta semana: la vivienda. La medida sorpresiva del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, es un golpe sobre la mesa a un profundo problema de acceso a la propiedad que está perjudicando especialmente a los jóvenes. Con el pacto con ERC a medio hacer, el alcalde busca asegurar su mandato al frente de la capital condal y ha anunciado que suspenderá todos los pisos turísticos de la ciudad a partir de 2028 para convertirlos en residenciales después de que el precio del alquiler haya aumentado un 70% en 10 años y un 40% el de compraventa.
Su propuesta está avalada por el Gobierno y viene fraguándose de lejos. El primero en apoyarle ha sido el mismo ministro de Industria y catalán, Jordi Hereu, quien ha dicho que es una medida necesaria para priorizar el beneficio de la ciudadanía en medio de los intereses de los operadores turísticos.
La medida, que es pionera en España, amenaza con extenderse al resto de España si los propios ayuntamientos deciden copiar la medida. Precisamente por ese motivo la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha reclamado un marco normativo integral que regule los apartamentos turísticos combatiendo así la especulación que el negocio de la vivienda conlleva "desde hace años" y facilitando a su vez el derecho a una vivienda digna, sostenible y accesible.
En un comunicado, y precisamente tras el anuncio del Ayuntamiento de Barcelona, la asociación judicial ha defendido este marco normativo de ámbito nacional para que sea aplicado por los consistorios de forma semejante, que evite "que un negocio como el alquiler de viviendas turísticas genere la expulsión vecinal, problemas de convivencia y la modificación de la sociología" de las ciudades españolas.
La patronal se rebela
Ante este anuncio ha puesto en guardia al gremio turístico y ha expandido el temor al resto de CCAA por el seguimiento de medidas similares. En Barcelona, varios sectores afectados ya se han movilizado contra la medida y han lanzado comunicados contra el alcalde. La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha denunciado que la medida del Ayuntamiento condena al sector del turismo familiar a muerte.
La patronal considera irresponsable y de una "auténtica demagogia" la decisión de cerrar los 10.000 pisos legales de la ciudad. Apartur ha avisado además que esta medida será un efecto llamada de alojamientos turísticos ilegales por la alta demanda en la ciudad. Han detallado que la experiencia de las últimas regulaciones, en 2010 en Ciutat Vella ya partir de 2024 a través de la congelación de licencias del PEUAT, "nos lo demuestran" y han recordado al alcalde que la proliferación de negocios del economía sumergida "no paga impuestos y confronta vecinos y turistas en lugar de fomentar la convivencia".
El Sindicat de Llogateres i Llogaters ha criticado que este anuncio es papel mojado, porque no tendrá aplicación hasta dentro de cuatro años y medio. "El contexto político de los próximos cuatro años es incierto, por lo que este anuncio podría quedar en nada antes de aplicarse: un cambio en el decreto de alquileres turísticos en el Parlamento de Cataluña, o la voluntad del alcalde elegido en 2027 podría convertirlo en humo. Hasta entonces, los alquileres turísticos que operan legalmente seguirán haciéndolo, y aquellos que llevan años operando ilegalmente también lo harán, si el Ayuntamiento no comienza a implementar mecanismos efectivos para perseguirlos", han expresado.
TaxisBarcelona también ha tachado a la medida de improvisada e ideológica y el descontento ya ha hecho reaccionar a la oposición. El concejal de Junts Damià Calvet ha asegurado que, de estas 10.000 licencias, "la mitad no operan y, por tanto, pretender que entren en usos residenciales 10.000 pisos es una cifra que no se corresponde con la realidad". Sobre la fecha de noviembre de 2028, también ha dicho que es "falsa" y lo ha justificado así: "La misma regulación de las viviendas turísticas contiene una disposición transitoria, en concreto la primera, que da pie a los propietarios que ya tienen licencias turísticas en pedir prórrogas de cinco años más". Por su parte, el líder del PP Daniel Sirera también ha expresado que esta medida perjudicará el tejido económico de Barcelona, especialmente a los empresarios.