Los cazadores alzan la voz. Mientras el Gobierno avanza en la elaboración de la nueva Ley de Bienestar Animal, pone fecha de caducidad a la caza del lobo y la tórtola e incluye la "empatía" hacia los animales en la enseñanza obligatoria, el sector cinegético sale a la calle para protestar.
A las manifestaciones promovidas por Vox este fin de semana en Andalucía, le seguirá la gran movilización que la Real Federación Española de Caza (RFEC) prepara para la próxima primavera. Una marcha que pretende sumar también a los sectores ganaderos y agrícolas. Precisamente, estos últimos estaban en pie de guerra justo antes de estallar la pandemia, pero el coronavirus les obligó a aparcar los tractores que por aquel entonces cortaban las carreteras.
El presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, pide sumar esfuerzos para defender los intereses del sector ante lo que considera una agresión por parte del Ejecutivo.
"La ley del Bienestar Animal, que aún no ha llegado al Consejo de Ministros, ha sido el detonante para anunciar lo que preveíamos que iba a ocurrir si el Gobierno continuaba con su deriva conservacionista. Establece un principio casi filosófico equiparando a los animales con las personas. Definitivamente hay dos partidos socialistas: el de Ferraz y el de los territorios donde hay contacto con la realidad", declara a Vozpópuli.
Ahora tienen que ponerse en el lugar del otro como si estuviésemos hablando de seres humanos, una idea que va a terminar con la subsistencia de los pueblos
"No creo que esa propuesta vea la luz ni llegue a tramitarse en el Congreso porque roza la inconstitucionalidad al invadir competencias de las comunidades autónomas", considera. Sin embargo, indica, no se trata de la única iniciativa del Gobierno que perjudica al mundo rural.
Cazadores vs la enseñanza "empatía animal"
"Los ataques llegan desde varios ministerios y flancos. La enseñanza de 'empatía animal' en los colegios que plantea la nueva ley de Educación va a provocar que en 15 años un niño sea incapaz de comerse una chuleta", critica Gallardo. Y apunta también a los departamentos de Transición Ecológica y Consumo, liderados por Teresa Ribera y Alberto Garzón, respectivamente.
Según Gallardo, la nueva política "alecciona" a los jóvenes a tener que "empatizar" con los animales. "Ahora tienen que ponerse en el lugar del otro como si estuviésemos hablando de seres humanos, una idea que va a terminar con la subsistencia de los pueblos. Luego hablan de reto demográfico...", señala.
Gallardo acaba de participar en el III Congreso de Conservación, Caza y Cultura, organizado por la Federación extremeña de Caza. Otro acto más para reivindicar el sector. Según el informe Evaluación del Impacto Económico y Social de la Caza en España elaborado por Deloitte para la Fundación Artemisan, la actividad cinegética moviliza anualmente un gasto de más de 5.470 millones de euros en el país.
187.000 puestos de trabajo
"Generó 6.475 millones de euros de Producto Interior Bruto (PIB), lo que representa el 0,3% del PIB nacional. Crea más 187.000 puestos de trabajo, genera más de 614 millones de euros en retornos fiscales y los propietarios y gestores cinegéticos invierten más de 285 millones de euros en acciones y proyectos de gestión y conservación", señala el documento y recoge la Real Federación Española de Caza (RFEC).
La misma entidad explica que, aproximadamente el 90% del territorio español (44 millones de hectáreas, 108 millones de acres) está declarado coto de caza. "España es el país europeo con mayor superficie en la Red Natura 2000, representando casi el 30% de su territorio, que comprende más de 1.846 áreas (Zonas de Especial Protección y Lugares de Importancia Comunitaria), habitadas por 388 especies de fauna y flora protegidas", sostienen. La mayor parte de la tierra protegida se encuentra dentro de cotos de caza, apuntan, por lo que la caza y la gestión de la caza son elementos clave para la conservación de la vida silvestre.
Desde la federación reivindican una encuesta elaborada por GAD3 donde se aseguraba que "más de la mitad de los españoles considera la caza como una actividad necesaria y que gran parte de la población cree que es generadora de empleo en el medio rural".
"La mayoría de la población española no quiere pagar más impuestos para que la Administración Pública se encargue de controlar las poblaciones de fauna silvestre y considera que la caza es una buena herramienta para llevar a cabo ese control", destaca el sondeo.
"La prohibición de cazar en los Parques Nacionales, la prohibición de la caza de la tórtola, la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas, la prohibición del uso del plomo sin otra alternativa viable, la prohibición del silvestrismo, la nueva ley de Bienestar Animal, o incluso la prohibición de la caza de la perdiz roja, son suficientes razones para que los cazadores españoles se movilicen contra este Gobierno", advierte la RFEC.
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