Todo empezó cuando la gaditana Luisa María Flores consideró inapropiado bajar la protección a una mujer que acababa de denunciar un caso de violencia de género. La agente de la Benemérita del Cuartel de Chipiona consideraba que el nivel de riesgo de la denunciante era "extremo", por lo que le correspondía una patrulla que la protegiera 24 horas. El capitán de la compañía, denunció Flores, le pidió a través del alférez de su puesto que rebajara el riesgo porque no tenía patrullas, y la agente no consideró que correspondiera. Fue el primer estallido, allá por diciembre de 2016, de una historia que se ha visto intensificada en los últimos meses, con un aluvión de expedientes después de que Flores manifestara su situación en distintos medios de comunicación.
Dicha situación comenzó a gestarse la semana de aquel primer incidente. Poco después, el coche de Flores sufrió pintadas, de las que su entorno ha mostrado fotos. Ella pidió que se activara un protocolo para la protección de los agentes de la autoridad cuando son amenazados por terceros por su condición laboral, pero recibió una protección esporádica "un mes después de que comenzara a recibir esas amenazas".
Desde su entorno afirman que se trató de una protección insuficiente y a destiempo a la vez que cuentan cómo Luisa tuvo que poner cámaras de seguridad en su casa ante el riesgo de que los agresores, que aparentemente rondaban la casa con navajas, le quemaran el coche.
Al poco tiempo, en febrero, la unidad médica de la Comandancia de Cádiz le dieron de baja por estrés laboral y contra su voluntad. Al mes, le dieron otro parte de baja por un trastorno de la personalidad mixto, sin que el psicólogo viera a la propia Luisa, denunció la agente. Desde el entorno de Luisa aportan un informe pericial pagado por ella y realizado por la psiquiatra J.C. y la psicóloga N.B. en septiembre de 2017 en el que se establece que Flores "no presenta patología psiquiátrica evidente, ni grave ni moderada" y "dado su rendimiento previo en la Guardia Civil, no parece presentar una personalidad ni una patología que le impidan rendir en su trabajo de servicio y apoyo a la ciudadanía".
Manifestación en los medios
Mientras tanto, Flores sigue apartada de su trabajo. En mayo, se manifestó sobre su caso en distintos medios de comunicación, como Diario 16 o El Español. Posteriormente, Flores ha recibido varios expedientes, dos de ellos vinculados precisamente a su aparición en los medios.
En junio, recibió una expediente de falta grave por "hacer reclamaciones o peticiones con publicidad o a través de los medios de comunicación social", y de la falta leve de "el descuido en el aseo personal o el incumplimiento de las normas o instrucciones de uniformidad, así como ostentar sobre el uniforme cualquier insignia, condecoración o distintivo sin estar autorizado". Según constata un informe de la propia Guardia Civil, Flores, a través de diversos medios de comunicación social y en prensa digital como Diario 16, El Español, el programa de Ana Rosa Quintana y La Voz del Sur, y en diversas fechas del mes de mayo de 2018, "denuncia ser víctima de acoso laboral".
"La citada Guardia Civil" aparece "a través de medios de prensa digital denunciando que está siendo objeto de acoso laboral, sin haber solicitado autorización previa para ser entrevistada por dichos medios", remarca el informe, que apunta que "queda demostrado que con el contenido de los mencionados artículos de prensa, reclama sobre las actuaciones que sobre su persona se han realizado al activar el protocolo sobre conductas anómalas detectadas en el personal del Cuerpo así como el supuesto acoso laboral que manifiesta estar sufriendo y por el que, siguiendo el protocolo establecido al efecto, se instruyó en su día una información reservada concluyendo que no existía dicha situación de acoso".
"En el artículo publicado el día 6/05/2018 en el periódico El Español aparece la GC en 2 fotografías vistiendo uniforme de servicio bicolor, encontrándose en aquella fecha de baja médica para el servicio y sin que conste que hubiera solicitado autorización para el uso del uniforme en dicha situación administrativa de acuerdo con la normativa en vigor", añade el expediente de la Guardia Civil.
Otros expedientes
El día 9 de julio le fue notificada a la agente una sanción de tres meses y un día de suspensión de empleo por "la negativa injustificada a someterse a reconocimiento médico legítimamente ordenado por la autoridad competente, a fin de constatar la capacidad psicofísica para prestar servicio" el día 13 de septiembre de 2017.
