La causa abierta contra dos fiscales de Madrid por presunta revelación de secretos apunta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El procedimiento que acaba de arrancar en el Tribunal Superior de Justicia para investigar si se produjo delito con la nota informativa de la Fiscalía sobre la causa abierta contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso suma indicios contra el fiscal general y se aproxima al Tribunal Supremo.
Fuentes jurídicas y fiscales consultadas por Vozpópuli consideran que del avance de las diligencias y, muy especialmente, de lo que declaren los querellados y testigos, la causa puede terminar en la Sala de lo Penal del alto tribunal al tratarse García Ortiz de una persona aforada.
De momento el procedimiento está en estado muy embrionario puesto que solo se ha abierto la investigación penal, si bien se espera que coja vuelo rápido y que se cite a declarar a los querellados. Se trata de la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y del fiscal que investiga a Alberto González Amador por fraude fiscal y falsedad documental, Julián Salto.
Una orden por escrito
Las fuentes consultadas por este medio explican que Salto está especialmente molesto por la situación creada dado que únicamente acató órdenes. Los hechos se remontan a la noche del 13 de marzo cuando el diario El Mundo publicó que la Fiscalía de Madrid había propuesto una conformidad a la pareja de Ayuso para que admitiera dos delitos fiscales por un fraude de 350.000 euros.
En ese momento la Fiscalía comenzó a preparar su respuesta para demostrar que fue la defensa de González Amador la que reconoció la comisión del delito y la que ofreció un pacto para aceptar hasta ocho meses de cárcel. Para ello requirieron al fiscal del caso todos los correos intercambiados con el abogado fiscalista Carlos Neira y se redactó una nota aclaratoria que se difundió desde la jefatura de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya en la mañana del 14 de marzo.
Las fuentes consultadas por Vozpópuli explican que en ese impasse se cruzaron llamadas desde la Fiscalía General del Estado con la Fiscalía Provincial de Madrid y con la Comunidad de Madrid. Almudena Lastra, fiscal al frente de esta última, se negó a publicar la nota en cuestión y pidió una orden por escrito. Tras recibirla se procedió a su difusión por el gabinete de prensa. La firmó la Fiscalía Provincial de Madrid.
Los indicios contra García Ortiz
El documento, de apenas dos páginas, recogió un relato cronológico desde la apertura de la investigación en Fiscalía el 23 de enero hasta la remisión de la denuncia por parte de Salto al abogado de González Amador el 12 de marzo. Con todo, la emisión de la nota provocó una oleada de reacciones y propició la rápida respuesta del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) acerca del presunto carácter delictivo de esta información, en tanto se incluían entrecomillados de las conversaciones privadas entre abogado y fiscal.
Las horas posteriores a la notificación de esta aclaración también serán determinantes para dilucidar si hay o no delito, puesto que en ese instante el fiscal general del Estado movió ficha a título personal y, junto con la fiscal jefa de Madrid ahora querellada, Pilar Rodríguez, propició una reunión con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y con el decano del ICAM, Eugenio Ribón. La cita se produjo ese mismo viernes 15 de marzo y no consiguió evitar la denuncia que finalmente se interpuso en los juzgados de Plaza de Castilla.
Con los indicios que obran en la causa hasta el momento, el fiscal general podría terminar salpicado por la gestión del asunto. En primer lugar, debido a la orden que se trasladó a la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid para que se publicase el contenido de la nota y, en segundo, a que la nota en cuestión no se redactó desde el ente donde se difundió, sino que se envió ya escrita.
A ello se añade que, tras semanas de absoluto silencio, el pasado 15 de abril García Ortiz se pronunció sobre el tema y dijo que asumía "la responsabilidad última" de la nota informativa. Previamente, en plena crisis por estos hechos, se defendió desde la Fiscalía General del Estado que no tuvo nada que ver ni en la redacción ni en la difusión de este documento.
Además, González Amador resaltó en su querella dos apuntes que también pueden poner contra las cuerdas a García Ortiz. El primero reside en que se enteró de la interposición de la denuncia en los juzgados por boca de un periodista del elDiario.es, quien le preguntó por esta cuestión antes de publicar una información el martes 12 de marzo relativa a su investigación por fraude al fisco.
El segundo destaca la emisión la noche del 13 de marzo del contenido de los correos electrónicos que el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto se intercambiaron. La pareja de Ayuso llama la atención de que esta información se publicó en la Cadena Ser apenas minutos después de que se obligara al fiscal del caso a dar traslado de toda la documental que atesoraba.
La encrucijada de la fiscal jefa de Madrid
Las declaraciones que se practiquen durante la instrucción van a ser claves. Las fuentes consultadas por este medio explican que el fiscal Salto está muy preocupado al verse implicado en un procedimiento penal en el que no tiene nada que ver ya que únicamente acató órdenes de enviar de urgencia el material que se solicitó.
De esta forma su jefa Pilar Rodríguez, queda en una posición especialmente complicada puesto que la fiscal, muy cercana a García Ortiz, podría tener conocimiento de primer grado acerca de cómo y dónde se relató la nota informativa que se publicó finalmente por el departamento de prensa del Tribunal Superior de Justicia. Teniendo en cuenta que es una de los dos querellados, es previsible que arroje luz sobre el asunto aunque ello afecte a la Fiscalía General del Estado.
También pueden ser concluyentes las testificales de la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, y los distintos responsables de prensa de la institución que acataron directrices. En relación a Lastra conviene recordar que recibió una orden por escrito para darle difusión a la nota informativa y que ésta podría convertirse en una prueba de cargo en el procedimiento.
Por lo pronto, del único auto que se conoce del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, relativo a la incoación de diligencias, se desprende que dan veracidad a la querella que interpuso González Amador. Los magistrados aprecian base suficiente como para investigar si se ha producido delito de revelación de secretos y si se han perjudicado los derechos de González Amador, a quien, en paralelo, le investiga un juzgado ordinario de Madrid por el fraude fiscal confeso.
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