La investigación penal que sigue la Audiencia Nacional contra los nueve CDR detenidos por terrorismo demuestra que actuaron ayudados de muchas personas ligadas al independentismo catalán. El análisis de las conversaciones grabadas a los acusados, y a las que ha tenido acceso Vozpópuli, demuestran como uno de esos apoyos fue el de uno de los hijos del entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. Los investigados presumieron de que les ayudó a boicotear el Consejo de Ministros que celebró el Gobierno de Pedro Sánchez el 21 de diciembre de 2018 en Barcelona.
"Yo estoy recibiendo información precisamente del hijo de Gandalf (apodo con el que se referían a Quim Torra), que está haciendo un currazo", reza una de las conversaciones analizadas por la Guardia Civil. La misma se produjo a las 11.00 de la mañana de aquel viernes en el que el Ejecutivo de Sánchez se reunió en la Casa Llotja de Mar entre fuertes medidas de seguridad. En la misma participa uno de los integrantes de los Comités de Defensa de la República, Ferrán Jolis, con un tercero con el que conversaba sobre cómo dificultar la salida del edificio.
Al respecto, le explica que el hijo de Torra le está "pasando información de terreno antes que los de CECOR", en referencia al Centro de Coordinación Operativo del Ministerio del Interior. "Nosotros aquí estamos en Pla de Palau", le responde uno de los cabecillas de este grupo investigado en la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo. Ambos continúan planeando cómo "tapar las máximas salidas" para impedir la evacuación de Sánchez y sus ministros. "¿Y Gandalf os ha dicho algo o qué?", se interesó Jolis, a lo que su interlocutor respondió. "No sabe, yo sé todas las ordenes de los Mossos".
Esta es una de las muchas conversaciones que compartieron los militantes de la facción más radical de los CDR antes de ser detenidos en el marco de la Operación Judas. Los agentes interceptaron sus llamadas meses antes de su arresto en septiembre de 2019 ante la sospecha de que preparaban actos violentos con material explosivo que ellos mismos trabajaron en dos laboratorios clandestinos. Es por ello que los agentes, cerca de dos años después del arranque de esta causa y tras el análisis del último material incorporado, concluyen que se trata de una "organización criminal con actividad terrorista".
"Ya no vamos contra el Estado"
Con todo, y pese a presumir de los contactos con el hijo de Torra, en sus conversaciones privadas también manifestaron su descontento con el Govern catalán. “Hemos decidido cambiar de estrategia y ya no vamos contra el Estado sino contra los cagados de nuestro Gobierno”, rezan en otro diálogo. El giro del guion demostró la animadversión creciente dentro de este grupo integrante de los Equipos de Respuesta Táctica (ERT) a los que hasta entonces habían defendido.
Era el 9 de mayo de 2019 -siete meses después de que el presidente Quim Torra arengase a los CDR con su “apretad, hacéis bien en apretad”- cuando los miembros del chat arremetieron contra el Ejecutivo catalán: “El objetivo es intentar defender la república y obligar a los políticos a proclamarla” (…) “Que hemos decidido cambiar de estrategia y ya no vamos contra el Estado sino contra los cagados de nuestro gobierno que además nos acusan y nos quieren en prisión”, expusieron en las conversaciones que mantenían a través de un chat privado de la aplicación Signal.
Los investigados se comunicaban en un grupo bautizado con el nombre 'GaarRapata'. El contenido del mismo fue descubierto tras el trabajo de un equipo forense sobre un teléfono móvil marca Apple intervenido a uno de los detenidos. Precisamente el análisis de las conversaciones incautadas y el temor de que fueran a perpetrar alguna acción entre el aniversario del 1-O y la publicación de la sentencia del procés, aceleró el estallido de la operación Judas propiciando la detención de todos ellos. Las conversaciones ahora analizadas por la Guardia Civil así lo reflejan.
“Tengo una propuesta radical urgente para tirar hacia arriba”, afirmaba Alexis Codina, uno de los participantes en el chat en fecha del 21 de septiembre de 2019. Y añadía: “Nanos, tenemos que preparar bombas de gas”, “no explotan, liberan color”. “Tenemos que pasar a la defensa proactiva, golpe-contragolpe”, aseveraba el mismo miembro del chat. “Creo que hemos de ir más a saco”; “Yo hirviendo agua negra mientras”. Hasta que otra persona, Esther García, “haciendo gala de su papel de liderazgo” según la Guardia Civil, le instó a parar su actividad: “Chicos, frenad, que ha cambiado todo, parad máquinas”.
CDR y Tsunami Democràtic
Sin embargo, los objetivos que el grupo habría analizado para llevar a cabo sus acciones, siempre siguiendo las pesquisas de la Guardia Civil, poco o nada tenían que ver con el Govern catalán. Como ya contó este diario, los cabecillas de los CDR buscaron información sobre una decena de cargos públicos, desde el presidente del Partido Popular Pablo Casado hasta el exprimer ministro francés Manuel Valls, pasando por el exdirigente de Ciudadanos Manuel Villegas. También otros cargos públicos del PSOE y del PP con representación municipal o autonómica.
La Guardia Civil destaca la "considerable información" que los CDR investigados tenían sobre otros objetivos físicos como la Comandancia Naval, el Gobierno Militar, la Delegación del Gobierno, la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil o la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. También sobre el Parlament, que planeaban "ocuparlo" el Día D y "defenderlo posteriormente", a juicio de los agentes al frente de las pesquisas.
Asimismo, la Policía Judicial advierte de una supuesta conexión entre los miembros de los CDR y el movimiento Tsunami Democràtic, que convocó una batería de movilizaciones que pusieron en jaque el orden público en diferentes puntos de Cataluña. Los agentes consideran que manejaban "información privilegiada" sobre "las futuras acciones que llevaría a cabo la precitada plataforma", a tenor de una conversación intervenida entre Eduardo Garzón y David Budria. El nexo entre esta facción más radical de los CDR y Tsunami Democràtic llevó al magistrado que instruye la investigación, Manuel García Castellón, a abrir una pieza separada para investigar al movimiento también por terrorismo.