La patronal CEOE ha estallado contra el Gobierno por abrir la puerta del diálogo social estatal a la patronal de las pymes catalanas Pimec. La entidad presidida por Antonio Garamendi ha acusado al Ejecutivo de "querer romper el diálogo social" al "forzar la entrada a actores afines a sus intereses", según un comunicado emitido este miércoles. Además, su representante en Catalunya, Foment del Treball, ha calificado este movimiento de "filibustero" e "intervencionista" por aprobarlo sin la negociación previa. "Las acciones de este Gobierno inclinan a pensar que su intención es legislar contra los empresarios", ha afirmado CEOE.
El Consejo de Ministros de este pasado martes aprobó un real decreto -que recoge este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE)- en el que insta al Consejo Económico y Social (CES), uno de los máximos órganos consultivos constituidos por patronal y sindicatos, a reasignar a sus representantes y dar entrada a patronales de ámbito autonómico. Apuntando, de manera indirecta pero clara, a Pimec. Si bien fuentes empresariales consultadas no descartan un potencial 'café para todos'. Es decir, ampliar la representatividad no solo para dar entrada a Pimec, sino a patronales autonómicas de todas las comunidades, entre otros.
De esta manera, en pocos meses, la patronal Pimec -que en Catalunya ya consiguió en 2019 equipararse en cuanto a representatividad con Foment del Treball, la territorial de la CEOE- ha metido el pie en varios de los órganos consultivos del Estado. Todavía no interlocuta directamente para negociar reformas laborales o de pensiones, tal como ambiciona, pero se va acercando.
La queja de la patronal se exhibe en el párrafo final del comunicado. "Por ello, es todavía más incomprensible la actitud del Gobierno de querer romper el diálogo social al forzar la entrada en foros de diálogo a actores afines a sus intereses, como se ha vuelto a ver en el mismo Real Decreto-Ley de este martes, con los cambios en el reglamento del CES", concluye CEOE.
El Gobierno da tres meses al CES
El Gobierno da tres meses al Pleno del Consejo Económico y Social (CES), hasta el próximo 22 de agosto, para modificar su reglamento de funcionamiento interno a fin de incluir en su composición, dentro del grupo de los empresarios, "a las organizaciones empresariales que gocen de la condición de más representativas a nivel de comunidad autónoma".
Así se recoge en una de las disposiciones del Real Decreto-Ley que reforma el subsidio por desempleo publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Gobierno ha introducido en el decreto del subsidio una modificación de la Ley que regula el CES para que en el plazo de tres meses a contar desde este miércoles el organismo adapte su reglamento interno para que el Grupo Segundo -el empresarial- pueda incorporar también las organizaciones empresariales autonómicas más representativas.
Asimismo, de acuerdo con la disposición incluida en el decreto del subsidio, una vez que el CES modifique su reglamento, el Gobierno contará con tres meses para nombrar, mediante Real Decreto, a los miembros del CES "a partir de las propuestas de las organizaciones que acrediten el derecho a formar parte del mismo". El Ejecutivo dispone en el decreto del subsidio que los representantes del Grupo Segundo serán designados por las organizaciones empresariales "que tengan la condición de más representativas" y, en todo caso, "estarán representadas las organizaciones empresariales que gocen de la condición de más representativas a nivel de comunidad autónoma.
La entrada de organizaciones empresariales autonómicas en el Grupo Segundo reducirá previsiblemente el número de consejeros que actualmente tienen las patronales CEOE y Cepyme en el CES. La modificación del reglamento del CES no formó parte del acuerdo que firmaron los sindicatos con el Ministerio de Trabajo para la reforma del subsidio por desempleo, según afirmó ayer CCOO en un comunicado.
De hecho, la organización que dirige Unai Sordo criticó que se haya incluido esta medida en el Real Decreto-Ley de reforma del desempleo por "no ser el vehículo adecuado", y "máxime cuando el Ministerio de Trabajo ni tan siquiera ha abierto previamente un proceso de consulta y diálogo con los agentes sociales y la propia institución".