Desde el entorno de Flores alegan que con ese expediente "impiden" a la agente cuidar de su madre. Así, muestran un escrito en el que la agente esgrime que no se presentó a la cita médica porque ella, hija única, tenía que cuidar de su madre (80 años), enferma de alzheimer y con discapacidad, que en esa jornada tenía un estado de salud de "gravedad extrema que exigía actuaciones médicas urgentes por cuanto si no se adoptaban soluciones inmediatas podría desembocar en una pérdida total de la movilidad del miembro inferior o su amputación e incluso estando en grave peligro su vida, dada la infección concurrente", y no se trataba de una "mera dificultad deambulatoria".
La Guardia Civil, como se recoge en un informe del ministerio de Defensa desestimatorio de un recurso de alzada interpuesto por Flores, entiende que la situación de la madre no era de "gravedad extrema" y se apoya en la frase final del informe del médico B. que atendió a la madre de Luisa ese día"plan: actitud expectante para valorar situación definitiva". Esgrimen, asimismo, que su cita era de tarde en Sevilla, mientras que la de Flores era de mañana en Cádiz. Añaden que al cabo del 19 de octubre, la madre había mejorado lo suficiente para acompañar a su hija a un concierto.
Fuentes cercanas a Luisa aportan en contrapartida un informe pericial en el que se recoge que su madre ese 13 de septiembre tenía cita dado que "la persistencia de dolor intenso e impotencia funcional de la rodilla derecha(precisaba ayuda para las actividades básicas de la vida diaria), la reumatóloga G. la remite con carácter urgente" a un traumatólogo especializado en rodilla por una "gonartrosis muy evolucionada derecha". "Es decir, en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2017, la paciente había sufrido una evidente agravación, con necesidad de ayuda de tercera persona para las actividades básicas de la vida diaria. La agravación notoria continuó en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2018, precisando la ayuda de otra persona (su hija, único familiar) para las actividades básicas de la vida diaria", concluye un informe médico firmado por J.M.B.R., sobre las circunstancias que han rodeado a Flores el último año.
La Guardia Civil no valorará públicamente el asunto
Precisamente en junio de 2018 se le abrió expediente por la "negativa injustificada" a someterse a otras dos pruebas médicas los días 11 de mayo y 8 de junio de este año. Corre por esto ahora el riesgo de otra sanción por seis meses de empleo y pérdida del destino donde se encuentra con su madre.
Flores esgrime en sendos escritos que aportan fuentes cercanas que no pudo asistir a esas citas debido a que la Guardia Civil, según ella, no le brindó los medios necesarios para trasladarse y mantener el cuidado de su madre.
Vinculado a esto, la GC le abrió otro expediente por "reclamación, petición o manifestación basada en aseveraciones falsas" después de que Flores elevara un escrito al Director General de la GC porque entendía que desde la unidad médica de su comandancia se le imposibilitó la petición de los medios adecuados para el cuidado de su madre en la ausencia.
La semana pasada Luisa María Flores se ratificaba en las denuncias que ha interpuesto contra varias de las personas involucradas en estos asuntos en sede judicial. La propia Guardia Civil ha respondido a este medio que no hará valoraciones públicas sobre este tema.
Respaldo de la AUGC
"La mayoría de los expedientes son desde que ella denunció su situación en los medios. Los expedientes que lleva son muy fuertes, ¿tan mala puede ser ella para la Guardia Civil? Hablan de una negativa injustificada a asistir a la cita médica, ¿hasta qué punto? Tiene una madre con un 99% de minusvalía y gran dependencia reconocida así como movilidad reducida", dice Alicia Sánchez, secretaria nacional de igualdad de la mayoritaria Asociación Unificada de los Guardias Civiles (AUGC).
Sánchez recuerda que las "sanciones disciplinarias tienen la finalidad de corregir comportamientos que son perjudiciales para el funcionamiento de la institución o los ciudadanos", pero "no entendemos la forma en que se están aplicando a Luisa".
Desde finales de julio y a raíz de la estabilización de su madre, dicen desde su entorno, Flores ha estado "dispuesta" a acudir al reconocimiento médico sin haber sido citada a fecha de hoy.
"Va a acabar siendo expulsada sin necesidad, es un acoso y derribo. Me siento tan impotente, todo es excesivo", dice Sánchez. "El Director General tiene conocimiento de estos hechos porque desde la AUGC se le envió una carta, ella además pidió una audiencia y no le han dicho nada. Yo tengo la opinión de que en lugar de corregir la forma de actuar de la compañera quieren acabar con ella".
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