El sector cinegético se prepara para reeditar la gran movilización que tuvo lugar a finales de marzo. La Oficina Nacional de la Caza (ONC) ya ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de sus intenciones si, finalmente, no retira la Ley de Derechos de los Animales y la reforma del Código Penal que fueron aprobados en Consejo de Ministros el 1 de agosto. Según la entidad, ambos textos "tienen una marcada ideología anti-caza impuesta por el ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030" y, a su juicio, supondrían el fin de la actividad "al someterla a una gran indefensión jurídica".
Después de la movilización de primavera, a la que se sumaron varios sectores del mundo rural como agricultores y ganaderos, la ejecutiva del PSOE mantuvo una reunión con el sector, el 29 de marzo, en la que se comprometieron a excluir a los animales auxiliares de la caza de la ley de Derechos de los Animales y a defender la actividad cinegética. A la cita acudieron Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, y Juan Francisco Serrano, portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso de los Diputados.
El propio Juan Francisco Serrano afirmó públicamente el pasado 23 de junio en una Jornada de Bienestar Animal que la postura del PSOE sería que los animales auxiliares de caza queden fuera del borrador. "No podemos comparar un animal auxiliar de caza como es el del medio rural con un animal de compañía como es el de una ciudad", señaló.
En cambio, en el texto aprobado posteriormente por el Consejo de Ministros -y según denuncia la ONC- no se excluye a la caza ni se tienen en cuenta estas consideraciones. "Este incumplimiento manifiesto de los compromisos adquiridos y la falta de respeto al sector cinegético han generado una profunda indignación entre los cazadores de toda España, que se movilizarán contra un proyecto de Ley elaborado sin consenso y contra la deriva anti-caza del PSOE", advierte también la Real Federación Española de Caza (RFEC).
Junto a las distintas federaciones autonómicas de caza, la RFEC está haciendo presión al resto de partidos políticos y a los distintos gobiernos autonómicos. Su idea es iniciar una ronda de reuniones con los distintos partidos y diputados nacionales para dar a conocer las consecuencias que tendría la aprobación del anteproyecto y de recabar los apoyos necesarios para que el anteproyecto no obtenga votos suficientes.
PP y Vox apoyan al sector de la caza
El Partido Popular ha solicitado ya públicamente la retirada de la ley, tras la reunión mantenida con el presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, y su vicepresidente, José María Mancheño. Y Vox también ha brindado su apoyo al sector.
"El anteproyecto de Ley de Derechos de los Animales somete a la caza y a otras actividades del mundo rural a una situación de grave indefensión jurídica, al tiempo que supone una completa invasión de competencias autonómicas, tanto en lo referente a la actividad cinegética como al bienestar animal", insisten desde las federaciones.
Asimismo, redundan en que el texto ha recibido más de 6.000 alegaciones y ha sido rechazado "por expertos de numerosos ámbitos como el jurídico, el científico, ingenieros de montes, veterinarios, cazadores, ganaderos, agricultores e incluso muchas asociaciones ecologistas, y que además ha sido elaborado sin lograr ningún tipo de consenso con los sectores afectados".
"Esta iniciativa legislativa se suma a otros ataques al sector como el nuevo Real Decreto de Núcleos Zoológicos, la modificación del Código Penal que pretende hacer extensible el maltrato animal a todos los animales vertebrados, o la prohibición de la caza de la tórtola, la gestión del lobo, el silvestrismo y la caza en Parque Nacionales. Además, las políticas eco-animalistas de Europa que se aplicarían en nuestro país, pretenden acabar con la caza de especies como la perdiz, la codorniz o el zorzal y prohibir el uso del plomo sin una alternativa viable", denuncian desde la RFEC y la ONC.
El 'sello' de Unidas Podemos
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 1 de agosto en segunda vuelta la ley de protección animal impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que eleva las penas por maltrato, abandono y sacrificio de animales, según precisa el Departamento ministerial que lidera Ione Belarra. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, lo anunció destacando su función de "proteger y garantizar el bienestar animal", así como de "asentar las bases para un marco legal común" en toda España, puesto que consideran a los animales de compañía "un miembro más de las familias".
El proyecto legislativo volvió de esta manera al Consejo de Ministros seis meses después de la primera aprobación y está listo para iniciar su tramitación parlamentaria. Se trata de una de las iniciativas centrales para Unidas Podemos, socio minoritario de la coalición, que ya demandó el año pasado su agilización. Sin embargo, el PSOE podría afrontar un problema puesto algunos gobiernos autonómicos socialistas han defendido el sector cinegético.
En Extremadura, por ejemplo, el Gobierno de Guillermo Fernández Vara es consciente del peso de la actividad en la región y no está dispuesto a ceder ese espacio a la oposición como viene ocurriendo en otras comunidades autónomas. Dos semanas después del batacazo en las urnas de sus homólogos andaluces, el dirigente socialista extremeño activó la maquinaria para las autonómicas de 2023.
A la puesta en marcha del "tren rápido" entre Plasencia y Badajoz con visita de la ministra de Transportes incluida, le siguió el refuerzo de las monterías y rehalas. Así, el Consejo de Gobierno extremeño aprobó un decreto para declararlas Bien de Interés Cultural, con la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial.
La férrea defensa de la actividad por parte del Ejecutivo extremeño difiere de las políticas emprendidas desde el Gobierno central. "La montería y la rehala forman parte de una tradición cinegética que constituye un valor identitario en una gran parte de Extremadura. La caza, como actividad ligada a la propia historia de la humanidad, presenta características que sobrepasan su carácter productivo ligado a una necesidad alimenticia, identificándose como una manifestación relacionada tanto con aspectos culturales como medioambientales", argumenta el Gobierno de Fernández Vara.
Y continúa: "La actividad cinegética son usos, costumbres, expresiones, conocimientos y técnicas, aspectos que se recogen en el artículo 2 de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO".
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