En la primera ola del coronavirus, con los hospitales a reventar y cientos de muertos diarios, muchos cazarrecompensas aprovecharon para hacer negocio en el mercado persa en el que se convirtió el comercio de mascarillas y otros bienes sanitarios de primera necesidad. Uno de ellos fue Roger Parellada, que cobró 35 millones de euros por adelantado de la Generalitat catalana para traer mascarillas y diverso material médico. Lo hizo a través de una de sus múltiples sociedades, Basic Devices SL., que contaba con un capital social de 4.000 euros según adelantó El País.
Este pago por adelantado ha sido investigado por la Oficina Antifraude de Cataluña, que si bien no encontró indicios de corrupción por parte de la Generalitat, sí calificó de "temerario" el contrato. Lo que parece claro es que confiar en este conseguidor catalán la compra de mascarillas no resultó un buen negocio, pues el Instituto Catalán de Salud (ICS) no notificó la llegada del material hasta 9 meses después.
Roger Parellada se define en su página web como programador de videojuegos y aplicaciones (PC, Android y Apple). Dice trabajar como programador freelance en Basic Devices SL, con su primo José María Parellada Ripoll, cuando según el Registro Mercantil figuró como administrador único hasta 2014. La foto con la que se presenta es más falsa que un billete de 30 euros, como se suele decir. Basta una búsqueda de la imagen en internet para encontrarla en diversos sites, como por ejemplo uno de un tal Walter Keating Jr que se dedica a entrenar atletas.
"He sido profesor en varios cursos de videojuegos, realizando vídeos, talleres, conferencias y respondiendo las dudas de los alumnos", afirma la web de Parellada. Ninguna mención a las más de 40 sociedades a las que aparece vinculado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORM). Entre ellas figura desde un salón de belleza (El Jardi del Benestar), hasta una inmobiliaria (Yemaye Inmobiliaria SL), además de otras sociedades dedicadas a las finanzas.
El último movimiento mercantil de Basic Devices SL aparece registrado en 2014, cuando se cambió su domicilio social a la Calle Carles de la Riba número 2, piso 3-C, en Vilafranca del Penedés. Como se puede comprobar a través de Google Maps, se trata de un edificio de viviendas en cuyo segundo y tercer piso cuelgan esteladas.
Contrato inicial de 60 millones
El 19 de marzo de 2020, el ICS contrató por la vía de emergencia a Basic Devices, SL, para el aprovisionamiento de material sanitario por importe inicial de 60.580.162,50 €. El contrato incluía la compra del siguiente material:
- 2.000.000 de mascarillas FFP2 por 7.139.000,00€ (3,57€/u)
- 2.000.000 de mascarillas quirúrgicas por 2.420.000,00 € (1,21 €/u)
- 2.000.000 de EPI por 48.400.000,00€ (24,2€/u)
- 50 respiradores pediátricos y adultos por 1.028.500,00€ (20.570 €/u)
- 50 equipos de Ventilación Mecánica no Invasiva de alta velocidad para adultos y niños por 1.592.662,50€ (31.853,25€/u).
Un día después, el ICS hace una transferencia bancaria de 35 millones de euros a la empresa de Roger Parellada como adelanto. Ese mismo día, personas responsables del Departamento de la Vicepresidencia, y de Economía y Hacienda, presentan denuncia ante los Mossos d'Esquadra por una tentativa de estafa de la que habría sido víctima la propia Generalitat.
El 23 de marzo, estas mismas personas se personaron de nuevo ante los Mossos d'Esquadra y declararon su voluntad de desistir con la denuncia, puesto que "personas responsables de la empresa contratista habían aportado suficiente información para rechazar los indicios de estafa".
A pesar de ello, el 5 de mayo de 2020, con el material todavía por llegar, el ICS modifica y disuelve parcialmente el contrato de emergencia asignado a Basic Devices SL, ya que, argumentan ante la Oficina Antifraude, "la necesidad que debía satisfacerse inicialmente se había visto revisada en momentos posteriores". De esta forma, el contrato se limitó a los 35 millones ya abonados a la sociedad de Parellada.
La oficina Antifraude denuncia que falta información sobre los contactos preliminares entre el Gobierno catalán y la compañía de Parellada. Además, no consta en el Registro Público de Contratos de la Generalitat de Cataluña ningún contrato adjudicado a la empresa Basic Devices SL con anterioridad al que ha sido objeto de investigación. "Se puede concluir, pues, que las consultas preliminares al encargo de emergencia realizado a Basic Devices SL no han sido ni esclarecedoras ni transparentes. Estas carencias informativas iniciales desactivaron cualquier mecanismo de prevención, detección y solución de conflictos de interés o lucha contra la corrupción", manifiesta la Oficina Antifraude.
¿Contratación ilegal?
Antifraude también investigó que en el momento de la contratación, esta empresa no se encontraba inscrita como tal en el sistema de la Seguridad Social. Esto podría suponer un incumplimiento del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Esta disposición reglamentaria de 2001 establece la obligación de que las empresas licitadoras estén inscritas en el sistema de la Seguridad Social. "Nos encontraríamos, por tanto, ante un contrato nulo", señala Antifraude.
Por otra parte, en el momento de recibir el encargo, Basic Devices SL no disponía de personas trabajadoras a su cargo. Este hecho hace que se puedan generar dudas sobre el alcance de la obligación recogida en el Reglamento de 2001, en el sentido de si debe ser cumplido por las empresas licitadoras en todo caso o, únicamente, por aquellas empresas que tengan trabajadores/as por cuenta ajena.
A esto hay que añadir que Antifraude ha detectado entre la documentación contenida en el expediente remitido por el ICS una incongruencia de fechas en relación con el momento en que se realizó la declaración responsable de la empresa contratista sobre su capacidad, solvencia y representación, que, de confirmarse, daría lugar otra prohibición legal para ser contratada.
Pago sin cobertura legal
Al margen de estas presuntas irregularidades, Antifraude ha descubierto que el abono anticipado de 35 millones, efectuado el 20 de marzo de 2020, se realizó sin amparo legal, puesto que el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del Covid-19 no habilitó a realizar pagos anticipados en el marco de la tramitación de emergencia hasta el 28 de marzo de 2020, o sea 8 días después.
"La orden de pago del importe se realizó sin que se acreditara ninguna garantía, aunque fuera básica o precaria, por parte de la empresa contratista; al menos, esta Oficina Antifraude no la conoce. La cantidad que se avanzó fue muy elevada, las referencias de la empresa destinataria de los 35 millones de euros eran débiles, todo ello en un entorno de mercado de máxima desconfianza y tensión", señala un comunicado de la Oficina.
La justificación del Govern
Vozpópuli ha contactado con la Consejería de Salud catalana para conocer su versión de los hechos e insisten en que "no hay ningún elemento delictivo, ningún elemento de corrupción". Argumentan que este expediente está fiscalizado también por la Sindicatura de Cuentas, que ha concluido que no hay ninguna irregularidad en el mismo.
"Todo el material llegó, se pudo distribuir y, lo más importante, pudo ser utilizado por todos los profesionales en un momento de máxima necesidad y escasez. Eran los días más duros de la pandemia... Se habla de un riesgo incontrolado. Ciertamente, todas las personas que estuvimos interviniendo en esta operación, el vicepresidente Pere Aragonés, el director del CatSalut, Adrià Comella, y yo mismo sabíamos que esta era una operación de mucho riesgo. Pero también es verdad que el riesgo de no hacerla es que no hubiera llegado todo ese material.· Nos pagan por tomar decisiones en momentos muy complicados", ha declarado al respecto el consejero de Salud Josep María Argimon.
